Qusai, Marwan, Muhammad, Mustafa, Abdullah, Ibrahim… Así, hasta 73. Son las personas que murieron hace un año en la masacre del paso fronterizo de Barrio Chino, en Melilla, cuando trataban de acceder a nuestro país, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, una cifra que Amnistía Internacional eleva a más de un centenar, aunque algunas podrían estar en paradero desconocido. Todas fueron recordadas este mediodía en Madrid durante una concentración de la Caravana Abriendo Fronteras, que ha partido en bus este viernes a la ciudad autónoma para denunciar la "impunidad" del Estado español, de Marruecos y de la Unión Europea.

Antes de arrancar, también lo hicieron a una prudencial distancia del Congreso de los Diputados, donde la activista Mar Rodríguez afirmó que "las imágenes de la masacre de Melilla dejan claro que los responsables siguen impunes". Durante una rueda de prensa, la activista de la Caravana Abriendo Fronteras defendió la reapertura del caso, el derecho a migrar, el fin de las fronteras, la regularización extraordinaria, una política de acogida "digna", el respeto al derecho de asilo y a la Declaración de Ginebra, la suspensión de los acuerdos de deportación a terceros países y la disolución de Frontex y la OTAN.

"Volvemos a la Frontera Sur para denunciar la masacre realizada por la UE en Melilla", explicó Rodríguez, quien detalló el recorrido que seguirá la Caravana tras llegar a la ciudad autónoma: Málaga, donde protestarán ante una fábrica de concertinas; Motril y Salobreña, donde homenajearán a las víctimas de la Desbandá; Almería y Níjar, donde reclamarán que los migrantes se puedan empadronar; València, donde "gritaremos que se cierren todos los CIE"; Sagunt, donde protestarán contra "los barcos de la muerte" y la fabricación de armas en España; y Borriana, donde se encontrarán con tripulaciones que participan en rescates en el Mediterráneo.

Sarahi Boleko, presidenta de SOS Racismo Madrid, recordó que "las muertes en la frontera no han parado", sin que se haya depurado responsabilidades por la masacre de Melilla, empezando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien "no ha dado ninguna respuesta". También censuró el "racismo institucional del Estado español", lo que provoca que "estén en el punto de mira por ser personas racializadas y porque han decidido migrar"; una ley de extranjería "que nos mata y nos excluye de los derechos fundamentales", por lo que debería ser derogada; y el reciente naufragio en Grecia, que "no es un caso aislado", sino que responde a las "políticas deliberadas de exclusión de la UE".

Mónica Gortayre, del movimiento #RegularizaciónYa, aseguró que Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a personas sin papeles "sigue viva", después de recoger más de 700.000 firmas. Sin embargo, para que salga adelante, pidió el voto en las elecciones generales para los partidos que la apoyan y defienden los derechos humanos, "frente a las políticas del miedo y del odio" y a las consignas machistas, racistas y xenófobas. "Si no son para todos, no son derechos, sino privilegios", insistió Gortayre, quien exigió "verdad, justicia y reparación" para las víctimas de Melilla y demandó que "nadie muera más en nuestras fronteras".

La mexicana María Herrero Magdalena, madre de cuatro desaparecidos y creadora de la Red de Enlaces Nacionales (REN), lamentó el "baño de dolor y de sangre", criticó una industria armamentística "que destruye nuestras familias" y defendió los derechos de los migrantes: "Morenos y blancos, todos hermanos". Mientras que la jurista Adilia de las Mercedes afirmó que no hay refugiados de primera y de segunda categoría, por lo que reclamó el mismo tratamiento para todas las personas, algo que no ocurre con los migrantes subsaharianos respecto a los ucranianos o afganos.

Ella asesora a Basir, quien solicitó protección internacional en la Embajada de España tras ser devuelto en caliente a Marruecos cuando cruzó la valla de Melilla el 23 de junio del año pasado, donde se produjeron 23 muertes, según las cifras oficiales. Meses después de iniciar el proceso, se quejó la abogada, "sigue todavía condenado a vivir en la calle [...], víctima de las torturas de los Estados español y marroquí". Un caso, a su juicio, "paradigmático de racismo contra las personas negras", a las que según Adilia de las Mercedes se les niega el visado, lo que las fuerza a arriesgar su vida en la frontera o en el mar para poder entrar en nuestro país.

Finalmente, varios jóvenes subsaharianos desplegaron varias pancartas y uno de ellos pronunció un discurso en francés. Por si los presentes no le entendían, leyó cada uno de los lemas que portaban sus compañeros: "Luchar por mi vida es un delito", "2.957 muertes en 2022", "Violencia policial", "Las fronteras matan", "Discriminación múltiple" y "Nos jugamos la vida". Ante ellos, los organizadores también habían desplegado la suya: "Masacre de Melilla: Europa responsable".