El bloqueo en el que está inmerso el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) -donde la empresa pública Enresa, encargada de la gestión de residuos radiactivos, ya ha invertido más de 77 millones de euros-, está poniendo en duda su viabilidad. Mientras las centrales nucleares planean ya albergar sus residuos en sus propios almacenes, los sectores antinucleares cuestionan no sólo su polémico emplazamiento, sino si realmente tiene sentido su construcción.

El proyecto lleva varios años retrasado y no tiene aún una declaración de impacto ambiental. Pero el jaque ha llegado esta semana por parte un juez: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha avalado la decisión de la Junta –opuesta al cementerio nuclear- de anular el Plan de Ordenación Municipal que el Ayuntamiento de Villar de Cañas aprobó en 2014 para autorizar su construcción. Primero, porque la instalación no cumple con los 2.000 metros de seguridad que debe haber entre el cementerio nuclear y los núcleos de población más cercanos; y segundo porque no existen recursos de agua suficientes, señala la sentencia. Está pendiente, además, que este mismo tribunal se pronuncie sobre la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de declarar esa zona como de especial protección para las aves, lo que podría impedir definitivamente su construcción.

“Sin el plan urbanístico el proyecto no puede seguir adelante”, dice María Andrés, portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca. “Creo que el proyecto está muerto, se dilataría demasiado en el tiempo”, asegura por su parte Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear.

El presidente de Castilla La-Mancha ha pedido a Mariano Rajoy que renuncie: “Sólo puede significar un derroche de tiempo y miles de millones para las arcas públicas de todos los españoles”, dijo en rueda de prensa. Algo que, pese a todas las complicaciones, no parece una opción.

El almacén de Villar de Cañas se ha convertido en una instalación clave para prolongar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, una polémica medida para la que sólo el Partido Popular se ha mostrado favorable. Aunque el Gobierno -que ha vuelto a reiterar su compromiso con el proyecto- ha justificado siempre la necesidad del ATC por el ahorro que supondría en el transporte de los residuos nucleares a Francia, en realidad la propia Enresa reconoce en su página web que “actualmente en España no se realizan transportes de residuos de alta actividad y nuclear gastado”. Esos residuos permanecen por ahora en las piscinas o en los almacenes temporales individualizados (ATI) con los que cuentan las propias centrales y que resultarían en principio suficientes para la vida útil para la que fueron pensadas.

Pero lo cierto es que la nueva sentencia deja pocas opciones al Gobierno. Una de las vías era recurrir la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha ante el Supremo, una posibilidad ya descartada por el propio consistorio manchego. Las otras son, o bien rehacer el Plan de Ordenación Urbana del proyecto para ajustarlo a los requerimientos legales, o bien que el Gobierno declare el almacén nuclear como un proyecto de interés general, pero ambas medidas supondrían un retraso considerable y no garantizado para su puesta en marcha.

“Si el Gobierno lo declara de interés general recurriríamos ante la Unión Europea” -anuncia Castejón- “porque hay que demostrar que no existen alternativas y este proyecto sí las tiene”.