Plan de Depuradoras de AragónEl faraónico Plan de Depuradoras de Aragón, que ha disparado el precio del agua, acaba en Anticorrupción

El faraónico Plan de Depuración de aguas residuales de Aragón, que desde su lanzamiento en 2001 ha levantado polémicas por sus elevados costes, su inusual modelo de gestión y sus efectos alcistas en el recibo del agua, acabará en la Fiscalía Anticorrupción: Podemos presentará este martes una denuncia para tratar de esclarecer si alguien ha delinquido en sus casi dos décadas de tramitación, en las que su presupuesto se ha disparado de los 644 millones iniciales a los 3.209 (hasta 2045) que estimó la Cámara de Cuentas en un demoledor informe, lo que ha conllevado la aplicación de un nuevo tributo (el ICA, Impuesto de Contaminación de las Aguas) que dispara el precio en casi 150 euros al año para una familia media. 

Podemos, cuya denuncia se limita a describir hechos sin calificarlos jurídicamente, aportará a Anticorrupción documentos sobre los que durante año y medio ha trabajado la comisión de investigación sobre el asunto creada en las Cortes autonómicas, que cerró sus trabajos con un dictamen que ‘bendijo’ la gestión del plan, junto con otra documentación sobre el tema.

Su intención, en un planteamiento similar al que tuvo el Gobierno PP-Par de Luisa Fernanda Rudi con la gestión de la plataforma logística Plaza, que ha acabado con quince acusados confesando delitos de corrupción que incluyen el desvío de 60 millones de euros mientras el destino de otros 87 queda pendiente de un peritaje y con tres en espera de sentencia, es que la gestión del plan sea investigada en la vía penal para deslindar la posible existencia de responsabilidades penales.

Tres planes superpuestos

El plan, que en realidad son tres que se han ido superponiendo, acumula la construcción de 214 estaciones (siguen pendientes 287), la mayoría de ellas explotadas mediante un sistema de concesión de obra pública por periodos de veinte años, aunque algunos de esos contratos han sido rescindidos con un coste millonario para la comunidad autónoma.

La red de depuración, cuyos costes de construcción y de gestión duplican a los de esas mismas estaciones construidas desde la iniciativa pública, incluía la instalación de plantas en pueblos deshabitados y la aplicación de ese mismo modelo privatizado a las estaciones del Pirineo, para las que el Gobierno central facilitó una financiación específica de en torno a 150 millones que fueron destinados a otros fines por “decisión política”, según indicó el exconsejero de Medio Ambiente e impulsor del plan, Alfredo Boné.

La denuncia de Podemos sigue la línea de sus votos particulares al dictamen de la comisión que el bloque PP-PSOE-Par, en algunos puntos con el apoyo de C’s y Cha, rechazó en el pleno de las Cortes, uno de los cuales alude a la existencia de “dudas” en cuanto a la “limpieza” de los procesos de contratación de “las grandes concesiones”, en los que resultaron adjudicatarias empresas “implicadas en su conjunto en los principales escándalos de corrupción de los últimos años, desde Gürtel hasta Plaza, desde el canal de Isabel II hasta el 3% catalán”.

Los morados sostienen que la agrupación de los trabajos en lotes con “un elevado número” de depuradoras a construir y financiar “ha traído consigo que las empresas concesionarias han venido a ser las grandes constructoras españolas, impidiendo el acceso a empresas pequeñas o medianas”.

Las sospechas de Podemos

Según el voto particular, a la reducción de la competencia por ese motivo se le añadían otras “conductas sospechosas” como la creación de alianzas empresariales instrumentales y algunos indicios de lo que, aparentemente, podrían ser pactos entre las compañías.

En este sentido, el documento anota que “en algunas licitaciones simultáneas, la ganadora de un lote queda muy atrás en los demás, lo que puede ser indicio de un reparto de las concesiones entre empresas” y llama la atención sobre la “presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados”, al tiempo que apunta que “también puede ser indicio de reparto las renuncias a adjudicaciones de algunas empresas cuando han resultado ganadoras de más de un lote”.

Las conclusiones de Podemos aluden también a la “ineficacia” de los controles por parte del Gobierno de Aragón tanto en la etapa PSOE-Par como en la del PP-Par, al sobredimensionamiento de las depuradoras, a anomalías en la tramitación de algunos contratos, a un presunto “despilfarro en proyectos y estudios”, a rescisiones “onerosas” de algunas contratas.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) rechazó financiar la primear fase del plan al detectar que carecía de la necesaria Evaluación Ambiental Estratégica, lo que dio lugar a la creación del ICA, finalmente avalado por el Constitucional y que ha generado en Zaragoza una inédita oleada de insumisión fiscal en la que una de cada tres familias rechaza pagarlo.