La derecha ha emprendido una nueva cruzada contra el lobo ibérico. La llegada de las derechas a comunidades autónomas como Cantabria o La Rioja han reanudado una polémica que parecía cerrada. Al menos 12 regiones han firmado una carta dirigida a Bruselas para mostrar su descontento sobre el estatus de protección del emblemático depredador y presionar para que se modifique la normativa española que incluye al mamífero dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

El interés en la desprotección del lobo ha unido de nuevo a las comunidades del norte donde esta especie habita en mayor medida (Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla y León y Aragón), pero también a presidentes regionales donde no hay presencia de este animal desde hace décadas, como Andalucía, Castilla-La Mancha, País Valenciá, o incluso Barleas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Gobierno de Cantabria y el de La Rioja, ahora en manos del PP, han sido los más activos a la hora de iniciar esta campaña basada, en la mayoría de los casos, en datos falsos sobre ataques de lobos a ganado. La página web y la cuenta de X (antiguo Twitter) de la comunidad cántabra publicó un comunicado el pasado viernes en el que, además de informar sobre sus peticiones a Bruselas, aportaban datos desmesurados e inverosímiles.

Según el texto, desde que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) elevó la protección del lobo e impidió su caza, el depredador habría matado 3 millones de vacas. Un dato que de por sí se atisba alto y que se confirma como desmesurado si se tiene en cuenta que la cabaña de bovino, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de 6 millones de reses. Es decir, las menguadas manadas de lobo ibérico habrían acabado con la mitad de los rebaños del país en tan sólo dos años. El dato ha sido borrado de las redes sociales del Gobierno de Cantabria, pero se mantiene en la web, dando a entender, además, que esos son los datos enviados a Bruselas para reclamar la desprotección del cánido.

La Rioja, que este viernes habló de "sobreprotección del lobo", presentó a mediados de septiembre un informe con datos que acreditaba un supuesto auge de las manadas en esta comunidad autónoma para pedir que se suprimieran las medidas que impiden su caza. Estos datos han sido criticados por los sectores ecologistas, ya que no existen estadísticas públicas oficiales.

Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF, habla de un uso "interesado" de los datos. "Cuando las organizaciones pedimos información no se nos da y ahora emplean estadísticas que no se sabe de dónde vienen para legitimar su posición. Actualmente no hay ningún censo oficial, ya que se está elaborando. Hay que tener en cuenta, además, que los datos ofrecidos de manera puntual no reflejan las tendencias", indica.

Lo cierto es que en España no hay todavía un censo que acredite el número de manadas totales. El ministerio dirigido por Teresa Ribera trabaja en un recuento poblacional permita conocer la situación real en la que se encuentra el lobo. Por el momento, los únicos datos válidos son los que el comité científico presentó en 2021, acreditando un declive poblacional del lobo ibérico en España, para que Transición Ecológica incluyera a la especie dentro del LESPRE e impidiera su caza al norte del río Duero. 

"Lo basan todo en bulos que no se sabe de dónde salen. Hay una clara utilización del lobo para atacar al Gobierno y para conseguir votos en el sector ganadero y cinegético", denuncia Theo Oberhuber, experto en biondiversidad y cofundador de Ecologistas en Acción. "El PP habla de que se ha reducido la cabaña ganadera desde que el lobo se protegió, pero las competencias de gestión no son del Estado, son de las Comunidades Autónomas. Acusan al Gobierno de ir en contra de la ganadería, pero ellos gobiernan en muchas administraciones en las que, desde hace tiempo, no se han atendido los problemas reales de la ganadería extensiva", advierte.

Una polémica reavivada tras la iniciativa de Von der Leyen

La reanudación de la campaña contra el lobo llega después de que PP y Vox hayan conseguido el poder en comunidades importantes para el hábitat del depredador, como Aragón, Cantabria o La Rioja, pero también en un momento en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto revisar el estado de protección del mamífero en la UE.

"La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos. Insto a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación actual de la UE ya les permite hacerlo", dijo Von der Leyen en un comunicado de prensa a principios de septiembre.

Las regiones donde el lobo tiene más presencia han aprovechado el momento para poner de nuevo su malestar en el centro. Sin embargo, la iniciativa de la Comisión, de salir adelante, no supondría cambios para España, pues su norma es de por sí más ambiciosa que la actual legislación europea. "Están pidiendo a Europa que saque al lobo del LESPRE y eso no lo puede hacer, no tiene competencias para ello. De hecho, cuando España protegió al lobo, Bruselas lo apoyó. Solo usan a Europa cuando les conviene", denuncia Oberhuber. 

"La normativa europea también dice que el lobo debe recuperar sus territorios históricos y parece que eso se quiere olvidar. El modelo de gestión basado en matar y cazar lobos no ha resuelto el conflicto. Antes de 2021 la especie no estaba protegida como ahora y seguía habiendo conflicto. La única forma sería exterminarlo, pero claramente eso no se puede permitir ni hacer. Lo que hay que hacer es trabajar en medidas de protección que faciliten la coexistencia de ganadería y lobos. Me pregunto cuántas de estas comunidades autónomas han pensado o invertido en planes que prevengan ataques", zanja Suárez.