Violencia sexualEspaña lleva 30 años sin políticas públicas ni planes de acción contra la violencia sexual, denuncia Amnistía

A lo largo de los últimos 30 años, nuestro país no ha desarrollado ninguna política pública ni plan de acción a nivel estatal para atajar la violencia sexual que sufren las mujeres. Esta falta de acción "ha desencadenado un vacío de medidas reales y eficaces", ignorando el mandato de los tratados internacionales firmados por nuestro país, como el Convenio de Estambul, que exige a los países firmantes que pongan en marcha medidas para prevenir, cuantificar y reparar el daño de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Las consecuencias de este vacío supene que las víctimas y supervivientes de violencia sexual "se encuentran ante un escenario de desprotección" y de falta de garantía de sus derechos. Así lo denuncia este jueves una investigación de Amnistía Internacional, que bajo el título Ya es hora de que me creas resalta la inacción de las autoridades sobre una de las violencias más extendidas contra las mujeres.

No es un problema menor. Tal como resalta Amnistía, entre enero y junio de 2018, se denunciaron 788 violaciones y otros delitos contra la libertad sexual (más de 4 denuncias al día). Un 28,5% más de denuncias que en el mismo periodo de

2017. Se ha pasado de 5.083 en 2017 a 5.731 en el mismo periodo en 2018. Ya en 2014 la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés) estimaba que una de cada dos mujeres en España habían experimentado alguna forma de acoso sexual a partir de los 15 años de edad. La agencia europea confirmaba también que "más del 90% de las víctimas y supervivientes son mujeres, mientras que el 97% de los agresores siguen siendo hombres”. Sin embargo, a día de hoy "apenas hay estudios, datos oficiales o medidas concretas por parte del Estado español para conocer la verdadera dimensión de esta realidad", afirma Amnistía.

Para la organización de derechos humanos, esta falta de garantía de derechos queda claramente simbolizada por la "deficiencia de recogida de datos sobre la prevalencia y la magnitud de la violencia sexual, la escasez de servicios de atención integral a víctimas de violencia sexual, la falta de especialización profesional, sensibilización y capacitación de sectores como sanidad, justicia, policía o medicina forense, o la inexistencia de protocolos sectoriales de actuación frente a la violencia sexual, entre otro". Sin datos y sin conocer el alcance real de la violencia sexual, no es posible planificar políticas públicas para su prevención.

Tal es el grado de inacción, denuncia el informe, que en los últimos 30 años ningún Gobierno ha desarrollado campañas estatales de sensibilización "dirigidas a identificar la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, o encaminadas a desmontar los mitos, estereotipos y prejuicios que acompañan a la violencia sexual". Tampoco se han llevado a cabo campañas de sensibilización que puedan ayudar a las víctimas, los familiares o la sociedad en su conjunto.

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A nivel estatal, afirma Amnistía, las campañas de sensibilización se han centrado en las últimas décadas de forma exclusiva en la prevención y detección de la violencia de género en el entorno de la pareja o expareja, tal como la define la ley Integral contra la violencia de género de 2004. 

De un total de 12 campañas de nivel estatal, únicamente en 2017 se elaboró una (“Contra la Trata de Mujeres. No inviertas en sufrimiento”) centrada en sensibilizar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. "La ausencia de la violencia sexual en las campañas de sensibilización no sólo refuerza la percepción social que minimiza la existencia generalizada de la violencia sexual, sino que expone a las víctimas y supervivientes a una situación de desprotección al no sentirse identificadas como víctimas de violencia de género, y a no saber cómo actuar cuando han sido violadas, acosadas en sus lugares de trabajo o agredidas sexualmente desde la infancia", afirma Amnistía.

Durante esta investigación, prácticamente todos los testimonios proporcionados tanto por las mujeres víctimas y supervivientes como por sus familiares han coincidido en afirmar "haber sido revictimizadas por un sistema y unas instituciones que no las han atendido ni protegido de manera adecuada", explican. Igualmente, la mayoría de las y los profesionales con quienes se ha entrevistado la organización han reconocido graves fallos en el sistema a la hora de garantizar los derechos de las mujeres que sufren o han sufrido violencia sexual.

El informe resalta que las escasas campañas de sensibilización sobre violencia sexual han sido elaboradas a nivel autonómico, a nivel local o por organizaciones feministas.

La lotería de las Comundades Autónomas

La falta de normativa, protocolos de actuaciones sectoriales y políticas públicas a de alcance estatal, provocan que la atención a estas víctimas haya quedado supeditada a las decisiones de cada comunidad autónoma, que tienen las competencias transferidas. Esto provoca grandes desigualdades en la atención y la prevención de estas violencias y una gran disparidad en su asistencia integral a lo largo y ancho de España. En muchas ocasiones, "la mayor calidad o profesionalidad de la asistencia va a depender de dónde resida la víctima o del tamaño de la localidad", desvela el estudio.

Amnistía Internacional considera que el Estado español "está incumpliendo su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios de apoyo a víctimas y supervivientes de violencia sexual, como demuestra la inexistencia en todo el territorio estatal de centros de crisis". Por un lado, son escasas las comunidades autónomas que disponen de un centro de atención especializada en violencia sexual, que suele estar situado además en la capital de provincia. Por otro lado, la organización considera "muy grave que en las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las víctimas y supervivientes no puedan dirigirse a ningún servicio de referencia especializado en violencia sexual que las asista integralmente en su proceso de reparación".

La organización insta al Gobierno central a que, en función de sus competencias, "desarrolle un marco mínimo de servicios que estén garantizados en todo el territorio español y que asegure una coordinación con las distintas comunidades autónomas para garantizar un sistema de atención y asistencia integral especializado desde un enfoque de derechos humanos y de género, para que todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual y sus familiares, independientemente de su lugar de residencia –gran ciudad, pequeña localidad o entorno rural–, puedan disponer de asistencia integral especializada".

A lo largo de esta investigación Amnistía Internacional ha podido constatar que las políticas del Estado español dejan especialmente desprotegidas frente a la violencia sexual a grupos de mujeres migrantes, trabajadoras del servicio doméstico, mujeres discapacitadas o mujeres que puedan ser objeto de trata, que encaran de manera cotidiana distintas formas de discriminación directa e indirecta, comprometiendo sus derechos de asistencia, justicia y reparación integral ante situaciones de violencia sexual.

Falta de formación y trato inadecuado

El informe revela varios testimonios de mujeres que ejemplifican la desprotección que viven cuando son víctimas de violencia sexual y la falta de información y los tratos discriminatorios que sufren por parte de personal público que debería velar por su bienestar. 

Amnistía afirma que a la falta de políticas públicas que aborden de manera integral la violencia sexual en diferentes ámbitos –como el policial, el educativo, el asistencial y el laboral–, a la falta de datos y al déficit de asistencia especializada, se une en muchas ocasiones la falta de un trato adecuado y profesionalizado por parte de los equipos implicados, y la ausencia de un sistema judicial especializado que aborde y tenga en consideración las características específicas de estos delitos desde un enfoque de género y derechos humanos. Es decir, contemplando el impacto diferencial que estos delitos tienen sobre las mujeres y niñas por el hecho de serlo.

La ausencia de formación de los y las profesionales, tanto inicial como continua, que aborde la existencia de estereotipos a la hora de entrar en contacto con las víctimas y sus familias –en la prevención y la atención directa a las víctimas como durante el procedimiento judicial–, redunda y ahonda en la revictimización de las mujeres ante el sistema que debería protegerlas.

La organización afirma que estas reclamaciones no son nuevas. Ya en 2009 Amnistía denunció la falta de diligencia debida del Estado ante la violanción de derechos humanos por violencia sexual. También en 2015 denunció ante el comité contra la discriminación de las mujeres de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés), que las políticas públicas y los planes de acción seguían sin alcanzar a las víctimas de violencia sexual.

En el informe, Amnistía enumera una serie de medidas urgentes que debería adoptar el Estado para acabar con la invisibilidad, el cuestionamiento y la desprotección de las víctimas de violencia sexual. Entre ellas: recopilar datos que permitan dimensionar el problema y que permitan la creación de políticas públicas coordinadas con las Comunidades autónomas; crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del Estado español; reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas. También pide que se facilite la asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas y que se impulse la reparación de las víctimas, no solo económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tal como exigen los tratados internacionales.