El Partido Popular ha dado un paso atrás y no considera ahora prioritario aclarar los tipos de delitos contra la libertad sexual contenidos en el Código Penal. La necesidad de esta reforma fue la chispa que encendió las grandes movilizaciones sociales tras conocerse la sentencia de La Manda. El lema "no es abuso, es violación" reflejaba la ira de gran parte de la sociedad, que ponía en cuestión la interpretación judicial de lo contenido en el Código Penal y provocó que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy pusiera en marcha una comisión de expertos para que elaboraran un informe sobre esta posible reforma.

También en diciembre pasado el partido ya liderado por Pablo Casado, anunciaba a bombo y platillo la presentación de una proposición de ley en el Congreso para modificar el Código Penal con el fin de clarificar este tipo de delitos. En esa propuesta, los populares se decantaban por dos modificaciones que endurecerían las penas en los supuestos de delitos cometidos por dos o más personas, en donde los jueces vieran prevalimiento (como en el caso de la Manada), y en los supuestos en que se utilizara la sumisión química para anular la voluntad de la víctima. Con esa modificación, estos delitos pasarían de ser considerados abusos, como ocurre en la actualidad, a ser considerados agresiones (violación), lo que supondría un endurecimiento de las penas.

La entonces portavoz adjunta del PP, María Jesús Bonilla afirmó que su grupo había "esperado un tiempo prudencial" antes de registrar esta proposición "por si el Gobierno [ya en manos del PSOE] actuaba en esta materia", y que su partido llevaba trabajando en ella "desde antes del caso de La Manada". El objetivo, afirmó Bonilla, era "dotar de instrumentos más eficaces" a jueces y tribunales.

Sin embargo, el programa electoral con el que el PP acude a estos comicios no contempla esta propuesta de cambio en ninguno de sus puntos. No se trata de que los populares no hayan incluido cambios en el Código Penal, sino que de los seis que proponen, sólo uno tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres pero para pedir "extender los supuestos de prisión permanente revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada".

Este diario consultó al Partido Popular para averiguar si había desistido de reformar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal, pero la respuesta fue recordar la proposición de ley presentada en el Congreso el pasado diciembre y que consultáramos su programa electoral para los comicios del 28 de abril.

Seis reformas, ninguna para delitos sexuales

Las seis reformas del Código Penal contenidos en su programa y que la formación promete realizar si gobierna en la próxima legislatura, tienen que ver con: volver a "tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal"; "abolir la práctica de las esterilizaciones involuntaria de las personas con discapacidad"; "recoger las nuevas formas del delito, principalmente en lo referente a los que hoy se realizan en el ciberespacio"; perseguir "los actos de homenaje y exaltación de los terroristas"; y el destinado a extender la prisión permanente revisable a algunos "casos de asesinato" en el que cuncurran algún supuesto de violencia de género "acreditada". Pero ninguna mención a los delitos sexuales.

Tampoco en campaña los líderes populares hablan de la reforma del Código Penal en este sentido. En el último debate a cuatro celebrado en Antena3 este pasado martes, Pablo Casado volvió a insistir en que una de las medidas clave para acabar con la violencia de género era la aplicación de la prisión permanente revisable, pero no dijo ni una palabra sobre modificar los tipos penales en los delitos sexuales, de los que sí hablaron Pedro Sánchez y Pablo Casado, que presentaron sus propuestas de reforma. Ciudadanos, por su parte, tampoco contempla en su programa la reforma del Código Penal para estos supuestos, sino la puesta en marcha de una ley para prevenir, asistir y proteger a las mujeres frente a la violencia sexual.

El partido popular tampoco contempla en ningún sentido modificar el Código Penal para aclarar lo que se entiende por consentimiento en el capítulo de delitos contra la libertad sexual. De hecho, el candidato popular a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, desechó esta idea con una sorprendente y controvertida intervención durante el segundo debate televisivo de los cuatro candidatos, afirmando que el consentimiento "figura en el Código Penal desde 1822".

Sin embargo, tal como recuerdan algunos expertos, "es perverso" aludir al considerado como el primer código penal español, "porque entonces no existía el concepto de delitos contra la libertad sexual (que aparece en el ordenamiento jurídico a finales de los 80 del siglo pasado) y porque el de 1822 era "una herramienta jurídica para mantener el patriarcado". "Lo que se contemplaba en ese código era que había que salvaguardar el honor masculino que lo ponían muchas veces en peligro las mujeres en función de determinados usos que hacían de su cuerpo", afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Octavio Salazar. 

"No es verdad que en 1822 estuviera regulado el consentimiento en lo que hoy llamaríamos los delitos sexuales, porque ese concepto de delito no existía", abunda Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. "Las mujeres no eran ni siquiera ciudadanas, eran personas sometidas a tutela de un varón que podía se su padre o su marido. Pretender evocar el código de 1822 doscientos años más tarde carece de sentido como es obvio aunque uno no haya estudiado leyes", concluye Cancio.

No es abuso, es violación

El actual Código Penal diferencia dos tipos de delitos en el ámbito de las libertades sexuales. Un delito de abusos, que se aplica cuando los jueces entienden que no ha habido ni violencia ni intimidación en la acción de los agresores. El otro es el de agresión sexual y se aplica cuando está presente la violencia o la intimidación. En el caso de La Manada, aunque la sentencia relata una violación, los jueces determinaron que no se había podido determinar que el hecho de que cinco hombres acorralaran a una joven de 18 años en un reducido espacio y la penetraran múltiples veces por todos lados, constituyera una agresión. 

La comisión de Comisión General de Codificación Penal, perteneciente al Ministerio de Justicia, elaboró un informe a petición del Gobierno. En él recomiendan realizar algunas modificaciones para que se clarifique la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Entre las medidas que esta comisión entregó al ejecutivo, figura la propuesta de que cualquier "comportamiento sexual" hacia una mujer sin su consentimiento sea considerado un delito de agresión sexual y estar penado con prisión. Los expertos propusieron también eliminar el supuesto de abuso sexual e incrementar las penas.

El Gobierno presidido por el partido Socialista recogió estas propuestas y las incorporó en un real decreto, que no pudo se aprobado debido al adelanto electoral. Estas medidas han sido introducidas en el programa electoral del PSOE y de Unidas Podemos, así como la necesidad de modificar la redacción de lo que se entiende por consentimiento, que proponen que cualquier cosa que no sea un sí expreso, tiene que entenderse como un no.