"Es necesaria una decisión rápida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas". Así de contundente se ha mostrado este miércoles el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en un duro escrito dirigido al Ministerio de Justicia en el que pide que dejen de practicarse sujeciones mecánicas en los centros de menores infractores, también conocidos como centros de reforma o reformatorios.

Se refiere al tipo de contención que causó la muerte al joven marroquí de 18 años el pasado año en el centro de menores Tierra de Oria (Almería), Iliass Tahiri, cuyo caso fue archivado por el juez a pesar de las dudas generadas por este protocolo de inmovilización que consiste en atar con correas de pies y manos a la cama a una persona hasta que concluya su estado de agitación.

Marugán pide al departamento de Juan Carlos Campo que "derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores" que regula estas medidas y también ha recomendado a los gobiernos de Andalucía y de Melilla que acaben con estas prácticas en los centros de su jurisdicción, ya que "exige el uso de la fuerza" y pone "en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física".

"No puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias", expone Marugán, que recuerda que, además de Tahiri, también murió en 2017 Mahamadou Barry, un chico guineano 17 años que permaneció 20 días en coma tras ser reducido con "cierta rudeza" en el Centro Educativo de Menores Infractores de Melilla.

"Lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privación de libertad antes de la mayoría de edad", insiste el Defensor del Pueblo, que aboga por "técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada" para solucionar posibles conflictos en estos centros, como agotar la vía del diálogo.

Esta institución que también actúa como Mecanismo de Prevención de la Tortura en España ya advirtió en 2017 de que "inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores".

La sujeción mecánica, aunque es legal en España, ha sido puesta en entredicho por el Consejo de Europa, además de por el Defensor del Pueblo en repetidas ocasiones. Aun así, según pudo saber Público,  sólo en Andalucía se han aplicado en al menos 360 ocasiones en los últimos dos años.

Resulta complicado conocer esta cifra a nivel nacional, una tarea imposible incluso para el propio Defensor del Pueblo. A pesar de tener registrados en el país 71 centros para menores infractores, su gestión depende de las Comunidades Autónomas  y muchos están gestionados por entidades o empresas privadas. "Las diferencias entre los responsables de los centros en la forma de recoger los datos impide saber cuántos menores han estado sometidos a medidas privativas de libertad", advertía Marugán ya en 2018.