"Pueden llamarnos okupas y criminalizarnos, pero no lo somos. No entramos en casa de nadie. Nosotros recuperamos pisos vacíos de los bancos rescatados con dinero público y los usamos para alojar a gente que necesita una vivienda". Juan Antonio López, peón de jardinería, de 61 años, resume con claridad el espíritu del edificio en el que ya lleva cuatro años viviendo. Como la mayoría de sus vecinos, que ya son como familia, llegó aquí después de sufrir un desahucio cuando estaba en paro. Ahora, tras conseguir un empleo a través de un programa para personas en exclusión social, pasa los días tranquilo, aunque siempre pensando en un futuro desalojo.

Su piso está en la primera planta del número 24 de la calle Sierra de Llerena, en el corazón del madrileño barrio de Vallecas. El pasado 15 de enero se cumplió una década desde que un grupo de activistas por el derecho a la vivienda decidió ocuparlo, al calor del movimiento 15M y en plena crisis económica, cuando el drama de los desahucios en España llenaba las portadas de todos los diarios extranjeros.

Ha llovido mucho desde entonces, pero el edificio ha servido de resguardo a cerca de 200 personas que, por azares de la vida y, sobre todo, de la economía, habían perdido su casa después de perder sus precarios empleos. Son 14 pisos humildes, de unos 70 metros cuadrados, de esos que ahora superan los 800 euros al mes en el mercado del alquiler de Puente de Vallecas. En realidad, son 15 casas si se cuenta también la de un edificio de enfrente. La ocuparon hace pocos meses para alojar a Cruz, una mujer de 58 años a la que desahuciaron con sus cuatro nietos menores el verano pasado.

Llerena, 24 es uno de los bloques ocupados por la Obra Social la PAH, una iniciativa impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en los años más duros de la crisis hipotecaria. La filosofía se resume en ocupar pisos o bloques vacíos en manos de entidades financieras y, una vez dentro, con apoyo popular y del movimiento antidesahucios, tratar de forzar una negociación para conseguir un alquiler social. No siempre funciona, pero en la PAH de Vallecas acumulan más de una decena de victorias.

"Nunca pensamos que íbamos a aguantar diez años aquí", reconoce Daniel García, de 45 años. Fue de los primeros en llegar, ya hace siete u ocho años, no lo recuerda con exactitud. "Lo normal es aguantar dos o tres, pero aquí nos hemos organizado bien. Hemos pasado varios años sin agua y sin luz y dos largos procesos judiciales. Hemos recurrido hasta al Tribunal Supremo. Siempre hemos perdido, claro, pero seguimos resistiendo y tratando de convertir nuestra situación en un conflicto político", afirma en el salón del piso de Juan Antonio López.

Ocho años negociando sin éxito un alquiler social

Y la política, en esta particular comunidad de vecinos, está más presente que nunca. Sobre todo desde que el Gobierno ha dado el primer paso para tomar el control de la Sareb, el banco malo, que es propietario de casi todas estas casas. El bloque lo construyó una promotora quebrada, Alcalá 70, con créditos hipotecarios de entidades como la extinta Caja Madrid o el quebrado y rescatado Banco de Valencia. Fue uno de esos activos tóxicos que absorbió la Sareb para limpiar la basura de los bancos rescatados en 2012.

 "Si su deuda es nuestra, porque es pública, sus viviendas también deberían ser públicas", argumenta José Luis de la Flor, portavoz de la PAH de Vallecas. Llevan ocho años intentando negociar con la entidad semipública unos alquileres sociales, pero la situación está estancada.

Calculan que, si hubieran firmado un contrato de cien euros al mes desde el principio, el banco malo habría recibido ya cerca de 300.000 euros. Los alquileres sociales que los activistas suelen arrancarle a Sareb son superiores a 200 euros, explica De la Flor, que cifra en 29 las viviendas propiedad de la Sareb en las que viven miembros de plataforma vallecana. "Su método es una tortura psicológica, parece que se interesan por negociar, pero luego nada avanza. Casi siempre esperan hasta el mismo día del desahucio para sentarse a hablar, con toda la ansiedad que supone enfrentarse a un desalojo. Es negociar a punta de pistola", ilustra.

"Hasta en dos ocasiones hemos recopilado y entregado la información personal de cada familia. No es tarea fácil, es mucha documentación, informes de vulnerabilidad de los Servicios Sociales... Y todo para nada. Queremos pagar, pero aquí nadie puede permitirse un alquiler de 800 euros", dice Marian, de 57 años, que acaba de llegar de su trabajo. Cada día desde hace 17 años cruza la ciudad para cuidar de una anciana del barrio de Salamanca. Prefiere que su cara no salga en el reportaje: "mi jefa seguro que me echaría", asegura. Y por eso le hemos cambiado el nombre.

Sus ingresos, dice, no se ajustan al mercado del alquiler de esta ciudad. Antes trabajaba en un restaurante. A duras penas podía pagar la renta de 700 euros del piso en el que vivían ella y su hijo, que ahora tiene 24 años y estudia para ser técnico de sistemas informáticos. Por eso, en sus dos días libres, empezó a cuidar a cuatro hermanas mayores para sacar un sobresueldo, sin contrato y sin Seguridad Social. "Ya solo vive una y sus herederas empiezan a pelearse por la herencia", asegura. Le da la risa de quien no tiene nada que heredar. Cuando ella perdió su empleo, casi nueve años después, tuvo que buscar un barrio acorde a sus ingresos, así que se mudó a la Cañada Real. Encontró un alquiler por 240 euros y muchos problemas. Entre ellos, una posterior subida del alquiler que no pudo asumir y el incendio de la chabola que se construyó cuando la echaron de la casa.

"¿Qué haces viviendo en la Caña Real habiendo pisos vacíos en el barrio?", le dijo una compañera de la PAH, donde llevaba años participando. Y así fue como acabó en Llerena, 24. "Somos una piña, una gran familia. Nos apoyamos en todo. Incluso han salido parejas que se han conocido en este bloque", dice la mujer.

Las historias de estos inquilinos sin contrato ni casero son similares, explican. "Muchos de los alojados han sido personas migrantes, que fueron los primeros afectados por la crisis", sentencia Daniel. Es el caso de Marian, que vino de Ecuador hace dos décadas, pero también el de Mohamed, que dormía en su furgoneta después de quedarse en paro hasta que la PAH le facilitó uno de estos 14 pisos.

"Siempre hemos reservado una casa de emergencia para cuando hay desahucios", comentan. Ahora, esa vivienda la ocupa Miguel Ángel Cabello, de 55 años y una pensión por invalidez de 450 euros. "Yo siempre he compartido piso. No podía permitirme otra cosa", asegura. El último estaba en Moratalaz y le costaba 300 euros por una habitación. "Con mi pensión me iba viendo poco a poco en la calle", reconoce. Acabó yéndose antes de tiempo después de sufrir varias agresiones de su compañero de piso.

El bloque de las segundas oportunidades

"Todos los que estamos aquí somos gente trabajadora y honrada que está pasado o ha pasado por momentos duros de la vida", resume Juan Antonio. "Las casas han servido a muchos para salir adelante, para encarar sus problemas sin tener que verse en la calle. Una casa en la que dormir facilita las cosas. En cuanto han arreglado su situación y han podido, han alquilado una casa y se han marchado", resume.

¿Hasta cuándo podrán aguantar? Solo la Sareb lo sabe. "No vivimos con miedo, pero sí con preocupación. Cualquier día pueden llegar los desahucios si no conseguimos un acuerdo", dice Daniel. Marian asegura que, antes de entrar por el portal, da dos vueltas a la manzana, "por si hay policías o alguien vigilando. Lo que sí tienen claro es que los tendrían que desalojar a todos a la vez. "Somos muchos en esta situación solo en Vallecas. Aquí todos nos apoyamos cuando hay un desahucio", advierte Juan Antonio.

De La Flor, el portavoz de la PAH en el barrio, recuerda que este bloque forma parte del Plan Sareb, una plataforma de más de 200 familias que residen en viviendas del banco malo en varias regiones del país. En 2021 ocuparon dos veces la sede del FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, accionista mayoritario de la Sareb) para exigir una negociación colectiva que les permita permanecer en los pisos con un alquiler asequible.

"Que sus máximos representantes se hayan sentado con nosotros para hablar de todos esos casoso en lugar de negociar individualmente ya es una victoria, aunque no hayamos avanzado en una solución", dice. "Así hemos demostrado que el problema de las viviendas de la Sareb tiene un componente político incuestionable, y vamos a seguir presionando mucho más ahora que su deuda cuenta como déficit público y el Gobierno quiere tomar el control", añade. A diferencia del Gobierno, ellos no están dispuestos a dejar escapar la oportunidad de que las casas de la Sareb se conviertan en viviendas sociales.