Un despliegue de cuatro furgonetas y aproximadamente 20 agentes de la Policía llegaron este martes a las 6.00 horas a la calle Zurita, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés. En ese lugar se encontraba Zohra, acompañada de su esposo, enfrentándose a su tercer intento de desahucio. Su hijo de ocho años estaba dentro del bloque, en la vivienda de una vecina. Desde que Zohra vio acordonada la zona donde se encuentra su vivienda, temió el peor de los desenlaces posibles: perder el hogar en el que llevan viviendo desde hace diez años.

A pesar de contar con "toda la documentación que acredita que son una familia vulnerable", según la inquilina, la familia ha sido desahuciada. Un juez ordenó el desalojo, y aunque el Real Decreto vigente contra este tipo de expulsiones debería haberles protegido, no fue así en esta ocasión. El desahucio se ha producido a pesar de que cumplen con los requisitos y de que su casero posee un total de 27 viviendas en propiedad.

Tampoco se ha considerado el riesgo para la integridad del menor ni las pruebas que demuestran las condiciones de insolvencia e inhabitabilidad en las que la familia ha vivido durante años debido a la inacción del tenedor. Además, Zohra presentó en 2018 toda la documentación necesaria para acceder a un alquiler social, pero no ha recibido ninguna respuesta.

Zohra y su familia ya habían enfrentado dos intentos de desahucio. El primero ocurrió a finales de junio y fue pospuesto dos semanas debido a la falta de una alternativa habitacional, según informó el Sindicato de Inquilinas de Madrid a Público. El segundo intento fue el pasado martes, 16 de julio. En ambas ocasiones, Zohra estuvo acompañada por activistas del sindicato, quienes organizaron concentraciones que paralizaron las órdenes de desahucio emitidas por el juez.

En este último intento, el sindicato volvió a manifestarse frente a la vivienda de Zohra y su familia, e incluso intentaron acceder al edificio para acompañarla en esos difíciles momentos. Sin embargo, una de las integrantes del sindicato que estaba dentro del portal ha contado a Público que un Policía les obligó a abandonar la zona y les advirtió: "Te voy a reventar, os voy a poner del mismo color (naranja) del chaleco".

Zohra y su familia subsisten con una pensión y el ingreso mínimo vital, y su situación no es un caso aislado. La organización estima que, de media, se producen más de 82 desahucios diarios en todo el país. Como explica a Público Óscar, miembro del Sindicato de Inquilinas, ahora que el desahucio ha prosperado, la familia enfrentará múltiples problemas.

"El samur social nos ha dado una alternativa temporal, una vivienda compartida en Vallecas, pero no sé si será para tres días o en una semana nos vamos para la calle otra vez", ha informado Zohra a los medios de comunicación presentes a la salida del desahucio. "Lo que ha quedado claro con este desahucio es que las que realmente protegemos el derecho a la vivienda somos nosotras, las vecinas. Hoy han fallado los juzgados, el Gobierno, todas las instituciones públicas, la Policía y los bomberos", ha manifestado una miembro del sindicato que ha acompañado a Zohra durante toda la noche.

"Quiere que todas las familias marroquíes nos vayamos"

El caso de Zohra es un claro ejemplo del acoso inmobiliario o mobbing que muchas personas sufren antes de ser desahuciadas. Todo el edificio es propiedad del mismo dueño, quien reside en Tenerife y posee otras viviendas adicionales, además de contar con los recursos necesarios para solucionar los problemas estructurales del inmueble. Sin embargo, el casero decidió no intervenir.

El bloque entero de viviendas se encuentra en condiciones deplorables, con paredes húmedas y escaleras desgastadas. "Él (su casero) lo que quiere es echarnos para reformarlo y subir el precio del alquiler. En este mismo bloque tiene viviendas vacías y no quiere alquilárnoslas. Nos lo dijo muy claro: quiere que todas las familias marroquíes nos vayamos. Mis vecinas también tienen mucho miedo", señala la inquilina a este medio.

Actualmente, los precios de alquiler en Madrid alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles de cumplir para Zohra debido a su situación económica y de salud. "Se nos sigue echando de nuestros hogares, pese a la propaganda del gobierno. El año pasado fueron casi 20.000 las familias trabajadoras desahuciadas. Ante esta realidad, lo tenemos más claro que nunca: la única solución es organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal", concluyen desde el sindicato.