CoronavirusUn informe detalla cómo Madrid y Catalunya dejaron morir a ancianos en las residencias

"Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico, desesperada, diciéndole que por favor le derivaran al hospital. Me dijo: 'Lo siento, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias'". Elena Valero perdió a su padre en marzo, durante la primera ola de la pandemia. Ingresado en una residencia de mayores en Madrid, enfermó de covid-19 y, como a otros miles de ancianos, le denegaron la atención hospitalaria. 

El caso de Elena y su padre es el de la tragedia vivida por tantas y tantas familias a las que el coronavirus pilló con un ser querido dentro de una residencia que no estaba preparada para afrontar una pandemia. En un nuevo informe, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de las personas mayores que vivían en estos centros en la Comunidad de Madrid y Catalunya han sufrido desde marzo hasta cinco violaciones de derechos humanos. 

"Se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", detalla Esteban Beltrán, director de la organización en España, en un comunicado. "No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente", añade la ONG. 

Elena Valero tuvo que soportar que el médico de la residencia, ante la prohibición de traslados a hospitales, le dijera que lo único que podía hacer por su padre era administrarle "oxígeno y paliativos, y hasta que su cuerpo aguante". "Fue lo más duro que me ha sucedido", rememora en un testimonio recogido por Amnistía. 

Amnistía vincula la denegación de atención a los mayores con las medidas de austeridad y los recortes en sanidad

Daniel Martínez tampoco pudo despedirse de su madre, fallecida por coronavirus en una residencia, en este caso de Barcelona. A él, igualmente, le dijeron que, por su edad, no la atenderían en un hospital. "Los abandonan a morir, porque no les dan nada, los dejan morir", denuncia. Daniel relata cómo fueron los últimos días de su madre, enferma de alzhéimer, en el centro y la soledad que debió sufrir: "Una persona que cada día veía a su familia, caras conocidas, que estaban con ella, que le hablaban, que le hacían bromas, que le daban besos y abrazos, de golpe y porrazo deja de verles, ve que la aíslan en una habitación, sola... esa persona evidentemente se tiene que deprimir".

El padre de Paco Rodríguez, que vivía en otra residencia de Barcelona, sí fue derivado a un hospital. Y superó el coronavirus. La familia vivió con gran angustia las semanas de aislamiento forzoso del anciano, al que sólo pudieron ver alguna vez por videollamadas de WhatsApp. "Para mí lo más indignante es que se han vulnerado derechos fundamentales a personas que, por una cuestión de edad, han sido discriminadas", denuncia Rodríguez. "A mi padre, afortunadamente, aún le tenemos, pero hay miles que les habrá pasado lo mismo y que han muerto porque alguien ha decidido que las personas de más de 80 no debían ser derivas a hospitales", subraya.

Amnistía vincula la denegación de atención a los mayores con las medidas de austeridad y los recortes en sanidad. El "desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública", defiende la ONG, se ha notado también en las residencias de Madrid y Catalunya en la falta de recursos, como pruebas PCR, en la falta de personal y en la falta de protección de los trabajadores.

"Ya que no nos daban EPIS (equipos de protección individual), optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico. No hemos tenido ningún tipo de protección", critica Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, tal y como recoge el informe de la organización.

Si la falta de equipos y recursos fue alarmante durante los primeros meses de la pandemia, la situación de las residencias en la segunda ola sigue siendo preocupante. Amnistía defiende que las medidas aplicadas hasta ahora son insuficientes y reclama a las autoridades, en especial de Madrid y Catalunya, que tomen decisiones de forma urgente. 

A corto plazo, la organización demanda un cambio en los protocolos autonómicos que puedan llevar a medidas discriminatorias para asegurar que las decisiones sobre la atención médica se realizan en base a evaluaciones individualizadas. También reclama al Gobierno central que apoye una investigación independiente y que "impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado".

La situación de las residencias en la segunda ola de la pandemia sigue siendo preocupante

A esas peticiones se suma Lola Parra, otra víctima del drama vivido en las residencias. A pesar de que lo pidieron en multitud de ocasiones, el centro se negó trasladar a su suegro a un hospital. "Es que no está tan grave", le decían. El anciano falleció en su cama de la residencia, donde permaneció 24 horas hasta que pudieron retirar el cadáver porque "las funerarias no daban abasto". "Me hubiera gustado que la gestión de la Comunidad de Madrid hubiera sido diferente, que no hubieran negado la asistencia. Que hubieran tenido un poco más de humanidad", concluye la mujer.

El Gobierno estima que en la primera ola murieron más de 20.200 personas en residencias, cerca de la mitad de todos los fallecidos por coronavirus en esos meses, según los datos oficiales. En la segunda ola, alrededor de también el 50% de las muertes siguen ocurriendo en estos centros. En un informe del Ejecutivo se señala la falta de personal y la escasez de equipos de protección como dos factores clave de la alta incidencia del virus en las residencias, donde se repartirán las primeras dosis de la vacuna que lleguen a España.

Los protocolos que negaban la atención hospitalaria a los mayores existían, como se ha evidenciado. Multitud de asociaciones y familiares han reclamado a la Justicia que investigue cómo es la situación real de las residencias, la desprotección que siguen sufriendo y las posibles responsabilidades de las administraciones. Hasta ahora, salvo alguna condena contra responsables de algún centro, ninguna sentencia ha culpado a los representantes políticos de la catástrofe.