Los Gobiernos autonómicos de Catalunya, Cantabria y Navarra han pedido a los tribunales prorrogar las restricciones aplicadas en sus territorios, entre ellas el toque de queda, que, en cambio, este martes el Tribunal Supremo ha negado autorizar al Ejecutivo canario en la isla de Tenerife.

La Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno insular contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que este estimó "de forma razonada" que carecía de justificación la limitación de la libertad de circulación a la vista de las circunstancias concurrentes en Tenerife.

El Supremo coincide con el TSJ en la "poca claridad" del planteamiento del Gobierno canario, que pedía autorizar un toque de queda para toda la isla de Tenerife, pese a que las cifras aportadas de los diferentes municipios no eran homogéneas. Y añade que la propuesta subsidiaria de aplicar la medida en los municipios con una incidencia acumulada a siete días superior a 100 casos "se encuentra huérfana de información suficiente y clara".

Catalunya, Navarra y Cantabria piden prorrogar el toque de queda

No parece ser que ese sea el escenario de Catalunya, Navarra y Cantabria, una vez que los tribunales autonómicos ya autorizaron anteriormente el toque de queda y otras restricciones que ahora piden prorrogar hasta una semana, un mes y otros quince días, respectivamente.

El Govern ha anunciado que pedirá mañana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ampliar durante una semana más el confinamiento nocturno entre la 01.00 y las 06.00 horas en 162 municipios con alta incidencia, tres menos de los actuales. Desde el Ejecutivo catalán confían en que la Justicia se pronuncie pasado mañana y la medida pueda entrar en vigor la madrugada del jueves al viernes.

Si el TSJC avala extender esta restricción, en vigor desde el 16 de julio, pasarán a tener toque de queda 136 localidades de más de 5.000 ciudadanos con una incidencia acumulada de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, así como otros 26 municipios con datos más positivos, pero rodeados de ciudades con peores condiciones epidemiológicas.

Quien ya ha remitido su petición a los tribunales ha sido el Gobierno de Navarra, que pide mantener íntegramente las medidas que ya están en vigor durante un mes más, del 30 de julio al 2 de septiembre, aunque habrá revisiones semanales.

La orden foral mantiene la limitación de movilidad entre las 01:00 y las 06:00 horas de la madrugada en las localidades con más contagios, aunque estará acotada a fines de semana, festivos y fechas en las que se hubieran celebrado las fiestas locales. Además de la movilidad nocturna, entre las medidas actualmente vigentes figura la limitación a 10 personas de las reuniones, y la prohibición de pasacalles y festejos taurinos.

La tercera comunidad que enfrentará un nuevo aval de los tribunales será Cantabria que solicitará hoy la autorización para prorrogar la limitación de la movilidad de las personas y del tamaño de los grupos desde la 1 a las 6 de la madrugada en aquellos municipios con peores datos epidemiológicos, actualmente 70.

Si el tribunal autonómico avala la decisión sanitaria, en los municipios afectados no se podrá circular por la calle, salvo las excepciones que recoja la resolución, y tampoco podrá haber grupos de más de 6 personas en domicilios u otros ámbitos privados, salvo que sean convivientes. Además, todos los establecimientos públicos deberán estar cerrados a la una de la madrugada.

Mientras tanto, diecinueve municipios cántabros han escalado este martes al nivel 3 de alerta covid (alto), entre ellos algunos de los que tienen más población, como Santander, Camargo, Piélagos o Castro Urdiales, lo que obligará al cierre del interior de sus establecimientos de hostelería a partir del jueves.

Al margen de revisar las órdenes de los gobiernos regionales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha considerado conveniente impulsar una ley más completa en la que los jueces puedan apoyarse al convalidar o no restricciones de derechos, como toques de queda o confinamientos, que acuerden el Gobierno central o las comunidades autónomas. Y ha advertido de la avalancha de pleitos que llegará a los juzgados debido a la crisis por la pandemia que saturarán un sistema ya colapsado sobre todo en los órdenes social y mercantil.