Derechos humanosGrecia endurece su política migratoria y planea 10.000 devoluciones a Turquía

El Gobierno griego anunció este lunes medidas para endurecer su política migratoria, tras un Consejo de Ministros celebrado un día después del incendio que dejó al menos dos muertos en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos.

Según comunicó el Gobierno, el principal objetivo de estas medidas es aumentar las devoluciones de migrantes a Turquía desde las islas del Egeo hasta las 10.000 para el año 2020. Para ello, el Gobierno anunció que endurecerá los controles fronterizos, aumentará las patrullas marítimas y establecerá "centros cerrados pre-salida para aquellos que han entrado a Grecia ilegalmente y no tienen derecho a asilo" o cuya solicitud sea rechazada.

El ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Chrysojoidis, anunció que presentará en los próximos días un borrador de ley para acelerar el proceso de examen de las solicitudes de asilo, con el ambicioso objetivo de que estén resueltas en tres meses. Según informó el Gobierno, esta ley también endurecerá las condiciones de los solicitantes y prevé la pérdida de este estatus por diversos motivos.

El Gobierno restringirá la actual definición de quién forma parte de una unidad familiar y la definición de 'vulnerabilidad', dejando fuera por ejemplo los problemas psicológicos derivados de traumas como una guerra.

Conforme al derecho internacional, los migrantes en situaciones de vulnerabilidad deben ver cubiertas sus necesidades específicas, con lo que esta redefinición del concepto podría acarrear la reducción de la protección de muchas personas. Además el Gobierno anunció que descongestionará los centros de recepción del Egeo trasladando personas al continente, y prometió que Moria, cuya situación de extrema volatilidad se ejemplificó con el incendio del domingo, será descongestionada en dos meses.

El centro de Lesbos acoge a unas 12.000 personas aunque solo está preparado para unas 3.000, algo que ha derivado durante los años -especialmente desde la firma en 2016 de la declaración conjunta entre Unión Europea (UE) y Turquía- en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Es una situación que se repite en las islas cercanas a Turquía, que acogen a más de 30.000 personas en centros de recepción diseñados para unas 6.000.