La Consejería de Presidencia del Gobierno asturiano guarda en un cajón desde hace más de un año el inventario “completo y actualizado” de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, cuya existencia fue desvelada días atrás por diario Público. Fuentes del departamento aseguran que el listado fue remitido “en su momento” al Parlamento regional, que fue quien lo pidió formalmente en otoño de 2018, pero en la cámara autonómica no hay rastro del expediente, según pudo confirmar este periódico.

Tampoco los grupos parlamentarios de Podemos e IU, los más activos en la causa de las inmatriculaciones, han recibido catálogo alguno de los bienes inscritos por la Iglesia católica, pese a que la Consejería de Presidencia señaló como destinatario a un grupo en particular. “Lo remitimos en su momento al Parlamento regional, concretamente al grupo Podemos, que fue quien lo había solicitado”, indicó la fuente consultada.

El parlamentario de Podemos Rafael Palacios negó categóricamente que se le hubiera entregado ningún listado y se mostró contrariado por las acusaciones de Presidencia. “No tiene un pase. Deben estar tratando de reírse de nosotros”, lamentó. “Si lo mandaron al Parlamento regional hace un año, ¿cómo salió la consejera de Cultura a la cámara autonómica hace dos meses sin el listado? Cuando yo hice la pregunta parlamentaria [sobre la inmatriculación de los bienes del arte prerrománico] y salió en los medios, ¿cómo es que nadie dijo nada? ¿Cómo lo dicen ahora? ¿No se enteró ni su grupo parlamentario?”. El inventario fue solicitado oficialmente por la Comisión de Peticiones en febrero del pasado año. La solicitud se hizo por unanimidad de los siete grupos parlamentarios representados en la cámara legislativa.

Desde la Consejería de Presidencia reconocen, en cambio, que la relación de inmatriculaciones fue remitida a la consejera de Cultura, Berta Piñán, después de que Público desvelara la semana pasada que el Colegio de Registradores lo había enviado a su departamento hace más de un año y permanecía olvidado en algún cajón. A la pregunta de por qué no se le entregó a la consejera de Cultura el expediente con anterioridad, la fuente contestó: “Pues porque lo tenía el Principado en otro departamento. Sencillamente”.

La polémica por el listado de inmatriculaciones se embrolla cada día más. La relación de bienes de la Iglesia fue solicitada por primera vez en 2018 por el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias (GIA), un colectivo ciudadano integrado en la coordinadora estatal Recuperando. En junio de ese año, logró que la Comisión de Peticiones del Parlamento asturiano asumiera su causa y pidiera formalmente al Colegio de Registradores el inventario de inscripciones eclesiásticas. En agosto, recibieron un listado con tan solo 26 bienes y sin apenas información útil, calificado por el GIA como “burla”. Y en octubre de ese mismo año, se volvió a formular una nueva solicitud exigiendo a los registradores una relación de bienes inmatriculados “veraz y rigurosa”.

Un año y medio después, en marzo pasado, la consejera de Cultura compareció ante el Parlamento a requerimiento de Podemos para que informase sobre la presunta inmatriculación de los monumentos del arte prerrománico. Y Berta Piñán se subió a la tribuna con el antiguo listado y asegurando que “no había evidencias de la inmatriculación” por la Iglesia de ninguna de las joyas arquitectónicas reconocidas como Monumento Nacional y Patrimonio Mundial por la Unesco. El estupor se ha desatado dos meses después cuando Público informó de que el listado “completo y actualizado” descansaba en algún cajón de la Consejería de Presidencia desde febrero de 2019.

La Consejería de Cultura guarda silencio mientras tanto y ha rehusado hasta el momento dar su versión sobre los hechos. Para el Grupo de Inmatriculaciones, el estrambótico paradero del listado evidencia la “descoordinación del Gobierno” y su “nula voluntad” de abordar el “escándalo” de las inscripciones de la Iglesia. El parlamentario de Podemos entiende, por su parte, que el episodio revela el “descontrol” administrativo que existe entre departamentos del Ejecutivo. Y en esa línea también se ha pronunciado la diputada de IU Ángela Vallina. “Me parece impresentable. Se está ocultando información que para nosotros es clave, porque se está robando el patrimonio de todos los asturianos y asturianas. Un Gobierno no puede ocultar estas cosas, máxime si se supone progresista y de izquierdas. Tienen que dar explicaciones. Es un hecho bastante grave”.

IU también ha presentado una pregunta parlamentaria de carácter urgente dirigida a la consejera de Presidencia. En el texto, Vallina demanda a la titular del departamento que explique la razón por la que “ocultó a los grupos parlamentarios” la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica, que incluye previsiblemente la totalidad de los monumentos del prerrománico asturiano. La iniciativa parlamentaria de IU se suma a la batería de preguntas que formuló Podemos un día antes, esta vez a la responsable de Cultura.

La revelación de que existía un listado “completo y actualizado” oculto en la Consejería de Presidencia ha desatado una polvareda política en el Parlamento asturiano, pero también fuera de él. El Grupo de Inmatriculaciones acaba de elevar a través de la ventana de acceso a información pública dos reclamaciones dirigidas a Cultura y a Transparencia exigiendo una explicación por la “ocultación” del inventario de bienes inscritos por la Iglesia. Mientras tanto, el grupo municipal Somos del Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una moción para instar al Gobierno local a que exija a la Iglesia la devolución de los dos monumentos del prerrománico que existen en su demarcación: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.

Al menos, tres de los monumentos del arte prerrománico han sido inmatriculados por la Iglesia católica, tal como reveló Público semanas atrás. Los templos de San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena y San Julián de los Prados, todos ellos Monumentos Nacionales y reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco, fueron inscritos a nombre del obispo con su única autocertificación, en virtud del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, derogado ya desde 2015 tras la denuncia de Recuperando por su presunta inconstitucionalidad.