El incendio que desde el pasado sábado cerca al Parque Nacional de Doñana no amenaza sólo a uno de los espacios protegidos más singulares de España. Doñana es el único humedal que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el área más importante de Europa para las aves migratorias. Su vasta extensión (108.000 hectáreas protegidas) conforma uno de los espacios de mayor biodiversidad de todo el continente: 4.000 especies, entre animales, plantas y microorganismos; y un lugar cuya preservación es vital para la pesca, el suministro de agua potable, el control de las temperaturas y de inundaciones o la protección de la costa.

Aunque el alcance de los daños del fuego no se conocerá hasta que se consiga extinguir el incendio, los grupos ecologistas, la propia Unesco y la Unión Europea -que ha llegado a expedientar a España- llevan años advirtiendo de las amenazas que están poniendo al lugar en peligro, especialmente por la agricultura alrededor de la zona y la sobreexplotación de las aguas subterráneas para los regadíos, aunque el Gobierno ha minimizado los riesgos.

El crecimiento sin control de la agricultura intensiva y de las más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales han llevado al acuífero ubicado bajo Doñana a una situación crítica. De los 16 sectores en los que se divide, cuatro están en prealerta, ocho en alerta y otros cuatro en alarma, el estado más grave. SEOBirdlife advierte de que la sobrexplotación del acuífero es, de hecho, la principal amenaza para la supervivencia del parque, que es y vive del agua. La ONG calcula que existen alrededor de 1.000 pozos ilegales que se utilizan para abastecer de agua algunos de los cultivos de fresa y frutos rojos.

De hecho, son varias las fuentes que señalan al conflicto con los agricultores como posible causa del origen del fuego, que está siendo investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Ecologistas en Acción ha pedido a la Junta de Andalucía que investigue “quién o qué intereses están detrás del fuego” y ha recordado que se trata de “una zona con un conflicto permanente entre las actividades humanas, con muchas tensiones entre la actividad agrícola y la actividad conservacionista”.

La organización WWF ya alertó en un informe en 2009 de que los pozos ilegales, muchas veces situados en zonas forestales de propiedad municipal, eran una de las causas más preocupantes de incendio: “El cableado eléctrico puede ser una causa de incendios en términos municipales como Lucena del Puerto o Moguer que poseen un alto grado de siniestros".

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva, la UPA, no obstante, ha transmitido a través de un comunicado su “indignación y enfado” por la vinculación de sus actividades con el incendio.

Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha manifestado que "no se va a permitir que se recalifique ni un solo metro" tras el incendio, en referencia al rumor en redes sociales y medios que trata de vincular el incendio con la Ley de Montes y la posibilidad de recalificar terrenos para viviendas tras los incendios. El parque de Doñana, en cualquier caso, se rige por la Ley de Patrimonio Natural que impide la recalificación de cualquier terreno.

"Vamos a llegar al límite para saber qué ha pasado aquí y por qué se ha producido este incendio, vamos a exigir que se depuren responsabilidades al máximo", ha dicho.

En cualquier caso, no es la única amenaza. A la sobreexplotación acuífera se suman los vertidos contaminantes o los proyectos industriales que se planean a su alrededor, como el de almacenamiento de gas impulsado por Gas Natural Fenosa en la frontera con el Parque Nacional o la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la misma que causó en 1998 uno de los mayores desastres ambientales de España derramando cinco millones de lodos tóxicos y de agua ácida al río Guadiamar, que conecta directamente con las marismas de Doñana. Ahora, la Junta de Andalucía ha aprobado su reapertura.