Ofrecido por ajuntament de barcelona
Barcelona sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción municipal
Con el Pla Viure, el consistorio barcelonés busca facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía. El objetivo es conseguir un parque público de vivienda que se acerque a la media europea, algo que requiere de la corresponsabilidad público-privada.
CP
Durante los últimos años, la lucha contra el cambio climático ha copado titulares en los diarios día sí, día también, pero hay una emergencia, quizás más silenciada, que también requiere que todos los actores implicados, públicos y privados, tomen cartas en el asunto. Se trata de asegurar el derecho a la vivienda, un derecho que, dado el precio desorbitado actual de los pisos, hace que cada vez haya más barceloneses y barcelonesas que no puedan acceder a una vivienda, una situación que también se extiende al resto de Catalunya. Y es que esta emergencia ha originado la identificación y declaración de zonas de mercado tensionado, lugares donde tanto los precios de alquiler como los de compra están fuera del alcance de la mayoría de la población. En concreto, el año pasado, 140 municipios catalanes, incluido el conjunto de la ciudad de Barcelona, fueron declarados como zona de mercado tensionado.
En 2023, 140 municipios catalanes, incluido el conjunto de la ciudad de Barcelona, fueron declarados como zona de mercado tensionado
Contexto viable
Para hacer frente a esta situación, el Ajuntament de Barcelona impulsa el Pla Viure, a través del que promueve las políticas de vivienda de la ciudad. Busca hacerlo, además, priorizando los ejes de universalizar el derecho a la vivienda, la rehabilitación y mejora de las viviendas aplicando criterios de sostenibilidad, accesibilidad, inclusión y confort, y la atención a la vulnerabilidad y a los estadios vitales. En este sentido, uno de los principales retos y, a la vez, prioridades, es cumplir con el derecho constitucional y estatuario a una vivienda digna.
La nueva licitación quiere avanzar en la construcción de un servicio público de vivienda a la altura de las mejores prácticas de otras ciudades europeas
El fin último, aseguran desde el ayuntamiento de la ciudad condal, es garantizar la función social de la vivienda y avanzar en la construcción de un sistema público de vivienda a la altura de las mejores prácticas de otras ciudades europeas, algo para lo que Barcelona cuenta con un contexto viable, puesto que dispone de una sociedad civil organizada a través de todo tipo de operadores de vivienda en alquiler y alquiler protegido. En este marco, el Ajuntament de Barcelona hace una licitación pública para la construcción y la gestión de 350 viviendas en régimen de alquiler social.
El renovado rol del adjudicatario
La nueva licitación municipal en materia de vivienda contempla la transmisión y constitución de un derecho de superficie a favor de las adjudicatarias por un periodo de 75 años, prorrogable hasta un máximo de 90 años. Cabe recordar que el derecho de superficie es un derecho limitado de la propiedad del inmueble, independientemente del suelo, mediante el que una persona física o jurídica mantiene el derecho limitado sobre el inmueble construido durante un tiempo determinado (en este caso, 75 años, ampliables a 90). Transcurrido este periodo, la propiedad del inmueble vuelve a la persona física o jurídica del suelo donde se construyó. En resumen, se trata de facilitar el derecho a la vivienda asegurando que el suelo se mantiene como propiedad pública.
Mediante esta licitación, el consistorio barcelonés procede a la transmisión onerosa de tres solares municipales, donde el adjudicatario se comprometerá a la promoción, construcción y gestión de vivienda protegida en régimen de alquiler social. Que el trato se haga a través de una transmisión onerosa significa que, como contrapartida, el adjudicatario deberá pagar un canon a partir del momento de la amortización de la financiación bancaria para la construcción, el cual no podrá sobrepasar en ningún caso los 25 años. Pueden optar a este renovado régimen de propiedad y, por tanto, ser adjudicatarias, las entidades privadas con o sin ánimo de lucro.
Principio de corresponsabilidad
La corresponsabilidad se concreta en la implicación de todos los agentes sociales y económicos del sector para trabajar de manera más intensa y eficaz las actuaciones destinadas a facilitar el acceso de los barceloneses y las barcelonesas a una vivienda asequible; así como en un conjunto de medidas que buscan herramientas de colaboración activas en materia de vivienda entre el sector público y la iniciativa privada, favoreciendo la eficiencia y la agilidad en la construcción de vivienda asequible, el aumento de la disponibilidad de este tipo de vivienda social y la gestión del mismo.
En el caso de la licitación que nos ocupa, la fórmula será de tipo oneroso, es decir, el ayuntamiento hará la transmisión del derecho a superficie para la construcción y gestión de las viviendas en régimen de alquiler protegido y, a cambio, el licitador asumirá (como avanzábamos antes) el pago de un canon por metro cuadrado construido. Este canon se fijará a través de la oferta pública de los participantes y su precio final será revisable de acuerdo con el IPC que fija el INE, de acuerdo a los índices para el conjunto estatal.
Calidad, inclusión, sostenibilidad y circularidad
Los solares objetos de la licitación y que saldrán a concurso se ubican en los distritos de Sant Martí y Sants-Montjuïc. En el primero, concretamente en la calle Llull número 355, saldrán a concurso 240 viviendas, mientras que en Sants-Montjuïc, en el barrio de la Marina del Prat Vermell, se prevén 43 viviendas sociales en la calle Acer número 2 y otras 68 en la calle Ascó número 17. Cabe señalar que todas ellas deberán cumplir unos objetivos en términos de calidad arquitectónica, inclusión, inserción en la ciudad, industrialización y sostenibilidad.
Mediante la licitación, se procederá a la construcción y gestión de 350 viviendas de alquiler social en los distritos de Sant Martí y Sants-Montjuïc
Así, respecto a la calidad arquitectónica, a los espacios interiores de los pisos, especialmente los de día -cocina, comedor y terraza- habrá que dotarlos de las máximas continuidad y amplitud posibles. Los espacios deberán priorizar asimismo el soleamiento, la ventilación, las vistas y la privacidad, así como promover que los espacios comunes y de circulación sean amplios y estén ventilados e iluminados. La inclusión, la seguridad, la accesibilidad y las relaciones con el exterior también serán prioridades, sobre todo en lo que respecta al espacio de cocina, que será diseñado de acuerdo a los criterios de género e inclusión, y los espacios comunes, en los que se tendrá que garantizar el acceso universal y evitar los rincones inseguros.
Para poder cumplir con las directrices de planeamiento, los proyectos deberán representar su papel volumétrico, compositivo y estilístico dentro del conjunto de la ciudad, así como tender hacia una construcción industrializada, en la que el máximo número de componentes posible sean prefabricados en taller, lo que permite reducir la cantidad de residuos y el tiempo de ejecución de las obras. Respecto a la sostenibilidad, las promociones resultantes de este parque de viviendas deberán aplicar unos criterios basados en la reducción de la huella de carbono y en la eficiencia energética. En este sentido, se especificará el cálculo de un umbral de emisiones y se potenciarán los sistemas pasivos para reducir la demanda energética. Por último, en referencia a la circularidad, será necesario prever la durabilidad de cada uno de los componentes del edificio.
El precio de alquiler de los pisos resultantes no podrá superar en ningún caso los 10,36 euros por metro cuadrado, precio máximo establecido en el módulo A (ciudad de Barcelona) correspondiente del régimen general de vivienda de protección oficial (VPO).