Los canadienses exigen a España una indemnización millonaria por la mina de oro de Corcoesto

MADRID. -La minera canadiense Edgewater Exploration, la empresa que pretendía explotar la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Cabana de Bergatiños, Galicia), ha reclamado al Gobierno una indemnización después de que la Xunta declarase la caducidad de las concesiones.

La firma de Vancouver y su filial en España, Mineira de Corcoesto, entienden que la cancelación del proyecto es “manifiestamente ilegal”, acusa a España de “violar el derecho internacional” y amenaza con llevar el caso ante un tribunal de arbitraje.

“Corcoesto ha enviado hoy una notificación de controversia al Reino de España en virtud de los términos del tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá”, donde tiene su sede Corcoesto. “En caso de que España no ofrezca una pronta y completa compensación por la pérdida de la inversión y la oportunidad, Coscoesto proseguirá enérgicamente sus reclamaciones mediante el arbitraje internacional”, dice la empresa a través de un comunicado hecho público este jueves.

El Gobierno de Galicia, que aprobó en 2012 la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la firma, fue inicialmente uno de los principales impulsores del proyecto minero de Corcoesto. Frente a la fuerte contestación social, el propio presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, llegó a prometer 1.400 puestos de trabajo y se planteó, incluso, declararlo como un proyecto industrial estratégico.

Pero en un giro que sorprendió a muchos, la Xunta anunció a finales de 2013 que había comenzado los trámites para su cancelación porque carecía de la “solvencia financiera y técnica” requerida. Para seguir con la tramitación, la Xunta exigía a Edgewater multiplicar por 60 los fondos propios, alcanzando el 25% del total de la inversión prevista durante la vida útil de la mina o asociarse con una empresa española solvente.

En marzo de 2014 Feijóo dio carpetazo definitivo al proyecto y a principios de este año entró en vigor una nueva ley autonómica que modificó la normativa sobre minería y que permitió a la Xunta iniciar de oficio los trámites para declarar la caducidad de los derechos de explotación, que se hizo efectiva el septiembre pasado.

“Esta resolución de caducidad es un repudio apenas disimulado de los derechos de Corcoesto […] Tenemos la intención de tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestra inversión y los intereses de nuestros accionistas”, asegura el presidente y CEO de la compañía, George Salamis, que cifra las inversiones en 35 millones de dólares, entre la ingeniería, los estudios ambientales y de perforación.

Según la propia compañía, tanto esta como su filial gallega ya se han puesto en manos de Three Crowns LLP, una firma especializada en litigios de inversiones en el sector de los recursos naturales.

Edgewater había estimado extraer unas 30 toneladas de oro durante los ocho o nueve años de explotación. La cancelación del proyecto y la caducidad de los derechos ha sido considerado una victoria por parte de las plataformas y movimientos ciudadanos en contra, que protagonizaron sonadas manifestaciones y recursos. En conversación con este diario, la Conselleria de Industria de la Xunta aseguró no tener planes “por ahora” para retomar el proyecto, pero los opositores temen que otras empresas estén interesadas.