El Ayuntamiento de Madrid ha presentado en el Tribunal de Cuentas una demanda contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y su entonces equipo de Gobierno municipal por la venta de inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere.

Los encargados de registrar la demanda serán la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras (que también preside la EMVS), y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

Según informa el Ayuntamiento, se trata de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal ha abierto con motivo de la venta de 1.860 viviendas protegidas de la EMVS al este fondo de inversión.

El actual equipo de Gobierno entiende que la operación supuso un posible perjuicio económico a las arcas municipales y se dirige contra la alcaldesa en el momento de la venta, Ana Botella, y todos los miembros de su Junta de Gobierno, junto al entonces consejero de la EMVS, Fermín Oslé.

Reapertura de la vía penal

Esta formulación de demanda se produce después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la venta de 1.860 viviendas a este fondo de inversión.

Esta decisión se produce tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de este año que sobreseía provisionalmente la causa.

Según el nuevo auto, el recurso incluía el informe de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Madrid del pasado mes de junio, que concluyó que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendió 1.860 pisos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado".

Lo hizo "sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", recoge el fallo.

Para los magistrados, de este informe "no puede predicarse la tacha de sospecha de partidismo" y, "aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante nuevos hechos", sí aporta "datos inexistentes" hasta ahora.

En sus antecedentes de hecho, los magistrados aseguran que "aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces", ahora resulta "imposible de mantener", por lo que han procedido a reabrir la causa.

Esgrimen como razones que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos).