De la crisis de Ceuta a la tragedia de Melilla: cómo se vulneran los derechos humanos en las fronteras españolas

Los años 2021 y 2022 están marcados en rojo en lo que se refiere a la gestión migratoria en las fronteras españolas. Durante el primero tuvo lugar la crisis fronteriza en Ceuta, cuando Marruecos permitió y alentó el cruce irregular de personas por los espigones del Tarajal. Entre 8.000 y 10.000 personas accedieron en poco más de 24 horas sin ningún control de los gendarmes alauitas. Tuvo que intervenir el Ejército y supuso el punto álgido de la crisis diplomática con el vecino del sur, que se saldó con el visto bueno de España al plan de autonomía que quiere Marruecos para el Sáhara Occidental ocupado.

En 2022, ya con la relaciones bilaterales restablecidas, se produjo la tragedia de Melilla que, para muchas organizaciones, fue una masacre. Al menos 23 personas murieron intentando cruzar el paso fronterizo de Barrio Chino, 470 fueron devueltas automáticamente a Nador, 300 refugiados están cumpliendo condena en cárceles marroquíes, hay más de 70 desaparecidos y más de mil fueron alejados forzosamente a cientos de kilómetros de la frontera.

En esta ocasión, la violenta actuación de las fuerzas marroquíes —y españolas— para contener al gran grupo de refugiados, la mayoría sudaneses, ha pasado a la historia como la mayor tragedia en una frontera terrestre española sin que haya tenido consecuencias penales ni políticas.

"Son las propias instituciones las que generan espacios de vulneración de derechos en las fronteras", dice el informe

Son las crisis más graves en materia migratoria que ha tenido que enfrentar este Gobierno, pero también son las que acumulan un mayor número de violaciones de los derechos humanos. Unas vulneraciones que "derivan directamente de la acción o inacción de los estados, ya que son estos los responsables de su control y de su gestión", recuerdan las organizaciones Iridia y Novat en su informe Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado español 2021 - 2022.

En este trabajo hace un recorrido por estas dos crisis, junto a la gestión de las llegadas a Canarias y al aumento en el flujo y la mortalidad en la ruta argelina hacia Balears y el Levante. Apunta que "no existen crisis migratorias sin la acción del estado que impide la movilidad de las personas". "Por tanto, son las propias instituciones las que generan espacios de vulneración de derechos en las fronteras [...] y afectaciones en la integridad física, psíquica y/o moral de las personas migrantes", denuncia.

Melilla, un caso "inaudito"

Respecto a los sucesos de Melilla, el informe los califica de "la violación de derechos humanos más grave en la que se ha visto envuelto el Estado español en la última década". Señala la falta de "respuestas institucionales española, marroquí y europea", sin "investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes".

Según denuncian las organizaciones, "las graves consecuencias del operativo policial coordinado entre ambas fuerzas de seguridad podrían ser constitutivas de delitos de lesiones, contra la integridad moral, prevaricación, omisión del deber de socorro o, incluso, homicidio imprudente". Consideran que "deben ser investigadas por un juzgado de instrucción" y ven "inaudito" que la Fiscalía no haya dado traslado de sus diligencias de investigación al Juzgado de Instrucción de Melilla. El Ministerio Público dio por cerrada su investigación al no apreciar indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas.

"Tanto en Ceuta como en Melilla se realizan devoluciones en caliente o sumarias sin un análisis individualizado de los casos y sin una correcta identificación de posibles perfiles vulnerables", asegura el informe.

Ceuta, la migración como arma política

Sobre la crisis de Ceuta, en mayo de 2021, el estudio señala, al igual que en la de Melilla, la normalización de estas "devolución sin garantías". Según el Gobierno, se llegó a retornar a unas 7.000 personas que había entrado irregularmente. "Se estaba devolviendo a la gente de manera indiscriminada, sin ningún criterio", relató un voluntario de la Cruz Roja que trabajó en la respuesta a la emergencia.

Un juzgado de Ceuta mantiene un proceso por prevaricación contra la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta ceutí

Las autoridades dijeron que se había habilitado un "pasillo humanitario" para todas las personas que quisieran regresar voluntariamente a Marruecos en los días posteriores. Pero, destaca el informe, "durante estos días también se devolvió a personas que ya estaban en Ceuta con anterioridad"  y habla de "prácticas de devoluciones excepcionales", muchas en "vehículos mediante engaño", no solo de marroquíes, sino de personas de terceros países.

Entre los ejemplos, reseñan el de una mujer embarazada tras salir del hospital, el de una familia con menores de edad, dos madres solas procedentes del Congo y solicitantes de protección internacional de Yemen. Meses después, se comenzó a devolver de manera ilegal a grupos de menores no acompañados que accedieron durante la crisis. Tras la denuncia de la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces se logró paralizar las expulsiones y un juzgado de Ceuta mantiene un procedimiento contra la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y la vicepresidenta de la ciudad por prevaricación.

Además, este caso ejemplifica a la perfección el uso de la migración "como arma de presión política de una agenda que va más allá de las migraciones". Aquella crisis mostró en su forma más gráfica y descarnada qué dice la letra pequeña del pacto tácito que convierte a Marruecos en gendarme oficioso de los flujos migratorios hacia España. Solo después de esta crisis, el Gobierno se avino a ver como la mejor opción para el conflicto del Sáhara ocupado por Marruecos el plan de Mohamed VI para considerar el territorio de la antigua colonia española una región de su reino con cierta autonomía, evitando así el referéndum de autodeterminación al que obliga la legalidad internacional y ampara Naciones Unidas.

Canarias, la ruta más mortífera

En paralelo, el Gobierno ha tenido que gestionar un aumento significativo de las llegadas de migrantes a Canarias, sobre todo desde 2020. Desde principios de 2023, gracias a la vuelta a la normalidad de las relaciones con Marruecos, las llegadas al archipiélago han descendido, aunque las vulneraciones de derechos se siguen produciendo, según Iridia y Novact.

Casi 7.700 personas han muerto en esta ruta en los últimos cinco años, según la organización Caminando Fronteras. Casi 1.800 solo en 2022, lo que supone el 75% de las muertes que se registran en las rutas hacia España.

Sin embargo, tras superar el Atlántico, el destino que les espera a los migrantes son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los Centros de Atención Temporal para Extranjeros (CATE, extensiones de las comisarías de Policía) y precarios recursos de acogida, como campamentos o naves industriales, espacios improvisados, mal acondicionados de los que ha habido numerosas quejas.

Ruta Argelina, férreo control

"En los últimos cinco años, la ruta de Levante se ha consolidado

como la segunda ruta de acceso al Estado español más mortífera después de la ruta canaria", sostiene el informe.

Se trata de la vía usada sobre todo por personas argelinas, y según Frontex, las llegadas se incrementaron en 2021, cuando se registraron 18.466 personas llegadas al Levante español y a Balears.

"El férreo control migratorio de la zona ha obligado a salir desde puntos cada vez más alejados de la península, aumentando la distancia y por tanto la peligrosidad del trayecto", enfatizan.

A esto se suma un aumento de la represión contra los migrantes en Marruecos y la instalación de vallas cada vez más difíciles de escalar, que "aumentan los riesgos para la integridad física y la vida de las personas migrantes".

El informe también señala la enorme inversión en tecnología de vigilancia en las fronteras, el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología biométrica para controlar las entrada y salidas de la población de terceros países. La próxima aplicación de esta tecnología "implicará el despliegue de controles de reconocimiento facial de las personas que atraviesen la frontera por vías regulares e irregulares" y facilitará la expulsión de personas en situación irregular.