"Chile se ha tomado en serio la responsabilidad que tiene consigo mismo, con nuestro país, con nuestra naturaleza, con nuestros niños, y con los que vendrán después con ellos". El presidente chileno, Sebastián Piñera, presentaba así en abril la COP25, la mayor cumbre mundial sobre la crisis climática, que este año se realizará en Santiago del 2 al 13 de diciembre.

El certamen llevará al país sudamericano jefes de Estado y ministros de 196 países. En total, se estima que unas 30.000 personas lleguen a la capital donde se revalidarán los acuerdos y compromisos medioambientales tanto de los países como de los sectores privados y el mundo científico. Discusiones que, según lo planteado, girarán en torno a siete grandes temas: océanos, Antártica, electromovilidad y energías renovables, economía circular, ecosistemas, bosques, y biodiversidad.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente han impulsado una gira nacional de la titular de la cartera, Carolina Schmidt, para dar a conocer el macroevento y empezar a generar consciencia en la ciudadanía sobre la relevancia de este tema. Sin embargo, a sólo seis meses de la cumbre, el país suramericano tiene varios pendientes en materia medioambiental que ponen en cuestión el comprometido discurso que sostiene el gobierno.

Acabar con las termoeléctricas a carbón

Según el índice Climate Action Tracker (CAT), que elaboran tres centros internacionales de investigación y que monitorea a 32 países, los compromisos de Chile adquiridos en el marco del Acuerdo de París (2016) califican como “altamente insuficientes” ya que no alcanzan para lograr la reducción del calentamiento global en los términos aprobados. El consultor internacional sobre cambio climático Tomas Hirsch explica que la propuesta chilena lleva a un aumento de la temperatura de casi 4ºC, no 1.5ºC, como se plantea en el acuerdo suscrito en Francia. Según él, “eso representará un crecimiento de las emisiones de Chile en el año 2030 de entre un 96 y un 150% comparado con el año 1990”.

A principios de mes, el Sebastián Piñera anunció el cierre de ocho centrales a carbón –un 19% del total– en un plazo de cinco años, como parte de un plan de descarbonización para llegar al retiro total de este tipo de termoeléctricas en 2040. El Acuerdo de París, pero, establece el año 2030 como máximo para alcanzar una reducción del 50% de las emisiones a nivel global.

Para las organizaciones ambientales la medida del Ejecutivo queda corta considerando la cantidad de gases contaminantes que se emiten y el fuerte impacto que tienen en las llamadas zonas de sacrificio, en referencia a los lugares que concentran mayor cantidad de industrias contaminantes y que afectan a las comunidades más pobres o vulnerables.

El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, apuesta por afrontar la descarbonización “al corto plazo” y que el país sea más ambicioso para no llegar a la COP “con una cifra récord”, considerando que el 40% de la electricidad que se produce en el país depende hoy de las plantas de carbón. “Chile tiene una de las radiaciones solares más importantes del planeta, energía eólica, energía geotérmica procedente de nuestras montañas y, en el futuro, también energía de las olas que llegará por la costa”, propone como alternativa al escenario actual.

El sector privado, socio clave para el gobierno –también para esta cumbre–, teme la proliferación de discursos “dicotómicos” y que “sostienen que la única manera de enfrentar la crisis climática es sacrificando crecimiento y desarrollo”. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, afirmó hace unas semanas a la prensa chilena que “desarrollo y sustentabilidad se potencian” y que “para reducir emisiones, aumentar su absorción y la resiliencia de nuestra economía se requiere la evolución tecnológica que el desarrollo permite”. Por eso, los empresarios dejar claro a la ministra su posición en este debate y decidieron tomar protagonismo en la cumbre.

116 conflictos medioambientales

ONG ecologistas y organizaciones medioambientales sospechan que las intenciones y anuncios del gobierno podrían no ir más allá de la mera estrategia comunicacional. Por eso, observan el evento de diciembre como una oportunidad para dar relevancia a los conflictos socioambientales que se viven en distintas regiones del país.

Además de las ya mencionadas zonas de sacrificio, entre los principales pendientes hay el impacto de la industria del salmón en el sur del Pacífico; varios proyectos mineros que amenazan áreas silvestres protegidas; la sequía causada por la sobreexplotación de las cuencas hídricas que provocan las actividades extractivas y la agricultura intensiva. Tampoco se ha avanzado en la protección de los glaciares; no se han frenado las extracciones de litio del salar de Atacama, ni se ha reconsiderado ratificar el tratado de Escazú, un pacto a nivel latinoamericano que promueve el acceso a la información en materia medioambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental.

Mención aparte merece la contaminación de los municipios de Quintero y Puchuncaví, que conforman la bahía del complejo industrial más grande de región de Valparaíso. En 2018 esta zona fue gravemente afectada por varios episodios de contaminación que dejaron más de 1.000 personas intoxicadas por inhalación de gases tóxicos, cuya procedencia y especificación aún están siendo investigadas. Dos de las cuatro termoeléctricas a carbón que se ubican en este territorio cerrarán en 2022 y en 2024 como parte del plan anunciado por el presidente.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el país existen 116 conflictos ambientales, de los cuales 62 permanecen activos y 30 latentes.

A principios de este mes, más de 50 expertos y organizaciones sociales, todas ellas integrantes de la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que organizará una cumbre paralela para las mismas fechas, entregaron una carta al mandatario chileno para instarlo “a cumplir sus compromisos de acuerdo a las circunstancias de emergencia que enfrentamos”. Movimientos territoriales, sindicatos, académicos, expertos y representantes políticos aprovecharon la ocasión para hacer llegar al gobierno 15 medidas para concretar “acciones reales y suficientes” que mitiguen los efectos de la crisis climática.

Las organizaciones están más atentas que nunca a los nuevos anuncios del gobierno. Ser el anfitrión de la COP25 implica comprometerse y asumir responsabilidades, incluso aquellas que siempre habían quedado en un segundo plano. Los activistas aprovecharán el escaparate y no dejarán que se les pase una. La lupa ya está puesta. El debate ambiental se ha tomado la agenda y, en el camino que queda hasta diciembre, las autoridades tendrán que demostrar que las intenciones de avanzar son reales y que después de las palabras llega la hora de los hechos.