Familiares de las residencias piden una reunión a Pedro Sánchez y exigen que se garantice la dignidad de los mayores
Marea de Residencias, mediante carta certificada, ha solicitado una audiencia presencial al presidente del Gobierno para exigir acciones inmediatas que velen por los derechos humanos en los geriátricos del país y se investigue lo ocurrido durante la pandemia.
María Martínez Collado
Madrid--Actualizado a
El movimiento ciudadano Marea de Residencias se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una carta certificada, para solicitarle una reunión personal y exigir acciones inmediatas que garanticen la dignidad de los mayores que viven en las residencias de todo el país.
La organización emitió el pasado 5 de enero el escrito, al que ha tenido acceso Público, donde alerta a Sánchez de que pese a que las personas institucionalizadas en los geriátricos "siguen siendo ciudadanas de pleno derecho, en teoría, en la práctica sus derechos se vulneran sistemáticamente".
Lamentablemente, aseguran los miembros de Marea de Residencias, esta situación ocurría antes de la covid, pero continuó durante la pandemia y permanece aún ahora. El derecho a la intimidad, a la vida privada, a la familia, son algunos de los cuales son "privados" los mayores y a los que la organización hace referencia.
Una tesitura que llegó al extremo durante la primera ola de la pandemia: "Se vulneraron derechos inimaginables en una sociedad avanzada, como el derecho a la salud, a la no discriminación, a una muerte digna y a una despedida", apunta la carta dirigida a Sánchez.
Sin embargo, "han transcurrido casi cuatro años ya y todas las instituciones miran hacia otro lado, como si lo que ocurrió en las residencias no tuviera importancia o hubiera que ocultarlo". "¿Acaso la muerte de tantas miles de personas no merece una investigación y una reparación? ¿Es que no hemos comprobado de sobra que
el modelo de cuidados está obsoleto?", se pregunta Marea de Residencias con indignación.
La organización pone el foco en lo acaecido en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin medicalizar las residencias, firmó y envió protocolos por escrito que excluían de la atención en hospitales a las personas que vivían en los centros de mayores, por razón de su grado de discapacidad.
"Es por ello que impulsamos cientos de querellas señalando a los responsables. Sin embargo, al igual que la ONG Amnistía Internacional, consideramos que ni Gobierno central, ni Gobierno autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni Fiscalía General del Estado, ni Defensor del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial, han movido un dedo para modificar esta situación", critica Marea de Residencias.
Por ello, y para evitar otra tragedia, "es por lo que exigimos acciones
inmediatas en las residencias españolas. Y se lo demandamos a usted como máximo representante de las y los ciudadanos", termina la carta.
Durante los tres años de pandemia, un total de 34.571 mayores fallecieron en residencias. Hasta 20.000 de estas muertes se registraron solo en el 2020. Desde entonces, las familias han interpuesto cientos de querellas, pero no se ha resuelto ni una condena.
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