El debate sobre el estado de la nación ha dejado anuncios importantes por parte del Gobierno, como la creación de un impuesto a la banca, el impulso de una beca complementaria para estudiantes o la inversión para la digitalización de las escuelas. El eje central de las discusiones en la Cámara, no obstante, ha girado en torno a los problemas energéticos del país y su derivada inflación de precios. El Ejecutivo, en ese sentido, ha avanzado algunas medidas que van desde la creación de un impuesto a las grandes eléctricas del país –que no han parado de engordar sus márgenes de beneficios– o el polémico abono gratuito para los viajes en Cercanías. Las derechas, frente a ello, han concentrado sus esfuerzos en una concreta: el refuerzo de las centrales nucleares.

La ultraderecha de Vox pedía este martes la construcción de nuevos reactores mientras negaba la coyuntura de crisis climática y el PP, por su parte, reclama en su hoja de propuestas un incentivo a la energía nuclear que permita alargar la vida útil de las siete plantas que producen electricidad en España y postergar el calendario de desmantelamiento. Además, el partido conservador reclama una reducción de impuestos para esta tecnología y la construcción de un almacén central en el municipio de Villar de Cañas para tratar los residuos radiactivos.

No es la primera vez que las derechas ponen sus ojos en las tecnologías nucleares. Vox lo hace con un discurso negacionista y el PP desde un planteamiento retardista que vincula esta fuente de energía a la lucha contra la crisis climática. Las tecnologías nucleares no son grandes emisoras de CO2, pero eso no impide que la ciencia las vea con recelo como aliadas para la transición energética, en buena medida por los riesgos ambientales vinculados a la radiactividad. 

El tercer informe del sexto ciclo de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado mes de abril, dedicaba un apartado a la energía nuclear. En sus líneas, la publicación aseguraba que "la generación nuclear a gran escala en varios países no está asociada con una reducción significativa de las emisiones" y, aunque defendía que a pequeña escala podrí ser una tecnología de apoyo para la transición, recalcaba los riesgos ecológicos y ambientales de este tipo de centrales. "La posibilidad de que haya grandes accidentes nucleares existe y los impactos pueden alargarse años", esgrimía el informe, reconociendo, eso sí, que en los últimos años se ha mejorado la seguridad en la mayoría de plantas que operan en el mundo. 

La rentabilidad económica de este sector también queda en entredicho en esta publicación, que recoge el consenso científico sobre mitigación de la crisis climática. Si bien, los expertos no planteaban objeciones radicales a las nucleares, destacaban en el capítulo que los precios de la energía nuclear han incrementado notablemente en los últimos años mientras que energías renovables, eólicas y fotovoltaicas, han reducido "radicalmente" sus precios. Los autores también mencionan los problemas relacionados con los tiempos de construcción, que pueden alargarse entre 13 y 15 años y suelen llevar asociados sobrecostes. De hecho "casi el 90% de las plantas que se encuentran en construcción están a cargo de empresas estatales o controladas por Estados, con los Gobiernos asumiendo una parte significativa de los riesgos y costes".

No obstante, las obras de reacondicionamiento para alargar la vida útil suelen ser "significativamente" más baratas que construir nuevas instalaciones y pueden llegar a competir con algunas tecnologías bajas en carbono, según reconoce la publicación.

El informe del IPCC no es el único que ha sido publicado este año y que custiona la idoneidad de apostar por las nucleares. En el marco de las discusiones políticas sobre la inclusión de los reactores (y del gas) dentro de la taxonomía verde, los asesores científicos de la Comisión Europea emitieron un informe en el que afirmaban que estas instalaciones "no aseguran una contribución sustancial" para alcanzar la neutralidad climática. Además, la publicación alertaba sobre la imposibilidad de eliminar los "riesgos sobre el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular o la protección y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas".

La generación con energía nuclear, por otro lado, no implica una mayor independencia energética respecto a Rusia, como las derechas han planteado en el Congreso. El 53% uranio, imprescindible para que los reactores hagan su trabajo, viene de Moscú, según los datos de Statista. El Foro Nuclear, el lobby del sector en España, sitúa el porcentaje en un 38%. En España no hay extracción de este mineral desde el año 2000, cuando las minas de Saelices el Chico clausuraron. Desde entonces se han activado algunas operaciones mineras, como la mina de Retortillo, en Salamanca, pero el propio Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe en 2021 que abocó el proyecto al fracaso al considerar que las reservas presentaban "escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres".