Ecologistas y mariscadoras acusan a la Xunta de "desidia" ante los episodios de contaminación en las rías gallegas

Un total de 43 asociaciones ecologistas y organizadores de pescadores y mariscadoras han reclamando a la Xunta medidas urgentes para acabar con los vertidos contaminantes en las rías gallegas que, según aseguran, provocaron el año pasado un drástico descenso en la producción de marisco en los principales estuarios.

Los colectivos acusan a la Xunta de "abandono y dejadez" en la protección medioambiental de los ecosistemas de las rías y recuerdan que llevan años reclamando a los Gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y de su sucesor, Alfonso Rueda, "la regeneración integral de las rías, el control efectivo de los vertidos y un plan de regeneración urgente de los bancos marisqueros con una fuerte dotación económica para [emprender] un estudio multidisciplinar que analice las causas de este alarmante deterioro progresivo", reclaman en un comunicado.

Según las cifras que manejan las citadas asociaciones, la producción marisquera se redujo en 2022 casi en dos tercios en algunas especies con respecto a la media de los veinte años anteriores: un 69% en almeja babosa y rubia, más de un 60% en almeja fina y un 23% en berberecho.

"De las rías vivimos miles de familias y su actividad productiva primaria es un motor socio-económico para todo el tejido productivo del entorno y de Galicia", subrayan.

Pérdidas de 25,7 millones

Los datos facilitados por esas organizaciones apuntan a que la contaminación, los vertidos, el mal funcionamiento de las estaciones depuradoras y la baja calidad del agua de los ríos que desembocan en las rías provocó el año pasado unas pérdidas de 25,7 millones euros, de los cuales más de 14 millones corresponden a la ría de Arousa.

"Este descenso afecta directamente a los puestos de trabajo. En 2001 teníamos en Galicia 6.551 permiso de explotación marisquera y en el el año 2022 eran 3.614", añaden.

Los afectados critican "el abandono y dejadez de sus responsabilidades competenciales" por parte de la Xunta y alertan del "andamiaje legal" construido por el Gobierno autonómico destinado a "recortar derechos ambientales y promover y agilizar otras iniciativas empresariales" como la minería, la acuicultura industrial y la energía eólica, "que son claramente lesivas para el medio ambiente y los sectores productivos de Galicia, favorecen intereses foráneos minoritarios y crea menos puestos de trabajo que los que destruyen".