El concierto con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se encuentra en un momento crítico y su futuro es incierto. Los términos de la renovación del acuerdo, que permite a millones de trabajadores públicos elegir entre sanidad pública y privada –esta última financiada también por el Estado–, han generado una profunda preocupación entre los defensores de la sanidad pública, las aseguradoras privadas, que ven tambalearse su gran negocio; y los propios funcionarios, que se benefician de este servicio. El punto de partida de esta crisis está marcado por la supuesta insuficiente financiación que ofrece el Gobierno, un hecho que, según apunta la patronal de la sanidad privada, podría poner en peligro la continuidad de este modelo.

El Ministerio de Función Pública propuso inicialmente un aumento del 14% en la prima pagada por mutualistas, una oferta que las compañías privadas consideran escasa para cubrir los crecientes costes de la atención médica. Estas empresas, entre las que se encuentran Asisa, Adeslas, DKV y Mapfre, advierten que con este aumento no podrían mantener los niveles de calidad actuales, lo que se traduciría en un empeoramiento de los servicios y en mayores tiempos de espera para los funcionarios (cuando aligerar los plazos es una de las principales razones por las que, supuestamente, se mantiene este sistema). 

Las operadoras exigen nada más y nada menos que un incremento del 40%, mientras que la demanda de Muface se sitúa en torno al 25%. El Gobierno, por su parte, ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros la licitación con una mejora de la prima al 17,12%, muy lejos todavía de la petición de las aseguradoras. Hacienda no ve margen para un incremento mayor. Con acuerdo o no, la negociación tiene como límite el 1 de enero del 2025, por lo que el tiempo apremia.

Las aseguradoras hablan de "fin deliberado"

Desde el lado de las aseguradoras, agrupadas en la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), se ha acusado al Gobierno incluso de buscar un "fin deliberado" del modelo Muface. Según sus representantes, la oferta financiera está diseñada para "transferir la responsabilidad del fracaso de las negociaciones al sector privado", al tiempo que deja en una "posición precaria" la atención a los funcionarios. A esto, explica la patronal, se suma el desafío del envejecimiento de la población mutualista, cuya edad media ha aumentado un 7% en la última década, lo que incrementa las necesidades de atención médica de este grupo.

El escenario es, sin embargo, un poco distinto. Diferentes estudios, como el informe El misterio Muface. ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida? –publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019–, destacan cómo los operadores privados trabajan bajo lo que los investigadores definen como una "selección de riesgos" de los usuarios. Dinámica que consiste en inducir que determinados tipos de enfermedades más graves o crónicas terminen, en buena medida, siendo tratadas en hospitales públicos. La lógica última es, al fin y al cabo, atraer a cuantos más funcionarios sanos, mejor; así como esquivar a la máxima proporción de trabajadores que puedan suponer grandes costes.

Este mismo estudio pone de relieve que la elección del Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a las clínicas privadas, entre los funcionarios, ha pasado del 14,1% al 20,4% en la última década. Si bien, cada año, más del 70% de los empleados públicos suelen elegir de media la sanidad privada.

¿Hora de que los recursos vayan íntegramente a la pública?

Esta tesitura ya había sido advertida hace años por figuras como el actual secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y ahora ha vuelto a surgir. Padilla ha defendido la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas, en caso de que no se renueve el acuerdo con las aseguradoras. En este sentido, ha argumentado que la mayoría de los mutualistas no presentan una alta complejidad en sus cuidados, por lo que el sistema público podría asumir su atención sin mayores complicaciones. Afirmación que ha generado cierto malestar, tanto en el sector privado como entre algunos sindicatos.

En todo caso, la opinión de Padilla está en sintonía con lo que respaldan asociaciones en defensa de la sanidad pública, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sostiene que la desaparición del modelo mutualista sería beneficiosa para el sistema sanitario público a largo plazo.

Para estas organizaciones, el modelo actual perpetúa desigualdades al financiar con recursos públicos un sistema privado que no está al alcance de toda la ciudadanía. La FADSP aboga por la integración total de los funcionarios en el sistema público, lo que, bajo su pronóstico, aliviaría las tensiones financieras y administrativas derivadas de los conciertos con las aseguradoras.

Esta postura también ha sido apoyada por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha calificado a Muface como un "subsistema anacrónico". García subrayó en una reciente entrevista en Hora 25 que el concierto con las aseguradoras no incluye una Atención Primaria efectiva para los mutualistas, si bien dejó claro, a su vez, que no está encima de la mesa la idea de eliminar este modelo. Para García, no obstante, la sanidad pública debe ser el pilar fundamental del sistema de salud en España.

Las consecuencias de una posible disolución del acuerdo serían complejas. El colectivo afectado incluye a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, quienes actualmente reciben atención a través de la sanidad privada. Si las aseguradoras deciden retirarse del concierto, estos mutualistas se verían obligados a recurrir al sistema público, lo que podría desbordar los recursos de una sanidad pública ya tensionada. Por eso las asociaciones de sanidad pública ponen el foco en la necesidad de una financiación adecuada para el Sistema Nacional de Salud (SNS).