Mientras se ajusta la mascarilla, Julián muestra la notificación que fija su desahucio y el de otros 16 pisos de su bloque, en la calle Cáceres, 7 del distrito de Arganzuela, en Madrid. Será, si no logran pararlo, el próximo 14 de julio, y lo firma la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo semipúblico que se creó para rescatar al sistema financiero en 2012 y cuya deuda de 35.000 millones ya computa como pública, a diferencia de los miles de viviendas que tiene en propiedad.

Este barrio ha sido una de las zonas de la capital donde más han subido los precios de los alquileres en los últimos siete años. Tan solo la pandemia ha dado un respiro, también para el desalojo que les atenaza desde 2012. Pero la vacunación masiva nos acerca, a veces sin quererlo, a la antigua normalidad. Y eso, en este antiguo bloque, puede significar el fin de una vida humilde, pero todavía posible. "Tendrán que sacarme con un tanque", explica a la escasa prensa que ha acudido a su llamada de auxilio.

A Julián, jubilado, con una pensión de unos 800 euros y una hija víctima de violencia machista, le arropan en la puerta del bloque la mayoría de los vecinos afectados, los activistas antidesahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Centro) y del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Se ven canas (muchas), alguna muleta, una silla de ruedas y nacionalidades diversas. Todos llevan las camisetas verde que antaño llenaban minutos de televisión y portadas de periódico. También se ve la preocupación en sus rostros, porque no saben dónde acabarán si el desahucio se ejecuta.

"Con nuestros ingresos no podremos vivir en el barrio de toda la vida", comenta Marcela, antigua portera del edificio que consiguió quedarse en la portería en régimen de alquiler. Sus 20 años de vida en el barrio pueden tener los días contados, tanto para ella como para los vecinos cuyos contratos de arrendamiento no fueron renovados por la Sareb cuando se quedó con las casas, hace ya casi una década.

Según explica Julián, hay 40 viviendas en este bloque con 140 años de historia. Algunas fueron vendidas, pero 25 acabaron en manos del banco malo después de que la empresa que se los alquilaba, Building Group Corporación Inmobiliaria, sufriera una ejecución hipotecaria y se sacaran a subasta pública. La mayoría de los vecinos tenía un contrato de alquiler que, en 2012, la Sareb se negó a renovar. Trataron de negociar una solución, pero lo único que recibieron, aseguran, fue una orden de desahucio a las pocas semanas que les daba 20 días para hacer las maletas. Consiguieron pararlo gracias a un recurso de la abogada común que los afectados designaron.

Desde entonces, denuncian, la Sareb lleva "jugando a un doble juego" que les tiene en vilo. Por un lado, les piden documentación para ver si es posible que la mayoría permanezca en régimen de alquiler social. Pero por otro, continúan los trámites en el juzgado, ya que desde hace años ni siquiera pueden depositar el pago de su alquiler que indica que no hay mala fe por parte de los vecinos a la hora de cumplir con su parte del trato. "No nos han dado ni el número de cuenta para seguir pagando. Solo quieren que nos vayamos para vender. No hemos vuelto a saber nada de los alquileres sociales, y nosotros queremos pagar como hemos hecho siempre", dice Julián.

A Sergio, de 66 años, le falta una pierna. La perdió durante este proceso, y tuvo que invertir en adaptar la casa a su nueva vida en silla de ruedas. Vive aquí desde hace nueve años, junto a María, su mujer, de 59 años. Pagaban —"cuando todavía podíamos pagar a alguien", especifica— 500 euros al mes. Ese precio ya no existe en este barrio desde hace mucho. "¿A dónde vamos a ir ahora? Yo necesito una casa adaptada. Si me voy, pierdo lo que he invertido en esta. Necesitamos que negocien con nosotros una solución", comenta. No solo pide para él, sino para el vecino de 94 años que, asegura, nació en esta corrala y está ahora su misma situación, o para otra familia con cuatro hijos que, de repente, se quedará sin casa en una semana. "Aquí vive gente con vulnerabilidad. Eso debería tener en cuenta", resumen.

Naima, de 63 años, camina despacio con una muleta. Desde que llegó a España, hace ya 30 años, ha trabajado como cocinera, hasta que su columna dijo basta, hace pocos años. Ahora tiene una pensión por invalidez que le deja 700 euros al mes. Eso era lo que pagaba cuando alquiló su piso en este bloque, en 2009, cuando todavía podía trabajar. "Pagaba cada mes a un administrador que tenía la empresa. No dejé de pagar nunca, hasta que un día desapareció la oficina", recuerda. Lo siguiente fue el primer aviso de desahucio, en 2012. "Si ahora tuviera que pagar el mismo precio que antes, no podría comer", sentencia.

Por eso dice que luchará "hasta el final" si la Sareb no se sienta a negociar. "Tengo aquí todas mis cosas, mi vida. Hasta pagué la derrama del ascensor, aunque como inquilina no me correspondía. Porque necesito un ascensor para entrar en mi casa con la espalda como la tengo. Un piso con ascensor... Cuánto me costaría eso en Madrid", remarca.

Fuentes de la Sareb aseguran a Público que "se dará una solución para las personas que acrediten vulnerabilidad", ya sea en otro inmueble de Sareb u otra medida que se pueda estudiar, sin embargo, no pueden precisar si ya han detectado algún caso en este bloque.

Bloque en lucha y Plan Sareb

La situación de Cáceres, 7 no es muy diferente a la de otros bloques y pisos propiedad de la Sareb. Cada semana, denuncian los activistas, hay citas para frenar desahucios de esta entidad que lleva arrojando millonarias pérdidas desde su creación y en la que los bancos depositaron sus activos tóxicos del ladrillo con aval del Estado para continuar su actividad con un balance más solvente de sus cuentas.

"Si su deuda es pública, sus viviendas también tienen que serlo", aseguran los activistas, que denuncian la "total opacidad" de esta sociedad, tanto en el número de casas vacías que tiene en propiedad como de los requisitos que maneja para conceder un alquiler social. "Es totalmente oscuro y arbitrario", se quejan.

Más de 200 inquilinos afectados solo en Madrid ya se han declarado "bloque en lucha" contra su desahucio por la Sareb, que está siendo blanco de una campaña del movimiento por el derecho a la vivienda en todo el país que exige que sus inmuebles pasen a formar parte de un más que necesario parque público de vivienda en alquiler asequible y social.

El pasado abril, decenas de activistas y de afectados se encerraron en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —instrumento a través del cual el Gobierno está presente en la Sareb— para exigir una negociación de alquileres asequibles y justos. Lograron un acuerdo para iniciar una mesa de negociación de la que todavía no hay muchas noticias.

El Ejecutivo es consciente de la mala prensa de la Sareb en la opinión pública, ya que su política durante los últimos años ha consistido en vender la mayoría de los activos valiosos a grandes fondos de inversión extranjeros a precios prácticamente de saldo. Algo que ni siquiera ha ayudado a saldar la exorbitante deuda de 50.000 millones de euros que concedió Bruselas para su creación, pero de la que responde desde hace meses el Estado español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado febrero que la Sareb pondría en alquiler asequible unas 10.000 viviendas para hacer frente a la crisis habitacional que el país sufre desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. En el bloque de la calle Cáceres, 7 no parece que esta medida signifique una solución, mientras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda y alquileres sigue en punto muerto, a pesar de ser una de las grandes banderas del Gobierno de coalición.