Dos parejas españolas han solicitado por la vía contencioso-administrativa en España la suspensión cautelar de la instrucción del Ministerio de Justicia español que les impide inscribir como españoles a los bebés concebidos por gestación subrogada en Ucrania.

“Es el único cartucho que nos queda para evitar que más y más familias queden atrapadas en el extranjero", dijo José Hidalgo, jurista experto en gestación subrogada y uno de los portavoces de la Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (Apingu).

"Queremos impedir que el efecto bola de nieve afecte a los bebés que están en camino”, añadió.

La demanda contra la Administración General del Estado ha sido presentada un mes después de que se produjeran las primeras denegaciones en el consulado español de Kiev a raíz de una instrucción emitida el pasado febrero.

Dicha instrucción insta a suspender las inscripciones e insiste en que la gestación subrogada, también denominada por sustitución, está prohibida en España. La práctica supone que una mujer gestante cede la maternidad y paternidad a terceros.

El recurso fue presentado el pasado lunes tras el silencio de las autoridades ante las peticiones de filiación de unas 50 familias afectadas en Ucrania y Georgia, explicaron desde la plataforma.

“El Gobierno español ha abandonado a las parejas infértiles que han optado por la gestación subrogada para poder formar una familia,” alegó Hidalgo. Las familias afectadas exigen que se otorgue la inscripción inmediata y que se regule el sistema de filiación con mayores garantías para los menores.

El consulado de España en Kiev declaró que “continúa aplicando, como es su obligación, lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, lo establecido en la ley de técnicas de reproducción humana asistida y en las instrucciones de la Dirección General de Registros y del Notariado”.

Desde la plataforma se considera que se está atentando contra los derechos de los bebés e ignorando el interés superior de los menores. “Los niños nunca pueden ser sancionados por lo que hagan sus padres, ni por algo que es legal en Ucrania pero poco ético en España”, declaró el jurista.

El bebé Ares acaba de cumplir dos meses. En la partida de nacimiento ucraniana Emilio e Ilanit figuran como sus padres, dos españoles que llevan años ahorrando para poder hacer realidad su sueño de formar una familia.

Tras recibir la negativa para inscribir a Ares como español, la pareja ha tenido que iniciar los trámites para que el bebé obtenga el pasaporte ucraniano y puedan viajar a España.

La denominada “vía ucraniana” implica el registro a través de la administración local y un posterior juicio en España para solicitar la "adopción intrafamiliar", es decir el reconocimiento de su vínculo con la madre española.

Las familias sostienen que, al no existir antecedentes, la inscripción de los bebés está resultando costosa y complicada. “Se nos ha vendido que la vía ucraniana es fácil y cuestión de unas semanas. Al contrario, nos estamos encontrando con trabas inesperadas y requisitos imposibles de cumplir”, se quejó Ilanit.

“En la administración local se muestran muy sorprendidos, no saben qué hacer con nuestra petición y nos hablan de que el procedimiento puede demorarse hasta seis meses”, lamentó.

Respecto a las madres gestantes, cuyos derechos la instrucción considera gravemente vulnerados, el jurista y portavoz de Apingu insistió en que “la gestante renuncia por contrato a la filiación materna, pero puede recurrir en España si así lo desea. El derecho de inscripción corresponde al menor, no a los progenitores”.

“Se nos demoniza, pero la realidad es que nuestra relación con la madre gestante es estupenda. Esta semana mismo vino a visitarnos y a darnos su apoyo para que podamos disfrutar de Ares en España. Para ella y para la ley ucraniana, yo soy su madre”, declaró Ilanit.

Emilio regresará en unas semanas a su puesto de trabajo sin saber si lo hará con el bebé en brazos. “Me parte el alma sólo pensarlo,” lamentó.