El 15 de junio es la fecha que Mónica Carrasco más teme. Es el día para el que está previsto su desahucio y el de su hijo, Ángel, que tiene ocho años y sufre parálisis cerebral, un trastorno del espectro autista, hiperactividad, cifosis lumbar y diplegia en las piernas. Por si esto fuera poco, Mónica es víctima de violencia machista por parte del padre de Ángel.

Ella y su hijo viven en la casa que alquiló junto a otra pareja que tuvo, por 550 euros al mes. Tras una ruptura, Mónica se quedó en la vivienda, pero se le empezaron a acumular los impagos. "Sólo cobro algo más de 400 euros al mes de ayuda a la dependencia y no puedo buscar trabajo porque mi hijo necesita atención las 24 horas y tiene citas con médicos especialistas cada poco tiempo", asegura. "Se me empezaron a acumular los recibos de la luz, los meses de alquiler y, al final, el casero nos denunció", relata.

Su única esperanza es que el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE), le conceda una de sus más de cien viviendas disponibles en régimen de alquiler social. Por eso este martes ha entregado en el consistorio más de 90.000 firmas ciudadanas recogidas a través del portal Change.org. "Nos han recogido las firmas unos funcionarios, pero nadie, ni la concejala de Servicios Sociales, ha salido  a recibirme", critica.

Lleva meses visitando las oficinas de los servicios sociales para buscar una solución, pero no la consigue. "La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid me ofreció una vivienda en alquiler social, pero está en otro municipio. No puedo cambiar de ciudad porque mi hijo es autista y un cambio de esta magnitud sería retroceder en todos los avances que hemos conseguido en su trastorno. Eso lo dicen los informes médicos", asegura la madre mientras insiste en que todo, hasta el más último detalle de su situación del vulnerabilidad, están recogidos por escritos oficiales. Además, todas las citas médicas del menor son en el hospital del Leganés, al igual que su logopeda y su escuela de educación especial. 

Ángel tiene parálisis cerebral, un trastorno del espectro autista, hiperactividad, cifosis lumbar y diplegia en las piernas.

Según explica, para que la EMSULE le conceda una vivienda social necesita que los servicios sociales la pidan a la empresa acompañada de un informe en el que se detallen las circunstancias. "Pero se niegan a hacerlo. Llevo meses avisándoles de que esta situación se iba a dar y no me han dado ninguna solución. Me siento abandonada por las administraciones públicas", lamenta Mónica. Servicios Sociales ha afirmado a Público que no puedo revelar información personal y ha remitido a este diario al área de prensa del consistorio.

Fuentes del Ayuntamiento afirman que a el área de servicios sociales a ha atendido a Mónica una veintena de veces tanto presencial como telefónicamente y aseguran que siguen buscando una solución. Según explican, están negociado con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para encontrar un piso que se adecue a las necesidades y hacen hincapié en que la afectada ya ha rechazado dos viviendas. Añaden que la EMSULE no posee viviendas sociales protegidas, sino que su parten se vende y alquila a precio de mercado y que, por el momento, han instado a Mónica a que busque otra vivienda de alquiler, ya que el consistorio se compromete a cubrir la fianza y el primer mes de renta. 

Sin embargo, Mónica niega que haya rechazo en dos ocasiones las viviendas que se le han ofrecido, sino sólo a una. Afirma que sólo en una ocasión ha tenido oportunidad de explicarle su caso a la concejala de Servicios Sociales, Virginia Jiménez, a quien van dirigidas las firmas que ha entregado este martes. "Me reuní hace un tiempo con ella y con técnicos del Ayuntamiento. Dijeron que me iban a ayudar, pero que era mejor que no fuera ni a los medios de comunicación ni a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Después nunca más he tenido noticias suyas", afirma. "La única solución que me han propuesto es que alquile otra vivienda y el Ayuntamiento me paga las dos primera mensualidades. Pero me piden avales y nóminas que no tengo y, además, después de esos dos meses me veré otra vez en la misma situación. No puedo hacer pasar a mi hijo otra vez por un proceso de desahucio. El trastorno autista es muy delicado", argumenta.

"Mi hijo necesita aparatos especiales que no puedo pagar. Por mis ingresos ridículos me han quitado el derecho a recibir los medicamentos de forma gratuita, el padre de Ángel no me está pasando la pensión a la que está obligado y en un mes me veo en la calle", resume Mónica. "Voy enfermar, estoy muy mal. Estoy destrozada y me fallan las fuerzas, física y psicológicamente. Si estuviera sola me daría igual irme a la calle, pero mi hijo necesita un lugar en el que vivir y un entorno apropiado", explica.