El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley trans con el apoyo de todos los grupos que sustentan el Gobierno de coalición y con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que a última hora ha dado libertad de voto a sus miembros.

El texto fue aprobado con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Con esta aprobación, la norma sigue su camino hacia el Senado, donde será tramitada de urgencia para aprobarla definitivamente. Algunos representantes han roto su disciplina de voto o han votado en contra de lo que lo han hecho su formación. Es el caso de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que finalmente se abstuvo, a pesar de que el PSOE había decidido apoyar la norma sin las principales enmiendas presentadas por los socialistas. En especial la que tenía que ver con los menores trans, que pedía que los menores entre los 12 y los 16 años solo pudieran realizar el cambio de sexo en el registro mediante una autorización judicial. Otra de las diputadas que votó en sentido contrario a su grupo fue Sara Giménez, de Ciudadanos, que fue la única que no votó en contra.

Polémicas hasta el final

La ley llega a su fase final de aprobación tras más de dos años de grandes polémicas. Por un lado entre los socios del Gobierno (PSOE y UP), pero también con serias discrepancias dentro del propio Partido Socialista, muchas de cuyos cargos hicieron una férrea oposición a la norma en los primeros meses de su tramitación. Entre ellos destaca la exvicepresidenta Carmen Calvo.

El Partido Socialista había anunciado en diversas ocasiones la necesidad de dar "seguridad jurídica" a la ley. En un principio, cuando Carmen Calvo era vicepresidenta del Gobierno y responsable de Igualdad del PSOE, esa afirmación estaba más ligada a asegurar que la ley propuesta no interfiriera con los derechos de las mujeres y a aclarar conceptos como el género y el sexo, que podían "borrar a las mujeres" y sus opresiones, tal como afirmó un documento interno del PSOE en 2020. Posteriormente el PSOE presentó una serie de enmiendas para conseguir esa seguridad jurídica. Entre ellas proponía un cambio en los trámites para que los menores entre 12 y 16 años pudieran cambiar su sexo en el registro solo mediante una autorización judicial. Otra tenía que ver con la reversibilidad del cambio de sexo, que los socialistas proponían que fuera a través de la justicia. Ninguna de estas dos modificaciones salieron adelante. Sin embargo, el PSOE acabó apoyando la norma.

También parte del movimiento feminista se opuso a esta ley, afirmando que la norma borra a las mujeres y que pervierte diversos logros alcanzado por el movimiento feminista. Diversas organizaciones presentaron a los grupos parlamentarios un documento con 24 enmiendas a la norma, entre las que figuraban la necesidad de que se exigiera un informe médico para poder realizar el cambio de sexo en el Registro Civil.

Finalmente los acuerdos en el seno del Gobierno de coalición salieron adelante. Por el camino de la tramitación de esta norma Carmen Calvo fue destituida como vicepresidenta del Gobierno y desde hace meses no ocupa un cargo orgánico en el Partido socialista.

La norma sale adelante con algunas conquistas que las organizaciones LGTBI y el Ministerio de Igualdad habían propuesto mejorar durante su tramitación, pero que se han quedado fuera. Entre ellas, la de ampliar los derechos de los menores trans, incluir la prohibición penal de las terapias de conversión, aumentar los derechos de las personas trans migrantes o el reconocimiento de las personas no binarias.

Esta ley, que el Ministerio de Igualdad quería aprobar antes de fin de año, debe pasar ahora por el trámite en el Senado, que será realizado de urgencia. Sin embargo, muchos consideran que no habrá tiempo suficiente para aprobarla antes de fin de año y que deberá quedar para principios de 2023.