La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su Consejera de Sanidad, Fátima Matute, han expresado su preocupación sobre las consecuencias que tendría la integración de los mutualistas de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) al Sistema Nacional de Salud (SNS). Según ellas, esta medida podría suponer nada más y nada menos que un "colapso" del servicio, con cifras alarmantes sobre la cantidad de usuarios y trabajadores que podrían verse afectados.

Dichos discursos han empezado a reproducirse en diferentes canales de la derecha mediática en un momento crucial para el futuro de la sanidad pública. El Parlamento de Andalucía también se ha sumado al debate y ha aprobado –con el apoyo de PP, Vox y PSOE– una moción que insta al Gobierno central a garantizar que la renovación del concierto de Muface no afecte la calidad asistencial ni los puestos de trabajo. Pero, ¿están estos supuestos temores basados en hechos reales?

La consejera de Sanidad de Madrid ha advertido de que la integración de "1,5 millones de usuarios del sistema Muface" a la sanidad pública supondría una presión "insostenible" sobre los recursos del SNS. Sin embargo, los datos lo desmienten y revelan que una gran parte de ellos ya son usuarios del sistema público. 

Un sistema sanitario ya tensionado, pero no por Muface

Tal y como recordó hace unos días en su cuenta de X (antes Twitter) el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, casi 500.000 de estos funcionarios ya eligen la pública como su sistema de salud. Este porcentaje, que representa un tercio del total de los mutualistas, demuestra que el impacto de la medida no será tan abrupto como se ha planteado. De hecho, el Ministerio de Sanidad –a cargo de Mónica García– ha propuesto este lunes, a través del informe MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, integrar a estos afiliados a corto plazo. En concreto, a lo largo de los próximos nueve meses.

Padilla, además, ha desmentido las cifras proporcionadas por Matute y Ayuso, indicando que solo alrededor de 157.000 personas en la Comunidad de Madrid pasarían efectivamente al sistema público, no las 236.000 que ambas representantes han citado. En la misma línea, el secretario de Estado ha recalcado que la afirmación de que entre 35.000 y 39.000 trabajadores de Muface perderían su puesto de trabajo tampoco es precisa. La llegada de fondos específicos para los mutualistas podría, por el contrario, "generar empleo y aumentar la contratación" de personal público.

La afirmación de que la incorporación de estos funcionarios a la sanidad pública desbordaría las listas de espera y reduciría la calidad del servicio tampoco parece estar respaldada por la realidad. Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), subraya en declaraciones para Público que las dificultades del sistema de salud madrileño no son consecuencia de la integración de los mutualistas, sino de un modelo de gestión deficiente que ha llevado a una infrafinanciación crónica. Conviene tener en cuenta, siguiendo a Martín, que el gasto por habitante en la Comunidad de Madrid es el más bajo de toda España, lo que genera un déficit estructural en los recursos destinados a la atención sanitaria.

La sanidad madrileña enfrenta una presión mucho mayor derivada de la escasez de recursos y de la privatización progresiva de servicios. La integración de Muface debería percibirse como "una oportunidad para corregir un modelo de salud que ha sido objeto de constante desinversión". Además, Manuel Martín señala que el perfil de los usuarios de Muface son en su mayoría jóvenes y con pocos problemas de salud graves, lo que sugiere que el impacto sanitario será mucho menor de lo que se augura. 

Un modelo "obsoleto": desmontando sus mitos

El modelo de Muface, instaurado hace más de 40 años, ha sido duramente criticado por su obsolescencia. Como ha argumentado el presidente de la FADSP, el propio sistema público de salud reconoce que este tipo de mutualidades es una "anomalía" en el marco de la Ley General de Sanidad, que desde su creación en 1986 establece el principio de universalidad y no discriminación en el acceso a la atención médica. No solo se trata de una redundancia administrativa, sino también de un modelo que "beneficia principalmente a las aseguradoras privadas", que obtienen "grandes beneficios económicos".

Para Manuel Martín, Muface ha favorecido la externalización de los servicios sanitarios, generando costes adicionales para el sistema público, al mismo tiempo que permite a los funcionarios elegir entre la sanidad privada y la pública. Esta situación crea una dinámica de competencia "desleal" y sobrecarga de recursos en la sanidad pública.

En cuanto al impacto específico en la Comunidad de Madrid, la consejera Matute sostiene que la incorporación de estos usuarios de la sanidad privada generaría una presión insostenible, pero el territorio no es, de hecho, "una de las regiones más afectadas en términos relativos por la integración de los mutualistas". Según Padilla, las comunidades autónomas con menos recursos, como Castilla-La Mancha o Extremadura, son las que enfrentarían un mayor desafío, no Madrid.

El economista Carlos Sánchez Mato también ha criticado en sus redes sociales cómo las aseguradoras privadas han ganado una importante rentabilidad gracias al sistema de mutualidades, aprovechando no solo las primas de los mutualistas, sino también la oportunidad de vender otros productos adicionales al funcionariado. "Han ganado un pastizal gracias a las mutualidades de funcionarios", ha afirmado desde su cuenta en X.

En cuanto a la supuesta "sobrecarga" que causaría la integración de los mutualistas al sistema público, Sánchez Mato es contundente: opina que las aseguradoras privadas están utilizando esta amenaza [al dejar vacío el concurso público] como una estrategia de presión para mantener el statu quo y evitar que se termine con este modelo. El economista se refiere al discurso alarmista de las aseguradoras, que aseguran que la incorporación de los mutualistas generaría un aumento del 266% en las consultas externas y un 115% en las listas de espera quirúrgicas. Para Sánchez Mato, estas afirmaciones no son más que un "chantaje" para seguir lucrándose del sistema público.