El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha pedido este miércoles en un comunicado que se reforme la ley contra la violencia de género. Su propuesta pasa por extender el concepto de violencia sobre la mujer a los supuestos que tienen lugar fuera del ámbito de la pareja o ex pareja, adecuando la legislación española al Convenio de Estambul.

En la actualidad, el capítulo 1 de la ley restringe su ámbito de actuación a las violencias que ocurren en las relaciones íntimas. Esta reforma, afirma el órgano, "permitiría perseguir de forma más efectiva, exhaustiva y profunda" la violencia sexual, incluida la que se comete contra menores de edad, ya que el Observatorio alerta de que la violencia hacia los niños y niñas supera con creces en número de estos delitos que se cometen contra mujeres adultas.

No es la única actuación que reclama el Observatorio de los jueces. Piden que esta reforma normativa vaya acompañada de otras medidas urgentes, como ampliar el número de juzgados especializado sobre la mujer, que verían ampliada su competencia a todos los nuevos delitos comprendidos en el ámbito de la violencia de género; que se elaboren perfiles de las víctimas menores más vulnerables para la detección precoz del riesgo; revisar protocolos escolares para una mejor detección de la violencia sexual sobre niñas y niños y mejorar la coordinación entre operadores jurídicos, médicos y centros escolares.

Asimismo, apuesta por la elaboración de planes de formación específicos para jueces y magistrados en materia de violencia sexual sobre menores de edad.​

Según un estudio del Tribunal Supremo, la violencia sexual cometida sobre niños y niñas, que representa el 70,9% de los casos analizados y en la que el Observatorio centra buena parte de sus conclusiones.

Debido a esta alta incidencia, los expertos consideran necesario realizar un estudio específico sobre las causas por las que un tercio de las agresiones sexuales sufridas por niños y niñas (33,6 %) son cometidas por alguien que pertenece al ámbito doméstico, por personas del entorno cercano de la víctima, bien progenitores, parejas de sus progenitores u otros familiares.

Lo califican de "dato preocupante" y que tiene serias "consecuencias emocionales y en el desarrollo de la personalidad del menor muy graves pues la persona sobre la que en principio debe recaer la tutela y protección del niño o niña es precisamente la que le agrede sexualmente".

Desde el pasado mes de octubre, el Ministerio de Igualdad prepara el proceso de reforma de la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Entre los principales motivos de la modificación de la norma, se encuentra la voluntad del Gobierno de blindar el pacto de Estado contra la violencia de género, asegurar su financiación futura y convertir este acuerdo en una cuestión de Estado. Entre las intenciones de Igualdad figuraba, además, la de modificar el artículo primero para ampliar el alcance de la ley a todas las violencias. Sin embargo, esta medida concreta tuvo la oposición del Partido Socialista, que acordó incluir cambios en la ley para reforzar las medidas del pacto, pero no a modificar el objeto de la ley.