Hace más de un año y medio que la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) se propuso llevar un barco de rescate de migrantes al Mediterráneo Central. Tras un largo proceso de reformas, financiado con donativos privados y una alta aportación del Gobierno vasco, convirtieron un antiguo atunero en un buque humanitario que ha sido sometido a exigentes inspecciones por parte de la Marina Mercante. Sin embarco, pese a llevar un año preparado para su labor, el Aita Mari sigue fondeado en el puerto de Pasaia (Guipúzcoa), esperando un despacho de la Dirección General de la Marina Mercante que les está costando una larga batalla administrativa.

"Hace un año que terminamos las reformas. En septiembre del año pasado hicimos una primera ruta de prueba y ahí empezaron los problemas", explica Íñigo Gutiérrez, vicepresidente de la organización. "Primero fueron las certificaciones de navegación, que nos retrasaron de septiembre de 2018 a enero de 2019. Nos costó muchísimo conseguirlos. Después pedimos un despacho en la Capitanía General de Pasaia para operaciones de observación, vigilancia y recogida de náufragos en el Mediterráneo central. Nos lo denegaron taxativamente", recuerda Gutiérrez.

Tras un sinfín de recursos, respuestas, exigencias y condiciones, el barco sigue sin autorización para navegar, lo que ha llevado a SMH ha denunciar en una rueda de prensta este miércoles en San Sebastián lo que consideran un bloqueo deliberado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, quizás para evitar situaciones como la vivida este agosto por el Open Arms o hace más de un año con el Aquarius. El presidente de la SMH, Íñigo Mijangos, ha acusado al Ejecutivo adoptar "medidas activas para evitar la asistencia humanitaria en el Mediterráneo" y de "entorpecer constantemente la acción humanitaria del Aita Mari"

Los dirigentes de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (i-d) Iñigo Gutiérrez, Izaskun Arriaran, Iñigo Mijangos y Amaia Martínez, han ofrecido una rueda de prensa este miércoles en San Sebastián para denunciar el "bloqueo" del Aita Mari en el Puerto de Pasaia. EFE/Javier Etxezarreta

La primera solicitud fue denegada en enero, alegando que las intenciones del Aita Mari vulneraban varios convenios internacionales y de seguridad. "Ante el cierre de puertos italianos y malteses, el Gobierno afirmaba que no era seguro para los rescatados tener que navegar durante varios días con nosotros hasta un puerto seguro. ¿Es más seguro dejarlos en un bote hinchable en medio del mar?", se pregunta Gutiérrez.

Tras los recursos de la ONG, la denegación fue suspendida cautelarmente, pero después "empezaron a poner condiciones imposibles", afirma Gutiérrez. "La propia Autoridad Marítima ha tenido que reconocer que el Aita Mari es un barco de rescate y que tiene todas las certificaciones para llevar a cabo esa acción", explican. Sin embargo, "ahora nos exigen un acuerdo previo de desembarco con las autoridades italianas y maltesas. Algo que saben que imposible de conseguir. Hasta el Defensor del Pueblo nos ha dado la razón en esto", denuncia Gutiérrez.

Pese a todo, la ONG ha entregado sendos escritos de las autoridades italianas y maltesas que reconocen que cumplirán con sus obligaciones de coordinar y facilitar el desembarco en el menor plazo posible de las personas asistidas siempre que se realice bajo su coordinación, "pero esto no parece ser suficiente", lamentan, e inciden en que, tras el principio de acuerdo entre Alemania, Francia, Italia y Malta para una sistema de desembarco de migrantes rescatados y su reparto entre los Estados europeos, esta "perversa petición" ya no tendría mucho sentido.

El pasado viernes, el director General de Marina Mercante pidió más información sobre las intenciones del Aita Mari, "deslizando la posibilidad de que fuéramos a cometer actividades delictivas", critica Gutiérrez, que denuncia que este jueves hará 15 días desde que solicitaron un nuevo despacho.  "La Capitanía General de Pasaia ha tardado siete días laborables en hacer esta petición y lo ha hecho un viernes a las 13:50 horas. Es un procedimiento que suele llevar unas pocas horas. Es evidente que quieren retrasar todo y hacernos perder tiempo", denuncia.

Se plantean denunciar el Gobierno por prevaricación

Convencidos de la intención del Gobierno de dificultar su misión, la ONG afirma que ha recurrido siguiendo todos los pasos para agotar esta vía administrativa. "No queremos que nos digan que no dimos todos los pasos si, en el futuro, decidimos denunciar la situación por la vía penal", advierte Gutiérrez. Según SMH, la dilación no se basan en motivos reales y el Gobierno podría estar incurriendo en prevaricación.

"Es incomprensible, tiene que ser una obcecación casi personal contra las ONG de rescate", sostiene Gutiérrez. Temen que la repetición de elecciones sirva de excusa para retrasar aún más su salida hacia el Mediterráneo, aunque advierten: "Si quieren que hagamos ruido durante la campaña electoral, lo vamos a hacer. Son más de 1.300 las personas que han muerto en el Mediterráneo mientras nosotros estamos esperando el permiso", zanja.