Familias de Madrid se encierran para exigir el fin de las obras en las escuelas públicas

Padres, madres y alumnos del colegio público Yvonne Blake, en Fuenlabrada, protagonizaron el viernes pasado el primer encierro para exigir a la Comunidad de Madrid que terminen las obras de ampliación de su centro. A falta de un edificio con sus correspondientes aulas para que los niños puedan empezar el ciclo de Primaria, las autoridades competentes proponen a las familias meter a sus criaturas en barracones. Algo a lo que estas se niegan rotundamente.

La escuela Yvonne Blake se construyó bajo la promesa de que ofrecería clase entre primero de Infantil y sexto de Primaria, pero se inauguró con tan solo seis aulas, para los niños de tres, cuatro y cinco años. Según se fueran necesitando los espacios, es decir, a medida que los pequeños crecieran, se terminaría el resto.

Pero las obras nunca se llevaron a cabo. Ahora, las familias se ven obligadas a dirimir entre meter a sus niños en módulos prefabricados, sin acondicionar, o matricularles en otros centros. 

"La situación es preocupante porque las aulas no llegan y eso limita la educación de nuestros hijos. Lo peor es ver que a la Comunidad de Madrid no le importan nuestros niños ni sus derechos", lamenta Gema, madre del AMPA del Yvonne Blake. Con iniciativas como esta, las AMPAs aspiran a que el Ejecutivo autonómico ponga fin a esta situación antes de que empiecen las clases de cara al curso que viene. 

Lejos de tratarse de algo eventual, esta coyuntura afecta a cientos de familias. De hecho, la Comunidad mantiene colegios públicos sin terminar desde hace casi una década. Ya no se trata de acabar con las temperaturas achicharrantes de los patios de cemento o aclimatar las clases; los padres, madres y profesores piden lo mínimo. 

Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos también lo han denunciado públicamente y aseguran que seguirán apoyando las movilizaciones que se lleven a cabo. De hecho, se prevé organizar futuros encierros y concentraciones en coordinación con otros centros. Para muchos, la inacción por parte del Gobierno regional sólo es una muestra más de la apuesta deliberada del Partido Popular por la educación concertada-privada.