El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes que su país ha decidido retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC, por sus siglas en inglés), que protege las inversiones en ciertas infraestructuras energéticas.

"Francia ha decidido retirarse del Tratado de la Carta de la Energía", ha declarado durante una rueda de prensa tras la cumbre de líderes de los Veintisiete celebrada este jueves y viernes en Bruselas.

La decisión se produce después de que varios Estados miembros de la Unión Europea, como España, Países Bajos o Luxemburgo, hayan solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que varias organizaciones ecologistas.

Macron ha indicado que se trata de un paso "coherente" con las posiciones francesas, incluido el Acuerdo de París de 2015 sobre el clima, y ha añadido que el tratado "conducía a mecanismos un poco especulativos e indemnizaciones importantes de ciertos actores".

"Para nosotros es importante (abandonar el tratado) porque es coherente con los Acuerdos de París y nuestra estrategia climática europea y porque en el momento que vivimos debemos acelerar y concentrar nuestras inversiones en ir más rápido hacia las renovables, en ir más rápido hacia la eficacia energética, en ir más rápido hacia la (energía) nuclear", expuso.

Este convenio permite a las empresas del sector energético denunciar y reclamar indemnizaciones a los Gobiernos que legislen en contra de sus intereses económicos o que amenacen la rentabilidad de sus infraestructuras.

Ya el pasado junio, Teresa Ribera pidió que Europa se replanteara la situación e iniciara los trámites de una salida conjunta. "Ha llegado el momento de solicitar a los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la retirada del Tratado", aseguró la responsable de Transición Ecológica.

El proceso, no en vano, puede ser largo y lleno de trabas jurídicas. Además, prevalece la llamada "cláusula de supervivencia" que permite que los Estados puedan seguir siendo objeto de demandas durante los próximos 20 años a haber ejecutado su marcha. De esta forma, si un país decidiera desligarse podría recibir demandas por parte de inversores extranjeros hasta 2042.