CannabisEl fiscal mantiene la petición de 4 años de cárcel para la ‘Abuela Marihuana’

El fiscal ha mantenido este miércoles la petición de 4 años de prisión para Fernanda de la Figuera, de 76, la activista más veterana por la regularización del cannabis en España, acusada de un delito contra la salud pública por un cultivo de plantas de marihuana en 2014, en Málaga, que iba destinado a una asociación de mujeres con fines terapéuticos y medicinales. Varias decenas de personas llegadas de diferentes partes de España han apoyado a la Abuela Marihuana en una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

En la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 5, Fernanda de la Figuera ha asegurado que el producto de aquellas plantas nunca fue destinado a la venta, sino que simplemente las socias de la entidad denominada MaríasxMaría que lo consumían pagaban en cuotas su parte correspondiente por los gastos del cultivo.

Ella, según ha recalcado, lo hizo todo pensando siempre que estaba actuando dentro de la legalidad y con el fin de ayudar a otras personas que ya eran usuarias del cannabis, que, por su condición de mujeres, afrontaban, además, mayores riesgos para acceder al mercado negro y que padecían enfermedades para cuyas dolencias la marihuana constituía un paliativo natural.

En calidad de testigos declararon en el juicio varias mujeres que fueron socias de MaríasxMaría: una, enferma de cáncer, que explicó que consumía el cannabis con fines medicinales y que lo adquiría en la asociación, por lo que pagaba una parte correspondiente a los gastos de cultivo de las plantas, que era una cantidad pequeña. Otra mujer, con VIH y hepatitis, que subrayó que consumían la marihuana en el mismo local y que la asociación convocaba reuniones periódicas de los socios y una asamblea general cada año para abordar la marcha de la entidad; y una médico, con cáncer de mama, que señaló, como las anteriores, que pagaban una cuota como socias para sufragar los gastos del cultivo del cannabis que luego consumían en el mismo local de la asociación.

El fiscal, sin embargo, decidió mantener al final del juicio la petición de cuatro años de prisión para Fernanda de la Figuera, debido, entre otras motivaciones, al alto número de personas usuarias del cannabis que se cultivaba. A juicio del ministerio público, los beneficiarios eran un grupo cercano a las 200 personas y no se ejercía un control de forma hermética para evitar que la marihuana saliera del local de la asociación, lo que desbordó los límites de lo que se podría entender como un consumo compartido.

La defensa de la veterana activista, en cambio, considera que se trataba de un grupo reducido de personas usuarias, todas socias de una entidad, que consumían el cannabis en un lugar cerrado y en pequeñas cantidades. Además, el letrado apuntó que el pesaje de las plantas incautadas no había sido correcto y alegó un error de prohibición invencible, porque en un anterior juicio De la Figuera había sido absuelta con una mayor cantidad de cannabis intervenida, por lo cual pensaba que actuaba con total licitud.

Lectura de comunicado

Antes de comenzar el juicio, el presidente de Grupo de Acción para la Legalización del Cannabis en España (GALCE), Paco Mascaraque, leyó un comunicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia ante varias decenas de activistas llegados desde diferentes puntos de España en la llamada Marcha Verde de apoyo a Fernanda de la Figuera. “La situación legal del cannabis en España, tras casi un siglo de prohibición, es un fracaso y necesita urgentemente un viraje hacia unas políticas reguladoras que nos protejan a las personas usuarias para que dejemos de ser castigadas por usar o cultivar una planta que lleva usándose desde el principio de la humanidad”, dijo Mascaraque.

También estaba presente en la concentración el presidente de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya, Albert Tió, quien calificó el juicio como “un nuevo ataque del Estado al autocultivo para consumo propio o colectivo”. “Hacen falta agilizar los cambios legislativos para que esto deje de ser delito y pueda ser regulado de una manera aceptable para toda la sociedad”, añadió Tió.

La veterana activista también ha contado con el apoyo del Círculo Cannábico de Podemos y de los concejales del grupo municipal de Adelante Málaga en el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol (IU y Podemos), que ha tachado de “desproporcionada” la petición de condena que ha hecho el fiscal y que ha abogado por la despenalización del consumo y cultivo del cannabis con fines de autoconsumo y terapéuticos.

En el comunicado leído por el presidente de GALCE se exige que el próximo Gobierno de España “dé los pasos necesarios para la regulación total del uso, tenencia, cultivo, transporte y dispensación de cannabis”, lo que permitiría acabar, a su juicio, con injusticias como la que supone el hecho de que se concedan licencias a empresas multinacionales para cultivar cannabis en nuestro país mientras se persigue a las personas que hacen lo mismo, pero para su propio consumo.

Fernanda de la Figuera fundó en 1996 la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA), organizó en Córdoba en 1998 la Bella Flor, las primeras jornadas en España de cata, encuentro y formación sobre cannabis, y puso en marcha en Málaga MaríasxMaría, la entidad que se abastecía del cultivo que dio lugar al juicio al que ahora se enfrenta. En 1995 y 2010, ya había sido procesada en otras dos causas por los mismos motivos y en ambas fue absuelta.