El primer texto nacido de las negociaciones de Glasgow podría anunciar una nueva decepción para la acción global contra la crisis climática. Los borradores que se van publicando estos días dejan entrever que la primera semana de negociaciones técnicas no han servido para arrancar grandes compromisos de alto nivel, más allá de las alianzas y acuerdos específicos contra el metano y la deforestación. La a división entre norte –países industrializados y desarrollados– y sur –países en desarrollo y más vulnerables ante los efectos del calentamiento del planeta– se está haciendo evidente en cada plenario y la ambición parece lejos de elevarse.

El primer borrador del acuerdo de Glasgow –un resumen de lo que los técnicos que negocian las posturas de cada país consiguieron acordar– deja de lado cualquier mención a la reducción de combustibles fósiles, algo que no ha contentado demasiado a los observadores que han acudido a Escocia para presionar a las delegaciones y pedir que los acuerdos salven el Acuerdo de París. Esta omisión se complementa con el peso que los países han dado a la necesidad de alcanzar emisiones cero-netas para 2050 en el apartado de mitigación del documento.

"Se están interpretando las emisiones netas como el camino a largo plazo donde la tecnología nos permita seguir quemando combustibles fósiles apostando por herramientas de captura de CO2. Cuando hablamos de alcanzar objetivo cero-neto, nos referimos a equilibrar las emisiones residuales que no podemos reducir, como el metano de la agricultura ecológica, a través de bosques y sumideros naturales de carbono. Cuando en el texto que se ha publicado se habla de emisiones cero-netas y se obvia decir que no se deben quemar más combustibles fósiles, se está dejando esta visión de que podemos seguir emitiendo CO2 si invertimos en tecnología. Es algo que nos preocupa muchísimo", explica Tatiana Nuño, portavoz de Greenpeace.

Javier Andaluz, observador de Ecologistas en Acción en la COP26, enfatiza en la idea de que "se parte de un texto muy débil" y respalda lo dicho por la activista de Greenpeace. "Tras el proceso de negociaciones de la primera semana vemos que el texto tiene una carencia importante a la hora de afirmar que los combustibles fósiles son responsables de la crisis climática. Cualquier acuerdo debe partir de la idea de que debemos abandonar la quema de petróleo, gas y carbón".

El resultado descafeinado de este borrador se debe a la propia naturaleza de las cumbres climáticas, cuyos acuerdos se enmarcan en una diplomacia de consensos. Es decir, cualquier delegación puede tumbar un acuerdo si ve amenazados sus intereses sociales, económicos o de cualquier otra índole. En ese sentido, el encuentro de Glasgow está desenmascarando a algunos países con todavía una gran dependencia de la producción y exportación de combustibles fósiles. Es el caso de Australia, cuyo ministro de Recursos, Keith Pitt, ha anunciado este mismo lunes que seguirá quemando y produciendo carbón durante las próximas décadas. El país oceánico, junto con Arabia Saudí y Brasil, ha bloqueado buena parte de los avances de la primera semana dejando el primer borrador marcado por un lenguaje ambiguo que los Gobiernos deberán concretar en esta segunda etapa de la COP26.

Los países mas vulnerables reclaman acciones

Del Acuerdo de París emanaba una idea crucial para abordar la crisis climática: los países ricos eran responsables de un problema que estaban padeciendo las regiones más empobrecidas y que menos combustibles fósiles habían quemado. Por entonces, el impulso de Barack Obama a las negociaciones propició que los Gobiernos desarrollados se comprometieran a financiar anualmente, a partir de 2020, con 100.000 millones de dólares la adaptación y reparación de daños en los países más expuestos a la desertificación o la subida del nivel del mar. Esa promesa, sin embargo, no se ha cumplido y está lejos de alcanzarse en Glasgow. Las naciones privilegiadas todavía no han logrado incrementar la financiación más allá de los 89 millones de dólares anuales, en parte, debido al bloqueo de Arabía Saudí, que en la noche del viernes frenó cualquier avance en materia de ayudas y adaptación de los Estados más vulnerables. La voluntad de EEUU, el principal emisor de CO2 del planeta, tampoco parece ser suficiente, en tanto que ha anunciado que aportará –en 2024 y si el Congreso lo aprueba– 3.000 millones de dólares al fondo, una cifra insuficiente para los países en desarrollo, que han pedido que los Estados más fuertes dupliquen la aportación.

Ante el inmovilismo, algunos Gobiernos miembros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), como el de Antigua y Barbuda o el de Tuvulu, han anunciado que acudirán directamente a los tribunales internacionales para pedir justicia sobre la responsabilidad de los países del norte por las emisiones globales de CO2 y la subida del nivel del mar. Este bloque de países además del grupo de Estados africanos están reclamando estos días que que se desarrollen por fin algunas herramientas como los mecanismos de pérdidas y daños por el cambio climático. Por el momento, los países sólo han conseguido consensuar que se ponga en funcionamiento la Red de Santiago anunciada en la COP25 de Madrid, pero no se ha aclarado con qué criterios, lo cual deberá abordarse en las próximas jornadas.

Las divisiones entre norte y sur se vislumbran también en todas las conversaciones que giran en torno al libro de reglas del Acuerdo de París. Todos los problemas derivan del Artículo 6, que hace referencia a la cooperación y la supuesta necesidad de articular un mercado internacional de carbono que sustituya al existente, que fue aprobado en la cumbre de Kioto de 1997 y del que sólo forman parte las naciones desarrolladas. Mientras las naciones más ricas quieren imponer una herramienta basada en criterios de mercado, naciones como las pequeñas islas del pacífico o el bloque africano reclaman que el mercado de CO2 sirva para fortalecer la inversión en adaptación de las regiones más afectadas por la emergencia climática. 

De hecho, las diferencias de posturas sobre el Artículo 6 son tan grandes que el texto a debatir incluye más de 290 aportaciones diferentes que deberán negociarse en escasos cinco días y reducirse –por la vía del consenso– a una sola página, tal y como informa Simon Evans, editor de Carbon Brief. Los países llevan, al menos desde 2018, tratando de desentrañar sin éxito una fórmula de mercado de carbono que contente a todas las partes. Parece que las conversaciones de Glasgow siguen igual de encalladas y todavía no hay presagios de acuerdo.

Elevar la ambición

Los Estados llegaban a la COP26 con una evidente falta de contundencia para actuar contra la crisis climática. Según un informe de síntesis publicado días antes de la cumbre, las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC) –los planes asumidos para reducir la huella de carbono de cada país– que se han presentado hasta la fecha no servirían para cumplir con el objetivo de disminuir las emisiones de CO2 en un 55% para 2030. Con esos datos sobre la mesa, las delegaciones se presentaban en Glasgow con el objetivo de elevar la ambición climática y presentar nuevos programas para alinear sus políticas con los reclamos de los científicos del IPCC.

Todavía se deben materializar acuerdos que hagan confiar en que los Gobiernos van a incrementar sus compromisos en la lucha contra la crisis climática. No en vano, ya se empiezan a movilizar algunos consensos positivos como la obligación de que todos los países presenten en 2022 sus NDC actualizados. Además, por primera vez se menciona en este apartado de mitigación la necesidad de incluir un acuerdo para reducir "otros gases distintos al CO2", una referencia clara al metano, causante del 25% del calentamiento del planeta. Los días restantes serán cruciales para esclarecer qué naciones anuncian un mayor recorte de emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2030. España, por ejemplo, llega con un compromiso de recorte del 23% para finales de década, por lo que no sería de extrañar que ampliara el objetivo y lo acercara más a la reducción del 55% que reclama la ciencia.