La Comisión Europea reconoce como energía verde al gas y las nucleares, pese a la opinión en contra de sus propios expertos

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el Acto Delegado Complementario final sobre la Taxonomía de Actividades Sostenibles con el que se cataloga al gas y a las nucleares como energías sostenibles para la transición ecológica. La decisión ha sido tomada una semana después de que el grupo de asesores expertos de la Unión Europea emitiera un informe en el que se rechazaba el cambio en el reglamento.

El reglamento de la taxonomía verde tiene el objetivo de orientar las inversiones privadas hacia prácticas económicas que sean más respetuosas con el medio ambiente y que ayuden a acelerar la transición ecológica y energética. Con este cambio, se pone el gas y la nuclear al mismo nivel que tecnologías renovables como la solar o la eólica. Todo ello significa que estas dos fuentes de energía recibirán privilegios propios de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero.

La decisión no está exenta de polémica, pues la semana pasada la Plataforma de la Unión Europea sobre Finanzas Verdes, el grupo de expertos que asesora a la Comisión, emitió un informe en el que cuestionaba la compatibilidad de esta decisión con los planes de descarbonización de la Unión Europea. Respecto al gas, los asesores señalaban que "no es verde en ningún momento de su vida" y ponían el foco en las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su uso. En cuanto a las nucleares, el documento publicado evidenciaba los riesgos que supone esta tecnología para la "protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular o la protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas".

"El Acto Delegado de hoy trata de acompañar a la economía de la UE en la transición energética, una transición justa, como puente hacia un sistema de energía verde basado en fuentes de energía renovables. Acelerará la inversión privada que necesitamos, especialmente en esta década. Con las nuevas reglas de hoy, también estamos fortaleciendo la transparencia y la divulgación de información, para que los inversionistas tomen decisiones informadas, evitando así cualquier lavado verde", ha dicho Vladis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de Comercio.

Con este reglamento aprobado, se considerarán verdes todas las centrales nucleares que cuenten con un permiso de construcción antes de 2045 y siempre deben de presentar garantías de poder tratar los residuos radioactivos. Por lo que respecta al gas, se ha aprobado que este debe emitir menos de 270 kg de CO2 por KW/h y recibir un permiso de construcción previó a 2030.

La decisión de la Comisión Europea no es definitiva, pero si es un paso importante. Ahora el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo tienen un periodo de 4 meses para presentar alegaciones y oponerse al proyecto. Además se pueden solicitar otros dos meses adicionales para tumbar la medida. Tras este periodo, si ninguno de los dos organismos consigue mayorías para frenar la medida, la nueva taxonomía verde entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Volatilidad y rentabilidad dudosa

Esta decisión, sin embargo, podría desincentivar las inversiones privadas hacia las fuentes de energía que realmente son renovables, lo que podría frenar el despliegue de plantas eólicas o solares, esenciales para lograr descarbonizar la economía y alcanzar la neutralidad de emisiones para mediados de siglo.

La apuesta en firme por el gas podría aumentar la volatilidad del mercado energético actual y la dependencia del exterior, pues no es un combustible abundante en Europa, en tanto que los Estados dependen en buena medida de los suministros que vienen del Argelia o de Rusia. Según un informe publicado en noviembre por la consultora Aurora Energy Research –por encargo de la Fundación Europea para el Clima– apostar por el gas e incrementar la generación con este combustible podría suponer una subida notable en la factura de la luz de hasta el 44% para finales de esta década, debido al alza del precio del CO2, vinculado a las energías fósiles, que estaría de medía un 80% por encima de las elevadas marcas actuales. 

Por lo que se refiere a las nucleares, se trata de una tecnología con un riesgo ambiental importante por la difícil gestión de sus residuos. A nivel económico, hay también ciertas dudas sobre la rentabilidad de levantar nuevas infraestructuras, pues desde que se inician las obras hasta que empiezan a estar operativas suelen transcurrir una media de entre 10 y 20 años. Además, las obras suelen estar marcadas por sobrecostes sólo asumibles con respaldo de capital público. Olkiluoto-3, en Finlandia; Flamanville-3, en Francia; o Hinkley Point, en Reino Unido, son algunos de los ejemplos más recientes del elevado coste de estas instalaciones. La última de estas centrales ha pasado a la historia como la construcción ingeniera más cara de la historia, con una factura final de 24.000 millones de euros.

"Definitivamente ganan los lobbies de las grandes corporaciones energéticas, de la nuclear y el gas, y pierde la transición verde. Esta decisión perjudica a España, ya que detrae recursos de las renovables para dedicarlos a energías convencionales. Es una decisión que retrasará la transición energética al apostar por un combustible fósil como el gas, y que ignora los problemas asociados a la energía nuclear como la generación de residuos radiactivos, como si eso no fueran problemas de sostenibilidad", ha valorado Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador federal de Alianza Verde.

Florent Marcellesi, portavoz de Los Verdes-Equo, también ha criticado el paso de la Comisión: "La energía nuclear y el gas fósil no son energías verdes. Los residuos nucleares son un riesgo para las personas y el medio ambiente durante siglos. Y el gas crea cambio climático emitiendo CO2 y metano. Clasificar estas energías sucias como sostenibles es puro greenwashing de la Comisión Europeo y contradice el Green Deal europeo y el Acuerdo de París. Los Verdes europeos plantearemos cara dentro del Consejo y dentro del Parlamento para revertir esta propuesta tóxica e incoherente".