Durante los últimos meses, cientos de clientes de Euskaltel han recibido cartas en las que se les exigía una indemnización a productoras y distribuidoras de vídeo por presuntas descargas de películas y series. Decenas de afectados se han negado a pagar y se han agrupado en una plataforma. Ahora, sus casos están llegando al juzgado, uno a uno. Esta misma estrategia, que se centra en clientes del operador en Bizkaia, podría extenderse a otras zonas de España y afectar a clientes de otros operadores, como Orange o Movistar.

Este lío comenzó hace tres años. En mayo de 2016, un auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia aceptaba algo insólito en España: que se identificase a usuarios monitorizados en una red P2P en un procedimiento mercantil, como manera de determinar si estaban o no cometiendo una infracción.

Esto prácticamente obliga a un operador de telecomunicaciones a identificar a un usuario a partir de una dirección IP, según este auto único en España; algo que que supone una injerencia tan grave en la intimidad de los ciudadanos que, en la jurisdicción penal, se reserva para delitos graves.

A partir de ese momento, Euskaltel no tuvo más remedio que aceptar los requerimientos de los juzgados de lo mercantil de Bilbao —siguiendo el criterio del citado auto de la Audiencia Provincial— y proporcionar los datos personales asociados a direcciones IP a varias productoras estadounidenses de películas, algunas ni siquiera estrenadas en España.

En Bilbao, los abogados demandantes han estado recabando de esta forma la identificación de los titulares de las IP y con esos datos envían cartas en las que se exige el pago de cantidades que van desde los 150 a más de 1.000 euros, algo que la propia Euskaltel ha puesto en conocimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos. Hay casos en los que las cartas iban dirigidas a personas muy mayores; otros, incluso a fallecidos.

Hasta ahora, además, todos los casos en los juzgados de Bilbao —sin celebración de vista y con un contenido idéntico— estaban terminando en condena, mientras que en la vecina Donostia se desestimaban, tal y como sucedió en un caso de descarga de la película 'Dallas Buyers Club'. Así lo recordaba el abogado David Bravo:

 Esta 'brecha' ha hecho posible que posible que la estrategia 'antipiratería' de varias productoras de EEUU, representadas por dos bufetes de abogados, se esté centrando en en la provincia de Bizkaia, aunque también están probando en Araba. Y fuentes judiciales afirman que ya se están solicitando diligencias preliminares en juzgados mercantiles de Madrid contra Movistar y Orange, extremo que este periodista no ha podido confirmar

David Maeztu, abogado especializado derechos de autor que se está encargando de la defensa, comenta a Público tras una de las vistas orales de uno de estos casos —una demanda por la descarga de la película 'Once Upon A Time In Venice'— que sólo para este film la productora pidió a Euskaltel la identificación de 961 direcciones IP. "Es decir, que el número de afectados es más grande de lo que pensábamos", afirma el abogado, que sospecha que muchos de ellos han pagado para no ir a juicio.

El jueves que viene hay otros cuatro juicios en el mismo juzgado. "Calculo que hay unas 470 personas que ha decidido no pagar y pelear [lo que supone otras tantas vistas orales] y unas 70 se encuentran en lista de espera", comenta Maeztu, que apunta que sólo de una de las películas en cuestión han llegado casi 300 demandas. Cada demanda supone una vista oral, que es lo que está solicitando la defensa. Y eso sólo en los juzgados de Bilbao.