La situación migratoria en Canarias empezó a dar signos de repunte en verano, pero ha cristalizado desde principios de octubre. Pese a los esfuerzos del Gobierno central por evitar escenas de colapso y hacinamiento en los muelles, como las vividas en 2020 en Arguineguín (Gran Canaria), el Gobierno insular se muestra crítico ante el "abandono", con especial insistencia en la situación de los menores no acompañados, que superan los 3.000.

Sobre la mesa, el único reparto de estos menores que se plantea por parte del Gobierno central y el resto de comunidades autónomas no llega a los 400, incluyendo también traslados desde Ceuta. Un cifra insuficiente, según el Gobierno de Canarias, que a principios de 2019 apenas tutelaba y acogía a 280 menores migrantes solos.

El número, explican fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, es siempre cambiante. Algunos llegan en edades cercanas a los 18 años y salen del sistema de protección de la infancia en poco tiempo. Otros son declarados adultos tras pruebas de determinación de la edad. Pero en cualquier caso, el número de menores migrantes en las islas se ha multiplicado por diez en los últimos cuatro años y el pasado septiembre, el Gobierno insular declaró la situación de emergencia social y de atención prioritaria para este colectivo de especial vulnerabilidad.

En este contexto se celebra este miércoles la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se reúne con las comunidades autónomas. De fondo está una repetida demanda de Canarias y otros territorios de primera línea como Melilla y Ceuta, que piden un sistema de reparto obligatorio entre comunidades y determinadas situaciones.

Tras la crisis diplomática con Marruecos en 2021, en la que más de 10.000 personas pudieron cruzar a nado la frontera de El Tarajal de Ceuta, en gran parte menores no acompañados, el Ministerio de Derechos Sociales puso sobre la mesa la necesidad de realizar traslados a otros comunidades en situaciones de emergencia. Con dificultades y enorme reticencias se acordó en julio de 2022 un modelo de "solidaridad y corresponsabilidad" voluntaria.

Peligra el acuerdo tras cambios de Gobierno

El año pasado se pactó la reubicación de 400 menores (340 desde Canarias y 60 desde Ceuta). Desde 2021 hasta el momento, según el Ministerio dirigido en funciones por Ione Belarra, se ha llevado a cabo el traslado de 348 menores desde Canarias, aunque estaban previstos 539. Para este año la cifra de reubicaciones planteada por Derechos Sociales es de 374 (342 desde Canarias y 32 desde Ceuta). Varias fuentes consultadas creen que puede haber acuerdo, aunque los cambios de gobierno en varias autonomías y, sobre todo, la entrada de Vox en algunos de ellos, podría hacer que la ya reducida cifra se reduzca todavía más. El Gobierno de las islas considera este reparto del todo insuficiente, más aún a la vista del repunte migratorio.

Canarias ha recibido en diez días más de 4.500 personas migrantes llegadas sobre todo en cayucos a la isla de El Hierro, que actualmente acoge con dificultades a más de 290 menores migrantes. Son cifras con pocos precedentes salvo el de la llamada crisis de los cayucosel , cuando desembarcaron más de 31.000 personas en 2006, el año que marcó el récord histórico. En lo que va de 2023 son ya alrededor de 20.000 las personas que han llegado irregularmente a las islas, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior; más que en todo 2022 (unas 15.000) y se prevé que el año cierre con cifras superiores a las de 2020, el segundo con más llegadas a Canarias (más de 23.000).

Con toda seguridad, la cifra de menores no acompañados que recalan en Canarias seguirá aumentando en una comunidad que no ha dejado de improvisar y habilitar centros de acogida de emergencia para menores migrantes desde 2020 mediante licitaciones con ONG, entre las que ha habido algún presunto caso de malversación con los fondos destinados a la acogida de menores en cinco centros.

Financiación extra del Gobierno

Por el momento, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos más ambiciosos, el Ministerio de Derechos Sociales ha ido aprobando diferentes partidas presupuestarias para que Canarias, Melilla y Ceuta puedan ampliar sus recursos de acogida. En 2020, ante el drástico aumento de llegadas, se otorgaron a Canarias diez millones de euros para la atención a la infancia migrante.

En 2021 se incluyó por primera vez una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado de 27 millones de euros, de los que Canarias recibió 3,6. La partida aumentó hasta 35 millones en 2022 y se mantiene para 2023. El primer pago de 15 millones se dedicó en exclusiva a las principales regiones acogedoras. Canarias recibió seis millones mientras que Ceuta y Melilla ingresaron 4,5 millones cada una. Posteriormente, en diciembre, se otorgaron 1,2 millones más a las islas.

Los menores que migran solos, sin padres ni referentes familiares, son uno de los perfiles más vulnerables del ya complejo contexto que representan las migraciones por vía irregular hacia España. La responsabilidad en la acogida, guarda y tutela depende en exclusiva de las comunidades autónomas a las que llegan. A diferencia de los migrantes mayores de edad, no pueden ser trasladados a otros puntos del país de forma ágil debido a la burocracia que implican los cambios de tutela entre comunidades autónomas. Esto unido a una falta de recursos humanos y técnicos en las diferentes comunidades (Canarias incluida) está provocando que ni siquiera se haya producido la totalidad de los pocos traslados que ya estaban acordados en 2022.