El reloj marcaba las tres de la madrugada –de este domingo– cuando le prendieron fuego al local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife en el municipio de San Isidro (Granadilla de Abona). El bajo no solo se utilizaba como punto de encuentro para los activistas, sino que también servía como almacén de libros, ropa, comida y juguetes para las familias más vulnerables. "Solo tenemos unos enemigos confesos", señalan desde la plataforma. El ataque todavía está siendo investigado, pero la gente del sindicato recuerda que, horas antes del incendio, varios miembros de una empresa de desokupación pasaron por delante del local para insultar y amenazar a las personas que permanecían en su interior.

"Este nivel de atentado nos ha pillado bastante por sorpresa, pero estamos seguros de que nos va a hacer más fuertes. Es un incendio provocado, seguramente por un grupo fascista que actúa como pistolero de la patronal. Tenemos sospechas y vamos a saber quién está detrás, pero todavía no podemos dar nombres", señala Brani, miembro del Sindicato de Inquilinas de Tenerife. La plataforma ha recogido durante las últimas horas "todas las pruebas posibles" para denunciar los hechos. La Guardia Civil ha confirmado en una conversación con este diario que sigue investigando los hechos.

Roberto Christian Pérez es una de las caras visibles de la empresa de desokupación Ez Property Solutions en el archipiélago canario. "Eres un payaso. Inútil. Esta mierda que tenéis pintada aquí [en la puerta del local calcinado] necesita pintura. Yo se la voy a dar". El ultraderechista difundió un vídeo durante la tarde del sábado desde la sede del Sindicato de Inquilinas con una larga ristra de insultos y amenazas contra los militantes. "Esta empresa no tiene CIF –código de identificación fiscal– ni podemos denunciarla, porque resulta imposible identificarla en términos legales", explican fuentes del colectivo. 

La cruzada de las empresas de desokupación contra los movimientos sociales ha ganado peso en los últimos meses. Hace un par de semanas, 20 policías acordonaron el centro de València tras un altercado entre Desokupa y distintos activistas de la localidad. La empresa ultra y su líder, Daniel Esteve, se presentaron en la antigua escuela de San Nicolás con el objetivo de expulsar a los miembros del movimiento okupa que permanecían en el edificio. Los jóvenes protestaban contra la turistificación de Ciutat Vella y la conversión de la escuela en un hotel. 

El boom de las empresas de desokupación coincide con el auge de la extrema derecha y la intensificación del problema habitacional. Podemos ha anunciado este lunes que volverá a registrar una proposición de ley en el Congreso para perseguir a este tipo de compañías. "Los escuadristas fascistas quieren sembrar el miedo entre la población y lanzar el mensaje de que cualquier persona que luche en defensa de los derechos de todas y todos está en su punto de mira. Los demócratas somos más y vamos a seguir organizándonos para denunciar a los especuladores que financian a estos fascistas", ha reivindicado Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de la formación morada.

Insultos, amenazas y acoso por doquier

Este no es el primer ataque que sufren los miembros del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, pero sí el "más grave" de los últimos meses. Los activistas reconocen su preocupación y denuncian que "las empresas de desokupación están proliferando por todas las islas", especialmente en las ciudades más gentrificadas. "Estos grupos tienen un carácter general de coacción, intimidación y amenazas, aunque no todas sobrepasan de la misma manera los límites legales. No entendemos su impunidad ni el odio que esparcen en las redes. Es realmente preocupante", sostienen desde la plataforma. 

El Sindicat de Barri de Carolines (Alacant) no ha tenido que lidiar –al menos, de momento– con ataques de esta magnitud, pero su buzón recibe con frecuencia quejas y denuncias de las familias afectadas. "Las empresas de desokupación actúan directamente en las viviendas, increpando y amenazando a los inquilinos para que abandonen sus casas. El factor común es el deseo de los propietarios de vaciar los inmuebles por la via extrajudicial. Las familias reciben insultos y amenazas, tienen que convivir con el acoso de desconocidos que aporrean de manera violenta sus puertas", detallan fuentes del colectivo. 

El Sindicato de Inquilinos de Madrid presentó una querella hace poco más de un mes contra la empresa de desokupación DIO Express. El grupo ultra ofrece garantías de desalojo en 48 horas con métodos como las agresiones físicas, los cortes de luz y los intentos de allanamiento, según la denuncia del propio sindicato. DIO Express presume en su página web de haber realizado más de 5.000 desahucios de manera extrajudicial, todos ellos sin la intervención de los agentes. 

El 'boom' y la impunidad de los desokupas

"Las empresas de desokupación son cada vez más violentas y agresivas, porque sus trabajadores hacen todo lo que quieren y no tienen ninguna responsabilidad: ni civil, ni jurídica. Los cuerpos policiales los encubren y hasta facilitan su trabajo [el de los grupos ultra]. Esto es un problema porque legitima su modus operandi. La violencia va a ir a más", señala Pili Puyi, miembro del Sindicato de Inquilinas de Tenerife. La plataforma recuerda que cada vez que organizan una acción para protestar contra un desahucio o un corte de suministros, tienen que lidiar con la reacción de la Guardia Civil y la Policía. 

Las empresas de desokupación se han multiplicado en los últimos años, de hecho, Desokupa es solo la punta del iceberg. "La vivienda se ha convertido en un negocio y estas son las consecuencias [el auge de los grupos de desokupas]. Los rentistas quieren cobrar unos alquileres que las clases trabajadoras no podemos asumir. Los procesos judiciales son largos y la solución rápida para ellos es contratar a estos matones", sugieren fuentes sindicales. Estas compañías han agitado el tablero político y no ocultan su proximidad con Vox, que valida sus mecanismos de actuación. Los discursos de odio y la "connivencia" de los cuerpos policiales son cruciales para perpetuar la implantación de las empresas de desokupas.