La causa contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta concluye con un alegato del acusado

El juicio contra el español Daniel Sancho, de 29 años, por el supuesto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha concluido este jueves, un día antes de lo previsto, con un testigo más de la defensa y un alegato final del acusado.

El proceso, que ha durado casi un mes, terminó sobre las 20.00 horas en el Tribunal Provincial de Samui (Tailandia). El juicio contra Daniel Sancho se ha celebrado a puerta cerrada desde el pasado 9 de abril. El juez, cuya identidad es confidencial, ha fijado la fecha para la lectura de la sentencia completa el próximo 29 de agosto a las 10.00 de la mañana, según ha podido confirmar EFE.

Sancho ha sido el primero en declarar y ha respondido a las preguntas de la acusación, tras contestar la víspera a las de la defensa. El acusado ha podido hacer un alegato final de 45 minutos, solicitado por él mismo. Este miércoles, también han testificado el médico forense Manuel Carrillo, que tenía previsto ratificar un informe sobre la muerte de la víctima, y el psicólogo forense Pedro Mateo.

Sancho argumenta que actuó en defensa propia

El acusado ha argumentado que actuó en defensa propia ante las incisivas preguntas de la Fiscalía. Además, ha mantenido que Arrieta murió durante un forcejeo iniciado cuando el cirujano colombiano intentó agredirlo sexualmente. Sancho ha añadido que ha "sentido" la muerte de Arrieta y el dolor de su familia, pero que no se sentía "culpable" por las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos.

Daniel Sancho siente el dolor de la familia del fallecido, pero no se siente culpable

El fiscal, Jeerawat Sawatdichai, ha sido el principal encargado de interrogar este miércoles al acusado durante alrededor de tres horas. Ha cuestionado que Sancho no hubiera pedido ayuda si estaba en peligro o se marchara de la habitación de hotel en la isla tailandesa de Phangan (cercana a Samui), a la que el acusado llevó en motocicleta al colombiano el 2 de agosto, cuando ocurrió el suceso.

La coacusación, que representa a la familia de Arrieta, también ha participado en el interrogatorio y se ha centrado en el arrepentimiento y en la solicitud de indemnización al acusado. La Fiscalía imputa a Sancho tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cadáver, por el descuartizamiento de Arrieta, y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del cirujano.

El español se ha declarado hasta la fecha no culpable tanto del asesinato premeditado —que Tailandia castiga hasta con la pena de muerte, si bien apenas la aplica— como del delito de destrucción de documentación ajena, y ha aceptado únicamente el de ocultación del cadáver, cuyos restos fueron esparcidos por Phangan y el mar.

La familia de la víctima pide a Colombia que interceda

La familia de Arrieta ha pedido al Gobierno de Colombia que interceda para garantizar la independencia de la Justicia en el proceso. "Hemos pedido apoyo y acompañamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado de Colombia en Tailandia y a nuestras autoridades diplomáticas y confiamos (en que) se puedan pronunciar de carácter urgente sobre el requerimiento solicitado", ha expresado la familia en un comunicado.

La familia asegura que "confía en "la independencia judicial. Confía en las leyes y en que Tailandia es un país serio". Sin embargo, denuncia "por medio del abogado español Juan Ospina que la presencia de un diplomático extranjero en un juicio que es a puerta cerrada (...) puede significar un mensaje implícito que no nos gusta y que esperamos no condicione la resolución del Tribunal".

En ese sentido, la familia Arrieta ha apuntado que la petición de apoyo y acompañamiento hecha al Gobierno colombiano es "en pro de garantizar el principio de 'igualdad de armas', el cual consiste en que cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar su caso en condiciones que no lo pongan en desventaja con respecto a su oponente".

En concreto, la familia de la víctima ha solicitado la presencia de "un miembro consular (de Colombia) en el juicio o en su caso un pronunciamiento expreso por esta circunstancia donde se ha invertido el principio de 'igualdad de armas' antes mencionado".