El Gobierno abre la puerta a intervenir en Doñana y aplicar un '155 ambiental'

El Gobierno podría intervenir en Doñana para revertir el declive ecológico de la reserva natural. Si la Junta de Andalucía aprueba finalmente la ley con la que se pretende ampliar miles de hectáreas de regadío que secarían el ecosistema, el Ministerio para la Transición Ecológica podría, aplicando la Ley de Parques Nacionales, declarar el estado de emergencia ambiental y asumir la gestión directa del entorno.

Preguntadas por esta opción, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) reconocen a Público que, en caso de que la norma salga adelante, el Gobierno "adoptará todas las medidas compatibles con la Constitución y el Derecho Europeo para defender el Parque Nacional de Doñana". No obstante, el camino de la intervención es sólo uno de los muchos ases que el Ejecutivo se guarda, en tanto que el primer paso que se plantean desde el gabinete de Teresa Ribera es recurrir al Tribunal Constitucional para anular la ley nada más sea aprobada, según ha adelantado eldiario.es.

"En caso de una catástrofe medioambiental, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [en este caso de Transición Ecológica], por propia iniciativa, previa consulta a la comunidad o comunidades autónomas en las que se encuentre comprendido el parque nacional o a petición de las autoridades competentes podrá declarar el estado de emergencia en dicho parque nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios", reza el artículo 13 de la Ley de Parques.

Una vez declarado el estado de emergencia ambiental, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, vinculado al MITECO, se encargaría de dirigir los planes de recuperación oportunos. Se trata de una medida excepcional amparada por el artículo 149 de la Constitución.

Juanjo Carmona, abogado especializado en derecho ambiental que asesora al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), remarca que esta actuación se debe llevar a cabo después de que la Junta de Andalucía dé luz verde a la ley que amnistiará a miles de regantes ilegales. "Hay herramientas suficientes", dispone el jurista, que señala, además de la mencionada Ley de Parques Nacionales, a la Ley de Doñana y la Ley de Patrimonio, las cuales otorgarían al Estado la capacidad de mediar para salvaguardar el entorno del humedal. 

Sin embargo, para el jurista, existen otras opciones previas a la intervención que pasan por la propia debilidad de la legislación que prepara San Telmo. "Estamos partiendo de la base de que para aprobar la nueva ley de regadío, la Junta necesita un informe favorable del Ministerio de Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y ese informe no existe. Solamente con que falte eso, la norma debería caer nada más ser aprobada".

La jurisprudencia, además, va en contra de la decisión de Moreno Bonilla. En 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya dictó una sentencia en relación al Plan de la Fresa actual que –que es la norma que pretende modificar ahora el PP para incrementar las hectáreas de regadío– debe respetar los usos del agua y calificarlos de secano para impedir nuevos regadíos. En 2016, el mismo organismo judicial emitió otra sentencia que recalcaba la necesidad de que las Confederaciones Hidrográficas emitan un informe favorable previo a la aprobación de nuevos cambios legislativos en la ordenación del territorio que afecte a los usos del agua. Ese informe no existe, por lo que la norma podría quedar ser invalidada por los tribunales.

La vía europea

La vía europea es otra opción que permanece abierta. Izquierda Unida ha pedido este miércoles a Bruselas que intervenga y adopte medidas cautelares para frenar el proyecto del presidente andaluz, Juanma Moreno. La formación ha reclamado a la Comisión Europea que paralice la "amnistía de extracción ilegal de agua".

Europa, no en vano, ya ha intervenido. Hace un mes, Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente, envió una carta de advertencia a Europa ante la inminente aprobación de la ley de regadío por parte del Partido Popular andaluz y Vox. 

España ya ha recibido una sentencia desfavorable por la desprotección de Doñana, al considerar que al actual Plan de Ordenación del Territorio (el Plan de la Fresa) era insuficiente para proteger el entorno natural. Tras esa condena, se instó al Estado y a las autoridades competentes –en este caso, el Gobierno autonómico– a cumplir con el auto y establecer medidas que reviertan el declive ecológico de Doñana. Al conocer el proyecto del Ejecutivo andaluz, Europa entiende que no sólo se está incumpliendo sus sentencias, sino que se está yendo en una dirección opuesta. Es por ello que, si la ampliación del regadío se aprueba, Bruselas podría dar un paso más e imponer una sanción económica considerable, como ya ha ocurrido con la mala gestión de las aguas residuales de Matalascañas. 

Un humedal cada vez más seco

La declaración de emergencia ambiental está amparada por el mal estado de las masas de agua del humedal y por los propios informes científicos de la Estación Biológica de Doñana adscrita al CSIC. Este mismo lunes los expertos de este centro publicaban en la prestigiosa revista Science of The Total Environment un artículo que informaba de la desaparición del 59% de las lagunas del ecosistema húmedo.

"Estos cambios, están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas", dicen los científicos del CSIC. Y es que, las hectáreas de regadío no han dejado de aumentar. En la última década los cultivos de riego han incrementado un 30%, pasando de 2.162 hectáreas en 2004 a 3.543 hectáreas en 2014.

Este proceso está generando tensiones en la biodiversidad del entorno. Las aves que lo habitan son, quizá, el indicador que mejor revela la crisis que padece Doñana. Sus procesos de cría están en recesión y algunas de las especies voladoras están abocadas a desaparecer. Según los datos publicados en febrero por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), de las 22 especies reproductoras que viven en este parque natural, sólo dos han registrado una tendencia poblacional positiva entre los años 2004-2022.