La Plataforma en Defensa de la Universidad Pública pide abrir acciones judiciales contra Ayuso por los recortes
En una carta dirigida a los rectores de las seis universidades públicas y a la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) la agrupación reclama una respuesta inmediata a la infrafinanciación.
![La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa durante la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa durante la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/files/fp/uploads/2024/12/20/67656ad422940.r_d.640-232-2500.jpeg)
Madrid--Actualizado a
La Plataforma en Defensa de la Universidad Pública ha dado un paso más para frenar la ofensiva del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las políticas del Partido Popular contra la universidad pública madrileña. En una carta dirigida a los rectores de las universidades Complutense, Politécnica, Alcalá, Carlos III, Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, y a la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) –a la que ha tenido acceso Público–, la agrupación exige la presentación inmediata de acciones judiciales ante la falta de financiación adecuada para las instituciones de educación superior.
Esta maniobra emerge en un contexto de creciente movilización estudiantil y académica contra lo que la comunidad universitaria madrileña considera una "política de demolición" de la educación pública.
La carta, fechada el 19 de diciembre de 2024, denuncia con firmeza la insuficiencia de los 47,3 millones de euros asignados en los presupuestos autonómicos. Esta cifra dista abismalmente de los 200 millones que, según la propia CRUMA, son necesarios para la supervivencia de las instituciones universitarias. La Plataforma en Defensa de la Universidad Pública subraya el "incumplimiento flagrante" de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que estipula la necesidad de garantizar suficiencia financiera para asegurar un servicio público de calidad.
El documento cita específicamente los artículos 55 y 56 de la LOSU, que mandatan a las administraciones públicas alcanzar una dedicación mínima del 1% del PIB al gasto público universitario en 2030. Para la Plataforma, este incumplimiento no solo atenta contra la normativa, sino que vulnera el mandato constitucional de autonomía universitaria y menoscaba la función social de las universidades.
En la misiva, la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública no escatima en su crítica a la demora y falta de contundencia en la respuesta de la CRUMA. A su juicio, aunque las seis universidades públicas respaldaron los comunicados iniciales contra estos recortes el pasado 28 de noviembre, hasta la fecha ese apoyo no se ha materializado en ningún tipo de acción concreta y decisiva. Los representantes universitarios advierten que, de persistir la inacción, se verán obligados a recurrir a otros actores sociales y políticos para llevar adelante la acción legal.
"Estamos ante una encrucijada histórica para las universidades públicas madrileñas", enfatizan, señalando que la falta de financiación adecuada ya ha comenzado a materializarse con cifras alarmantes. La Universidad Complutense, sin ir más lejos, se enfrenta a una prórroga presupuestaria que implica reducciones críticas del 35%.
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