Franco gastó en Meirás más de 3,5 millones de euros en obras pagadas con fondos públicos

Francisco Franco desvió más de 3,5 millones de euros de dinero del Estado para sufragar obras en su residencia veraniega de Meirás. El inmueble, ubicado en el municipio coruñés de Sada, se adquirió con dinero expoliado a los ayuntamientos e instituciones públicas y a vecinos y trabajadores de la provincia, a quienes el franquismo coaccionó para que donaran dinero en una falsa cuestación popular ideada para regalarle el palacete y varias hectáreas de fincas, algunas de ellas robadas a campesinos de la zona.

Así lo desvelan Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo en Meirás. Un paz. Un caudillo. Un espolio, el libro que desvela cómo urdió Franco la trama para hacerse con el palacete que fuera propiedad de la aristócrata e intelectual Emilia Pardo Bazán, y cómo fue tejiendo alrededor de él, y en colaboración con las élites políticas, económicas y mediáticas de A Coruña, una eficaz red corrupta destinada a enriquecerse y a engordar su patrimonio y el de su familia.

Durante toda la dictadura, entre 1944 y 1975 y a través de su Casa Civil, Franco ordenó ejecutar con cargo al erario público numerosos trabajos de mejora y mantenimiento en su residencia veraniega, que desde su muerte disfrutan sus herederos pese a las reiteradas reclamaciones para que la devuelvan.

Camufladas bajo el presupuesto de los servicios de seguridad del Jefe del Estado, le permitieron acometer numerosas obras de mejora y mantenimiento de lo que figuraba como una propiedad privada a su nombre. Desde la construcción y cuidado de una pista de tenis hasta las ampliaciones del inmueble y la instalación de nuevas estancias, la sustitución y reparación de suelos, ventanas y cocinas, las revisiones y arreglos del tendido eléctrico, la construcción de depósitos y canalizaciones de agua, el traslado e instalación de enseres, antigüedades y obras de arte...

Según la documentación que los investigadores presentan en el libro, desde el año 1944 se ejecutaron trabajos en el Pazo de Meirás por valor de más de 220 millones de pesetas. Aplicando a cada gasto y anualidad la corrección del Índice de Precios al Consumo (IPC) mediante el instrumento de actualización de rentas del Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cantidad se convertiría hoy en más de 573 millones, es decir alrededor de 3,5 millones de euros.

A esa cifra habría que añadir las 415.000 pesetas en los que se escrituró la compra del Pazo y las más de 700.000 que se gastaron en su reforma inicial antes de entregársela Franco, que representarían hoy unos 380.000 euros y que se costearon con los presupuestos de varias administraciones públicas y con el dinero que recaudó bajo amenazas la Junta Pro Pazo, fundada por las élites coruñesas para gestionar el expolio. Además, se trata de una estimación a la baja porque las obras documentadas que los investigadores han podido contrastar entre 1944 y 1975 son muchas menos de las que realmente se hicieron. Y la cifra se elevaría también considerablemente si se le pudiera aplicar la corrección del IPC al período anterior a 1954, para el que el INE no dispone de actualizaciones.

El dictador llego a cargar al presupuesto del Ministerio del Ejército la sustitución de un urinario y la renovación del tejado de un gallinero

Lo cierto es que Franco empezó a gastar dinero público en Meirás en plena guerra, siguió haciéndolo en los años inmediatamente posteriores con toda España padeciendo la hambruna de posguerra, y mantuvo el hábito durante todo su mandato. De hecho, algunos de los trabajos más onerosos los realizó en sus últimos años de vida, cuando se cargó al presupuesto del Ministerio del Ejército hasta la sustitución del urinario del aseo de su dormitorio o la renovación del tejado del gallinero de la granja aneja al pazo, que explotaba una empresa de su propiedad.

Uno de los primeros gastos para una obra de cariz claramente privado y cuyo coste no ha podido ser documentado, aunque sí que provenía del dinero recaudado por la Junta Pro Pazo y de otras cuestaciones de carácter militar que el franquismo puso en marcha para financiar los gastos de la guerra, fue la construcción de O paciño, una casa de juegos para uso y disfrute de Carmen Franco Polo. La hija del tirano, que contaba entonces once años de edad, tiene hoy 91 y sigue siendo la propietaria del inmueble robado que heredó, y que ella y sus descendientes siguen utilizando y gestionando a través de la Fundación Nacional Francisco Franco.

A partir de 1944, el dictador, su familia y su círculo más próximo fueron ordenando otras obras destinadas al mantenimiento y mejora del Pazo, que cuenta con una superficie habitable de más de 2.000 metros cuadrados y varias construcciones aledañas. Muchas de ellas se camuflaron dentro de los presupuestos anuales para la construcción de un acuartelamiento que alojaba a la guardia particular del jefe del Estado, aunque poco tenían que ver con eso. Precisamente, ese acuartelamiento fue construido en terrenos expoliados a un vecino de la zona, que se adquirieron con dinero público pero que se inscribieron a nombre de Franco. Sus herederos vendieron esas parcelas años después de su muerte, en un jugoso negocio dado el incremento de valor que experimentaron cuando el entonces alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, del Partido Popular, facilitó una recalificación urbanística para que se pudiera construir en ellos.

Pero la familia Franco no sólo derivaba dinero público para el mantenimiento de su residencia estival, a veces disfrazándolo de regalo –el Ayuntamiento de Ferrol, la ciudad natal del general, pagaba anualmente y hasta 1975 el Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente-. También empleaba en ella a funcionarios públicos. Eran los jardineros del Ayuntamiento de A Coruña los que cuidaban bosques y jardines –a la muerte de Franco el Pazo contaba con el doble de su superficie inicial gracias al expolio y a las expropiaciones forzosas pagadas con dinero del Estado-.

Los Franco llegaron a crear la figura de los guardias civiles hortelanos, dedicados a gestionar la explotación agropecuaria del pazo

Los proyectos de reforma y nueva planta los diseñaban, presupuestaban y ejecutaban los arquitectos e ingenieros del Ejército con cargo a la Comandancia de Obras de A Coruña, que dirigían directamente sus propuestas al secretario personal de Franco, Ricardo Catoira Garaboa. También era el personal de la Diputación el que adecentaba las carreteras que estaban a nombre de esa institución, pero que se registraron a nombre de Franco en una de las ampliaciones del Pazo y que siguen perteneciendo hoy a la familia, y eran operarios de esa institución los que extrajeron y trasladaron toneladas de arena de la cercana playa de Mera, sin coste alguno para el beneficiario, que pudo alfombrar así la senda de entrada al palacete al modo en que gustaba a su mujer, Carmen Polo.

Incluso se creó la figura de los guardias civiles hortelanos, los números de la Guardia Civil dedicados a gestionar la explotación agropecuaria del pazo, con la que los Franco se lucraron mediante la empresa Pazo de Meirás. Productos de la Huerta. Esa sociedad se nutría además de semillas, ganado y materiales enviados por el Ministerio de Agricultura y por otras empresas públicas.

También eran los guardias civiles los que cobraban a los campesinos de Meirás la renta por las tierras que Franco les arrendaba después de apropiárselas mediante expropiaciones forzosas a otros vecinos de la zona. Se trataba den un procedimiento habitual para extender sus posesiones en el que utilizaba todos los recursos del Estado necesarios para satisfacer sus intereses pecuniarios privados.

Así, tal y como explican Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, la Casa Civil del dictador compró con dinero público a una vecina una casa y alrededor de 4.600 metros cuadrados de terreno que necesitaba para permutar parte de la finca con la de otro vecino que tenía una casa que lindaba con el límite sur del Pazo de Meirás, y con la que Franco se había encaprichado hacía tiempo. La Casa Civil puso 1.714 metros cuadrados de esa finca a nombre del vecino, y casi 2.900 a nombre del tirano, quien se los arrendó a una familia campesina. Mes a mes, los guardias civiles hortelanos se encargaban de cobrar la renta en mano.