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El Constitucional reaviva la lucha contra la tauromaquia en España

El debate del Constitucional sobre anular la prohibición de las corridas de toros en Catalunya reactiva las movilizaciones del movimiento animalista. Barcelona ha sido este viernes la primera ciudad en protestar

La protesta frente a la plaza de toros de la Monumental.

LAURA SAFONT

BARCELONA.- El Tribunal Constitucional (TC) ha debatido esta semana contra una ley emanada del Parlament de Catalunya pero, esta vez, dirigiendo la diana a las corridas de toros y reavivando el conflicto de la tauromaquia en España. Según algunas informaciones, el Constitucional baraja anular en dos semanas la prohibición de los toros en Catalunya, una decisión que llegaría seis años después de que el Parlament los prohibiera a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la plataforma Prou! y avalada con más de 180.000 firmas. La amenaza ha organizado al movimiento animalista para erradicar las corridas de toros en todo el Estado y se prevén movilizaciones en todo el país.

Barcelona ha sido la tarde del viernes la primera ciudad en protestar contra la tauromaquia y, en particular, contra las intenciones del TC de devolver los toros a Catalunya. Unas 300 personas se han manifestado frente a la plaza de toros de la Monumental -la única que se mantiene en la ciudad- bajo el lema “Misión Abolición” con el objetivo de abolir las corridas en todos los territorios del país. El Partido Animalista (PACMA) ha organizado la concentración con la finalidad de visibilizar el conflicto y concienciar a la sociedad contra la tauromaquia. Una de sus portavoces, Ana Bayle, ha declarado a Público durante la protesta que se trata de "una de las muchas manifestaciones que se harán cuando salga la sentencia del TC”. “Vamos a concienciar a toda la sociedad y a emprender acciones legales para conseguirlo”, ha añadido.

La ponencia del TC para eliminar el veto de las corridas en Catalunya se ha hecho efectiva tras un recurso presentado por el PP contra la ley catalana que los magistrados han guardado durante todos estos años, pero que ahora reaparece con el argumento de que Catalunya invadió competencias del Estado al anular las corridas. “Quieren utilizar a los animales como moneda de cambio. Usan a los más débiles para sostener un discurso político que nada tiene que ver con el maltrato animal”, ha lamentado Bayle en relación a la ofensiva del TC contra el proceso soberanista y las normas surgidas del Parlament.

El movimiento animalista considera que la sentencia no prosperará en Catalunya y, de hacerlo, habrá una movilización social y política masiva, con el apoyo del independentismo. “No interesa que vuelvan las corridas de toros a Catalunya por una cuestión económica”, ha defendido Boyle. La plataforma Prou! ha anunciado esta semana que recurrirá a tribunales internacionales y el Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado que dispone de estudios jurídicos que permiten proteger a la ciudad de la vuelta a los toros.

La directora de Anima Naturalis, Aida Gascón, ha argumentado a Público durante la protesta en Barcelona que la sentencia del TC “hará incrementar el apoyo social y político al movimiento en defensa de los animales”. El grupo ecologista ha reunido más de 24.000 firmas a través de Change.org en sólo dos días para que las corridas sigan prohibidas en Catalunya y, según Gascón, “ayuda a hacer mucho ruido y puede retrasar las decisiones del TC”.

La portavoz de PACMA considera que, pese a todo, “hay un cambio de conciencia en toda España que empezó con la abolición del Toro de la Vega de Tordesillas” este año. De hecho, una sentencia favorable de los magistrados del TC haría peligrar las iniciativas que están impulsando otros ayuntamientos del cambio como los de Valencia, San Sebastián, A Coruña o Palma de Mallorca. Pero, como confirman los datos del Ministerio de Cultura, la tauromaquia está perdiendo interés en toda España. Mientras en 2007 se celebraban casi tres corridas de toros al día, en 2015 ni siquiera había una diaria. Además, la concentración de las corridas se corresponde en un 70% a las zonas de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha.

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