La Comunidad de Madrid financia con dinero público a la Fundación Filia de Amparo al Menor, para que los madrileños accedan de forma "gratuita" al servicio de coordinación de parentalidad que esta organización intenta implantar en nuestro país desde hace varios años. Se trata de una figura que no está regulada en ninguna ley, que no tiene funciones definidas, ni un programa homologado de formación de los profesionales que la practican, pero que cada día se utiliza más en juzgados españoles en procesos de separaciones conflictivas. Específicamente en los procesos judiciales en los que existe un reiterado incumplimiento de las sentencias y en las que están involucrados los hijos menores.

Según denuncian diversas asociaciones de juristas y expertas en infancia, la figura del coordinador parental es una forma de introducir en los juzgados el mal llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una patología que no está reconocida por ninguna organización médica o psiquiátrica internacional y que en nuestro país rechazan tanto el Consejo General del Poder Judicial, o el Colegio Oficial del Trabajo Social, entre otras.

El SAP entra en los procesos judiciales culpando a las madres de alienar a sus hijos para que no quieran ver a su progenitor, aduciendo que son ellas las que interfieren en la relación paterno-filial, en la mayoría de ocasiones sin tener en cuenta el testimonio del menor y los motivos por los que rechaza la figura patena. Este supuesto síndrome se aplica muy a menudo en procesos en los que hay denuncia por violencia de género o de abusos sexuales a menores.

Según un reciente informe de la Asociación de Jurista Themis, la Fundación Filia de Amparo al Menor, ha sido la punta de lanza para introducir el SAP en los procesos judiciales en nuestro país y desde el año 2011 comenzó a introducir la figura del coordinador de parentalidad en España. Unos años después Filia también creó los primeros cursos universitarios para formar a profesionales en esta supuesta especialidad. Unos títulos que no están reconocidos por ninguna institución, excepto por la propia Filia, que creó la Asociación Española de Coordinadores Parentales (ASECOP).

Entre los profesores del curso sobre coordianción parental puesto en marcha en la Universidad Rey Juan Carlos en 2018, figuraba el conocido como Juez Francisco Serrano, un negacionista de la violencia de género que poco después se convertiría en el cabeza de lista de Vox en Andalucía.

La presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado del Castillo, tampoco es una desconocida. En diversas intervenciones, como la que realizó ante la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados en Octubre de 2018, se explaya sobre la existencia de infinidad de denuncias falsas en relación a la violencia de género y en el hecho de que los menores mienten.

"Es inconcebible", afirma Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea, "que el Gobierno de Madrid esté financiando a esta organización negacionista de la violencia de género y pro SAP, considerándola como de interés social. Primero porque la coordinación de parentalidad no es de interés social y segundo porque la propia organización y los postulados que defiende, van contra las mujeres y los niños". 

Fondos del 0,7% del IRPF

La financiación de Filia para la contratación de coordinadores parentales proviene de los fondos que Madrid gestiona de la casilla para asuntos sociales del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF), el conocido como 0,7%. Según los datos recogidos en el Portal Ciudadano de la Comunidad de Madrid, la organización recibió para 2020 algo más de 43.000 euros de los más de 163.000 que solicitó. Este es el único dato disponible hasta la fecha.

Más allá de estas cifras, la información es opaca. El pasado mes de junio Lorena Morales solicitó información sobre esta subvención. Pedía conocer el expediente completo relativo a la Protección al menor desde la intervención del coordinador parental 2020, presentado por Filia a la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Cuatro meses después no había obtenido ninguna respuesta.

"La pregunta la registré en la mesa de la Asamblea y tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tenían dos meses para contestar, pero no recibí nada. A principios de octubre solicité y obtuve un amparo, que significa que si no hay impedimentos para desvelar una determinada información, están obligados a responder", afirma Morales. De esto hace ya más de un mes y todavía no ha recibido ninguna respuesta. Este periódico solicitó a la Consejería de Políticas Sociales y Familia información sobre el tema, pero hasta el momento de cerrar esta información, no había respuesta. 

Si nos atenemos a los que afirma la presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor, su asociación lleva recibiendo estos fondos de la Comunidad de Madrid para financiar a los coordinadores parentales desde 2018. Un servicio, afirma, del que ya están haciendo uso los juzgados de Familia  24, 27 y 66 de la capital y de un buen número de Juzgados Mixtos de ciudades que rodean Madrid, como El Escorial, Móstoles, Majadahonda, entre otros. 

Un síndrome contra mujeres y menores

Tal como lo describe la psicóloga forense Sonia Vaccaro, el SAP "se usa para impulsar una ideología: la misoginia y que cae como una bomba nuclear en los procesos judiciales". Cuando entra en el juzgado de la mano de los equipos psicosociales o los coordinadores parentales, lo destroza todo. Destroza la credibilidad de los menores y de las madres y los deja desprotegidos.
"Es un arma para ocultar el incesto y la violencia de género, continuar el control y el maltrato a las mujeres y usar a los hijos como un vehículo de violencia vicaria [la que se ejerce a través de un tercero]".

No sólo eso. Muchos críticos de esta figura consideran, además, que se trata de un negocio muy sustancioso, en el que se utiliza la teoría de la amenaza propia del SAP para mantener a los individuos ligados a una terapia que por lo general tienen que pagar de su propio bolsillo. Recientemente Público se hizo eco de las desventuras de una mujer que denunció a su expareja por maltratar a su hija y que acabó en una coordinación de parentalidad. Las amenazas de retirada de custodia de la menor o de informar negativamente al juzgado si no cumplían los requerimientos de las psicólogas, narra una historia de terror. 

En Madrid, a pesar de que Filia afirme a diestro y siniestro que ofrece un servicio "gratuito" a quién necesite esta figura, la realidad es que este coste sale del bolsillo de los ciudadanos y sirve para engrosar los ingresos de unos profesionales que no están reconocidos en nuestro país. En el caso desvelado por Público, la mujer afirmaba que cada progenitor se vio obligado a pagar unos 6.000 euros por una coordinación parental que debía durar 10 meses. En decir, un total de 12.000 euros. 

Otro aspecto que destacan diversas juristas, es la inseguridad jurídica que genera esta figura. Un reciente informe de la Asociación de Mujeres Juristas Themis sobre la coordinación de parentalidad, afirma que se trata de un proceso "alternativo obligatorio de resolución de conflictos, para conseguir el cumplimiento de las visitas y estancias de menores con los progenitores no custodios en las ejecuciones de alta conflictividad". Altamira Gonzalo, jurista  y portavoz de dicha organización explica que "el coordinador parental no sugiere, decide y esto tiene un agravante claro. Porque las decisiones de un juez o una jueza se pueden recurrir, pero las de un coordinador de parentalidad, no. Y estas, sólo tienen una finalidad: que se cumplan por la fuerza las visitas, independientemente de los motivos por los que el menor no quiera ver al otro progenitor, que casi siempre es el padre". 

Para diversas expertas en la materia, existen en nuestro país diversos recursos públicos que pueden y deben asumir estas tareas de formal imparcial. Entre ellos, los gabinetes psicosociales, los Institutos de Medicina Legal o incluso los Puntos de Encuentro Familiar, los cuales con una inversión de recursos adecuados son alternativas públicas que ya están en pié.

Una reciente publicación elaborada por un equipo multidisciplinar, que incluye a juristas y psicólogas y que fue publicada por Lefebvre llama la atención sobre el hecho de que a pesar de no existir ninguna regulación, ni leyes autonómicas que reconozcan a los coordinadores parentales, algunas universidades privadas se han lanzado a realizar cursos de experto en coordinación de parentalidad, que se ofrecen a titulados en derecho, psicología o trabajo social. "Resultando llamativo que se promueva entre aspirantes que provienen de una formación previa tan dispar, y que, de base, únicamente comparten el contexto judicial de las actuaciones. Asimismo, sorprende que en numerosas ocasiones, entre el personal formador se encuentren reconocidos defensores de lo que ha venido a ser llamado Síndrome de Alienación Parental, que no ha sido avalado por la investigación médica y psicológica, ausente de todo rigor científico, y desaconsejado por el propio Consejo General del Poder Judicial ", afirma el informe.