La educación concertada, una fórmula híbrida que se nutre de los fondos públicos pero que gestionan empresas privadas, se presenta en España como un modelo que debería garantizar la libertad de elección para las familias. Sin embargo, tras analizar el reciente informe de Save the Children, titulado Por una escuela concertada inclusiva, se pueden inferir profundas desigualdades en el acceso a este tipo de centros, especialmente para las familias más vulnerables y migrantes. Lo que se presenta como un derecho de elección se convierte, en muchos casos, en un privilegio al que solo unos pocos pueden acceder.

A pesar de que la educación concertada debería ser gratuita, las cuotas y otros gastos asociados a la escolarización en estos centros convierten la "libertad de elección" en un espejismo. Según Save the Children, las cuotas mensuales de algunos centros concertados rondan los 25 euros por hijo, y si se añaden los gastos de comedor y actividades extracurriculares, la cifra puede superar los 300 euros al mes. Para muchos esta cantidad es sencillamente inasumible.

La promesa de gratuidad queda rota para las familias en situación de vulnerabilidad. Esta barrera económica supone que la escuela concertada, lejos de ser una opción para todos, se reserva para quienes pueden permitírselo. Y es que, aunque algunas escuelas ofrecen cuotas más simbólicas, lo cierto es que las familias de bajos ingresos quedan automáticamente excluidas de este modelo.

El informe destaca un hecho alarmante: España es el país de la OCDE con mayor brecha socioeconómica entre las escuelas públicas y concertadas. Mientras que en Países Bajos o Reino Unido, donde la concertada tiene una fuerte presencia, las características sociodemográficas de los estudiantes son similares en ambos tipos de centros, aquí las diferencias son notables. De hecho, hasta el 21% de la segregación escolar en el país se explica por la desigual composición entre ambas redes educativas, un porcentaje que dobla el de muchos otros sistemas educativos.

Este dato evidencia que la escuela concertada, tal y como está estructurada, amplifica de facto la segregación. En este sentido, los alumnos de origen migrante están infrarrepresentados en los centros concertados, mientras que las familias autóctonas y con mayor poder adquisitivo son la mayoría en estas escuelas. En Melilla, por ejemplo, no hay ningún estudiante con nacionalidad extranjera en las escuelas concertadas, mientras que en las públicas este grupo representa el 12% del alumnado. "De media en España, en secundaria obligatoria un 11% del alumnado de los colegios públicos tenía nacionalidad extranjera, casi el doble que el porcentaje observado en los colegios concertados (6%)", refleja el documento.

Además de las barreras económicas, los criterios de admisión en muchos centros concertados agravan la segregación. Aunque la normativa establece procesos equitativos, algunos criterios "complementarios" otorgan a los centros la capacidad de seleccionar indirectamente a su alumnado. En algunas comunidades autónomas, pertenecer a una congregación religiosa o haber estudiado en una escuela infantil vinculada al centro son aspectos que pueden sumar puntos decisivos para el ingreso. Para las familias migrantes o recién llegadas, esto supone una desventaja considerable.

Tal y como apunta la organización, las medidas que se tomen en los próximos años serán decisivas para transformar este modelo en una verdadera alternativa inclusiva o, por el contrario, en un sistema elitista al que solo una parte de la sociedad puede acceder.