La Ley de Cambio Climático ya está en el Senado. Después de que el Congreso aprobase este jueves el texto final, la Cámara Baja deberá aprobar la norma por la vía de urgencia y España da un paso más en la descarbonización de su economía y la adaptación del país hacia los retos que impone la coyuntura de crisis ecosocial. La medida legislativa, sin embargo, llega con años de retraso –fue en 2008 cuando se planteó por primera vez esta ley– y con un texto plagado de luces y aspectos positivos, pero también de sombras y puntos tan ambiguos como criticados por el ecologismo español. 

"La ley nace vieja por los objetivos que se fija", recalca Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, organización que lamenta que este apartado empañe otros muchos aspectos positivos de una norma que será crucial para el futuro económico y social de España. Se refiere el activista a la meta de reducir el 23% de las emisiones de CO2 respecto a 1990 para 2030. Un porcentaje muy alejado de lo que marcan los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC), que exige una reducción anual del 7,6% durante la próxima década, y de la bajada de las emisiones del 55% que la Comisión Europea se fijó para las mismas fechas. 

Dada la falta de consenso en torno a las cifras, los partidos han acordado revisar ese objetivo de descenso de emisiones de cara a 2023, para tratar de incrementar la ambición de la ley climática. Juan López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica, ha defendido durante la votación de la norma el objetivo fijado y ha asegurado que las diferencias con los porcentajes marcados por Europa se deben principalmente a que España parte de un retraso en políticas ambientales. Para Inés Sabanés, portavoz de Los Verdes Equo-Más País, el porcentaje de reducción de emisiones es insuficiente y señala que fue fijado antes de la pandemia, sin tener en cuenta que Europa está destinando una ingente cantidad de fondos para la recuperación económica que podrían acelerar esa descarbonización.

Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza de SEO/BirdLife también reclama una mayor ambición climática, pero entiende que el texto final haya fijado ese 23% de reducción de las emisiones. "Tenemos que ser conscientes de que en realidad el objetivo de reducir el 55% no es de cada país, sino del conjunto de la Unión Europea. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que nosotros contribuimos a ello y si, en realidad, con ese 23% de reducción vamos poder a contribuir a que la UE cumpla con sus objetivos", explica. "Si los objetivos de la UE aumentan en los próximos años, nosotros tendremos que revisarlo", agrega.

Pocas herramientas y sin concrecciones

Durante la votación de las enmiendas, la diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez ha celebrado la llegada de la nueva ley, pero ha criticado que el texto final no asegure el suficiente consenso entre el arco parlamentario como para que en el futuro, ante un cambio de Gobierno, la ley no quede en balde, como históricamente ocurre con las leyes de educación. El peligro de que los aspectos positivos de esta norma climática queden descafeinados ante un cambio de poderes en el Ejecutivo, sin embargo, no tiene tanto que ver con la falta de consenso –algo que no se percibe en la votación en la que sólo Vox ha rechazado el proyecto de ley– como en la ambigüedad de las herramientas.

Tanto es así que se trata de una ley "paraguas" que, según ha explicado López de Uralde en rueda de prensa, emplazará al Congreso a desarrollar nuevas leyes que la complementen en el futuro. El caso más llamativo es el apartado relacionado con la movilidad sostenible, que sin adentrarse en demasiadas concreciones de cómo alcanzar la electrificación de los transportes, se apuesta por la creación en el futuro de una ley de movilidad sostenible que dé más detalles. Además, el texto aprobado obligará a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a crear antes de 2023 zonas de bajas emisiones que restrinjan el tráfico más contaminante, pero no fija mecanismos específicos que sirvan de guía a los consistorios, por lo que dependerá del Gobierno municipal en cuestión si la transformación del área urbana es más o menos ambiciosa.

"Uno de los problemas de la ley es que deja muchas reformas en manos de la acción gubernamental. Cuando haces esto y dejas en manos de ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios las herramientas para que se desarrolle la ley, lo que haces es correr el riesgo de que cuando se produzca un cambio de Gobierno, se modifiquen las herramientas con reales decretos", opina Andaluz.

Otro ejemplo es el Comité de Expertos sobre Cambio Climático. La nueva norma contempla la creación de este órgano cuyas funciones principales serán la fiscalización y vigilancia de todas las leyes que se aprueben en el Congreso desde el punto de vista de la sostenibilidad. Prácticamente todos los partidos están de acuerdo en que debe ser una herramienta independiente, sin embargo, la ley en cuestión emplaza su creación a través de un real decreto, lo que a juicio de los colectivos ecologistas podría suponer una puerta abierta a las injerencias de los Gobiernos.

"Hace falta desarrollar elementos vinculantes. No sólo a nivel estatal, las comunidades autónomas tienen también responsabilidades y, de hecho, es donde más problemas de desregulación ambiental se están viendo", zanja Andaluz.

Una ley con aspectos "muy positivos"

Más allá de las críticas recibidas, el texto tiene demasiados puntos positivos como para reducir sus resultados a la falta de ambición o a la normal falta de concreción de una ley marco como esta. "Venimos de no tener nada, hay que entender que es una ley que tiene apartados muy positivos", valora Atienza. Y es que entre las numerosas enmiendas debatidas durante estos meses, destaca el fin de las concesiones para la exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos, algo que sellará para siempre las posibilidades de que el fracking siga recibiendo flujos de inversión.

No sólo eso, la Ley contempla la prohibición de las minas de uranio a cielo abierto, una medida que afecta directamente al proyecto extractivo de Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo. Además, han salido adelante las enmiendas de Teruel Existe para garantizar que el despliegue de las energías renovables se lleva a cabo "de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial". A ello se suma la enmienda impulsada por Unidas Podemos y PSOE que obligará a las grandes empresas españolas, incluidas las públicas, a desarrollar y a aplicar planes de acción climática que garanticen que su actividad económica avanza hacia la descarbonización. 

Por último, se introduce la obligación de que el currículum académico tenga un componente transversal de educación ambiental, tanto en escuelas e institutos como universidades. Una medida que va en consonancia con la nueva Ley de Educación y que garantizará que los docentes reciban formación complementaria relacionada con el cambio climático, ahondando en los principios de resilencia y adaptación.