Este miércoles entra en vigor la ley que tiene como objetivo ayudar a las personas huérfanas víctimas de violencia machista. La norma amplía las ayudas a los menores cuya madre haya sido asesinada por su pareja o expareja y permite que esas ayudas se mantengan aunque el niño sea adoptado después si la familia cumple determinados requisitos.

Esta iniciativa, aprobada sin ningún voto en contra -a pesar de abstenciones de Vox-, propone que los huérfanos puedan optar al reparto de bienes matrimoniales en representación de la progenitora asesinada. 

Además, el texto recoge que puedan acceder a estas ayudas los menores cuyas madres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas, independientemente de si se trata del padre del menor en cuestión o no. 

Entre estas ayudas se encuentran la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas o que también puedan optar a dichas ayudas los menores que sean adoptados tras el crimen -dado que, hasta ahora, la adopción suponía que muchos niños perdieran la pensión-. 

La nueva norma, que debe ser aprobada todavía por el Senado, estima que estos casos pasen a ser competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Otra de las diferencias respecto a la ley anterior es que, a partir de ahora, se introduciría la presunción de abandono en caso de que el padre desaparezca. 

El BOE señala que el Gobierno, en el plazo de tres meses, impulsará una campaña de difusión activa de la existencia de este derecho, dirigida a la sociedad en general y a los organismos y departamentos que trabajan en el ámbito social y la violencia de género en particular.