Aurora y su hija Lola Matamala eran las únicas residentes que quedaban en el edificio número dos del Paseo Pablo Iglesias, en Getafe (Madrid). A sus 79 años y con afecciones cardíacas, Aurora ha tenido que enfrentar el desahucio de la vivienda que ha sido su hogar durante 76 años. A pesar de la movilización organizada por el Sindicato de Inquilinas este lunes, el desalojo se ha llevado a cabo, dejando a Aurora sin alternativa habitacional y a su hija sin poder acceder a la vivienda para recoger sus pertenencias.

Público ha retransmitido en directo como más de 50 vecinos que intentaban detener el desahucio han coreado en la calle del edificio: "No están cumpliendo la ley". Según las afectadas, recibieron un aviso de que iban a ser desalojadas con poco tiempo de antelación. En apenas media hora, Aurora ha logrado recoger algunas de sus pertenencias antes de que cambiaran la cerradura. A su hija no se le ha permitido entrar. Finalmente, les han entregado un acta que certifica que la vivienda ya no les pertenece.

Mónica Gómez, trabajadora social del caso, afirma a Público que se ha solicitado la declaración de una zona tensionada en Getafe sin éxito. "Hemos estado solicitándolo durante meses, mientras se desalojan a vecinos de toda la vida", señala. Gómez también informa que Aurora y Lola han recibido amenazas y que las autoridades no han tomado en cuenta el informe de vulnerabilidad presentado.

"En el edificio vivíamos seis familias, pero el propietario decidió vender la finca", ha contado a este diario Matamala, afectada y periodista reconocida en movimientos sociales. La empresa Dapamali SL adquirió el inmueble y es la responsable de desahuciar a la familia, tras "haber expulsado al resto de las vecinas del bloque", según denuncia el Sindicato de Inquilinas y confirma Matamala. 

"Se trata de un nuevo caso de especulación", denuncian desde la plataforma. La misma señala que "el nuevo propietario del inmueble ha utilizado tácticas intimidatorias, como el envío de empresas de desokupación, con el fin de vaciar el edificio para su posterior venta, y seguir especulando con nuestras vidas". 

Matamala ha asegurado que "son mafiosos, amenazan y tienen un perfil de extrema derecha". La inquilina denuncia que "a mí me han tenido muy señalada por ser de Podemos. El antiguo propietario lo sabía y eso lo han utilizado en mi contra". Además, añade que en el primer intento de desahucio "en lugar de llamar a un cerrajero, vinieron con un chaval que llevaba un taladro". 

La mujer también ha expresado su pesar por la falta de apoyo de la Justicia, alegando una atención deficiente por parte del abogado de oficio. Además, Matamala considera que el Real Decreto que prorroga la suspensión de desahucios es insuficiente.

Inmediatamente después del desalojo, Matamala se ha dirigido con un grupo de vecinos al Juzgado de Instrucción número tres de Madrid para solicitar un permiso que le permita acceder a la vivienda y recuperar sus pertenencias.