El Congreso retomará este miércoles el proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que se implementó en mayo del año pasado vía real decreto y que, tal como ha reiterado Unidas Podemos en numerosas ocasiones, estaba "mal implementado" y "presentaba deficiencias" para su accesibilidad debido a la elevada burocracia y requisitos requeridos.

El proyecto legislativo encadenó desde junio de 2020 hasta junio del presente año sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas al articulado, hasta que los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y que ostentan la mayoría en la Mesa del Congreso, acodaron desbloquear su tramitación. Si bien, desde esa fecha hasta hace unos días, los grupos no se habían puesto de acuerdo en torno a las correcciones registradas por separado al texto.

En este sentido, las conversaciones para avanzar en esta dirección se han desencallado en el seno del Gobierno. Así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, presentaron este lunes una serie de mejoras acordadas por ambos ministerios para introducir en el proyecto legislativo, unas medidas que comenzarán a debatirse este miércoles en la ponencia de la Comisión de Trabajo del Congreso (reunión a puerta cerrada de los grupos) con la intención de que esta norma reciba el aval de las Cortes antes del final de año.

"Ahora podremos tener en cuenta los ingresos de los últimos meses para solicitar el IMV, y la novedad más relevante es que se utilizará la cantidad de ingresos más beneficiosa para la persona, bien la del año anterior, bien la de los últimos meses, de manera que si a una persona le ha ocurrido una situación sobrevenida y una caída de ingresos, no tiene que esperar al siguiente año para solicitar el IMV. Esto tiene por objetivo que no haya gente que se quede en tierra de nadie", destacó Belarra entre las enmiendas introducidas al texto y sobre las que se ha llegado a un acuerdo.

Asimismo, la prestación aumentará en un 22% para las familias con algún miembro con una discapacidad igual o superior al 65%, no se tendrán en cuenta como ingresos las prestaciones asociadas a la Dependencia, mientras que los jóvenes extutelados ya no tendrán que acreditar ningún año de vida independiente para poder solicitar el IMV y recibirán un acompañamiento específico para su integración laboral. 

Otra mejora habla de corregir el "agravio comparativo" para las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo, que percibían una prestación menor a unidades de convivencia con un número de miembros similar, además de reducirse de 12 a 6 meses el tiempo en que tiene que estar constituida una unidad de convivencia para acceder al IMV.

Además del ya anunciado complemento de hasta 100 euros por hijo a cargo (incluido en el proyecto de Presupuestos para 2022), Escrivá afirmó que "van a hacer un esfuerzo proactivo" para contactar en los próximos meses con aquellos hogares que, según los datos de su departamento, deberían haber solicitado el IMV (al cumplir con los requisitos establecidos hasta ahora) pero no lo han hecho.

Toda vez que el Congreso y el Senado apruebe el proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno espera que con las mejoras que previsiblemente saldrán adelante, esta prestación llegue al doble de personas, que actualmente alcanza unos 350.000 hogares.