"Aquí se mueve mucho dinero", afirma sobre el banco público de sangre en Canarias el representante de Comisiones Obreras Pedro Costeras. Ese es el epicentro de los problemas en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), el dinero. También el poder.

A pesar de ser un organismo público autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, sus trabajadores no son reconocidos como funcionarios y sufren un alto porcentaje de temporalidad. A esto se le suman los varios intentos del Ejecutivo canario de convertir la institución en una entidad público-empresarial en esta legislatura.

Felipe González acababa el primer Gobierno socialista de la democracia española cuando en Canarias se fundó el ICHH, el único del archipiélago. Las bases de su creación se recogen en la ley 11/1986. En ella se decidió que el organismo público tendría personal laboral propio, pero que, además, podría contar con el personal dependiente de la administración de la comunidad autónoma.

Ambos grupos se acogen al mismo convenio, el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral del archipiélago. Desde entonces, el acceso al Instituto se decide por concurso público y los salarios se dan por negociación colectiva.
Este doble rasero en las contrataciones genera problemas entre los trabajadores del ICHH. Más aún desde que el Gobierno de Canarias y la dirección del Instituto Canario de Hemodonación hacen una apuesta clara por convertir al organismo público en una entidad pública empresarial, lo que los trabajadores denuncian como un "proceso de privatización encubierta".

Hasta la fecha, el Instituto cuenta con una cuenta comercial propia que ronda los 16 millones de euros en transacciones comerciales relacionadas con la compra y venta de hemoderivados. "Solo quieren crear un chiringuito político del que sacar rédito", sentencia el portavoz del Comité de Huelga del Instituto, Daniel Quintero.

En la actualidad, el Instituto gestiona la extracción, almacenamiento y distribución de la sangre. Además, sirve de intermediaria entre los donantes y la única empresa encargada de la gestión del plasma en España, la multinacional catalana Grifols. "No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes", señala Quintero.

Debido a los problemas de temporalidad en los contratos laborales del sector público en España, el Gobierno nacional presentó en diciembre de 2021 una ley para estabilizar a los trabajadores públicos y disminuir la temporalidad. Cada comunidad autónoma se adaptó a la ley, pero Canarias dejó a los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación al margen. El proceso de estabilización excluía el 95% de las plazas del ICHH. La negativa para mejorar su situación les llevó a encabezar una huelga indefinida.

La contradicción de un organismo público e independiente que contrata su propio personal bajo el derecho privado ha perseguido a sus trabajadores hasta la actualidad. En el Instituto reina la temporalidad. En torno al 75% de los empleados cuenta con contratos temporales en todo el archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife el 99% de la plantilla del ICHH está afectada por la temporalidad.

Negociaciones sin puerto fijo con Sanidad

El 1 de julio de 2022, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, firmó un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga del Instituto y con el representante de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. En el documento, al que ha tenido acceso Público, Trujillo se comprometió a analizar la posibilidad de adaptar el Instituto a un régimen jurídico dentro de la Consejería o del Servicio Canario de Salud, como ocurre en otros sectores sanitarios, lo que excluiría la creación de una entidad público-empresarial.

Al mismo tiempo, para analizar esa vía el consejero se comprometió a mantener reuniones con los representantes del Comité de Huelga para encontrar el régimen jurídico que corresponda "más fielmente" a la naturaleza, características y funcionamiento del ICHH.

El acuerdo tenía como prioridad velar por la unidad de la institución, mantener las condiciones laborales de la plantilla y extinguir la figura de "personal propio" dentro del Instituto, para que así todos los trabajadores pasasen a formar parte del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A raíz de su firma, los trabajadores apaciguaron la lucha. En este acuerdo, el Gobierno se comprometía a llegar a una solución común antes de septiembre de 2022. Sin embargo, el tratado no sólo se incumplió, sino que además devolvió a los trabajadores a las huelgas iniciadas antes de firmarlo.

"Lo que más nos preocupa es el carácter mercantil que se daría a la sangre", cuestiona Daniel Quintero. "Ahora para nosotros lo importante son los donantes y los pacientes, pero para una empresa lo importante es el beneficio económico", reflexiona.

Por su parte, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) insiste en que "en España la donación de sangre es un acto voluntario, altruista y no remunerado y está prohibido cualquier comercio con la sangre y sus derivados, no se paga la donación ni se cobra por ella". Sin embargo, el proceso de tratamiento de la sangre y las transacciones sobre los hemoderivados no son gratuitos.

El negocio de los hemoderivados

En la actualidad, la situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org contra "la privatización del banco de sangre canario". 

La sangre se compone en su mayoría de plasma, pero también de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La definición es sencilla: se conoce como hemoderivado a cualquier sustancia que deriva de la sangre. Sin embargo, el negocio de la sangre donada va más allá de su mero uso para transfusiones a pacientes enfermos. Los derivados del plasma se utilizan para la creación de medicamentos y están altamente cotizados en el mercado.

El conflicto ha crecido. Comisiones Obreras Canarias presentó una demanda de impugnación el pasado 19 de julio contra dos decretos publicados por el Gobierno de Canarias y una resolución del ICHH. La denuncia dirigida al Ejecutivo regional señala a los dos decretos para la estabilización de plazas que fueron publicados en mayo de 2022 en los que el Gobierno canario excluyó a los trabajadores del banco de sangre.

También está en el foco de la denuncia la resolución del ICHH para estabilizar las plazas del organismo autónomo como si fuera una entidad pública empresarial sin dar la opción de estabilizarse como funcionarios. El sindicato también prevé presentar una demanda administrativa.

El 27 de mayo de 2022, la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), María Teresa Gutiérrez, intentó estabilizar a los empleados del Instituto a través de un convenio propio de empresas público-empresariales. Desde el Comité de Huelga ven esto como parte del proceso "de externalización" del servicio.

La denuncia presentada por Comisiones Obreras pide la nulidad de la resolución del ICHH y la modificación de los decretos presentados por el Ejecutivo regional. De esta manera, se pretende que los trabajadores y trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación continúen rigiéndose por el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Comunidad Autónoma.

El intento fallido

Para entender la situación actual hay que remontarse tres años atrás. Ángel Victor Torres acababa de convertirse en presidente del Gobierno de Canarias y trabajaba en los primeros presupuestos de su Ejecutivo para el ejercicio de 2020. El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales de Canarias se elaboró en octubre de 2019 y fue recibido como una bofetada por los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).

Para su sorpresa, el Ejecutivo socialista había propuesto el cambio de personalidad jurídica del instituto. Esto suponía una nueva manera jurídica de entender el servicio, de tratar la sangre de los donantes y de regir a los trabajadores.

El Gobierno de Canarias utilizó el borrador de los presupuestos para el ejercicio de 2020 para modificar la ley 11/1986, de creación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Comisiones Obreras y los Comités de Huelga del Instituto pidieron una reunión urgente con la dirección del ICHH y con la secretaría técnica de la Consejería de Sanidad.

Ya entonces, el actual Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) denunció "un intento de externalización encubierta". "Fue un intento bastante franco y claro de cambiar el organismo autónomo para convertirlo en una entidad público empresarial", añade en declaraciones a Público su portavoz Daniel Quintero.

En ese momento, las reivindicaciones de los trabajadores del ICHH y el apoyo de Comisiones Obreras sirvieron para disuadir al Gobierno e impedir este cambio. Por su parte, el Instituto insiste en que "es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera".

Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, también sus trabajadores. La dependencia económica de un organismo autónomo se da de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que una entidad pública empresarial se financia a sí misma, puede negociar con su producto.

Desde Comisiones Obreras se cuestionó el uso de una ley presupuestaria para modificar aspectos que no tenían relación con materia de gastos e ingresos. Al mismo tiempo, el sindicato acusó al Gobierno de "sembrar inseguridad jurídica y hurtar al debate público y parlamentario asuntos que merecerían un tratamiento específico y una tramitación ordinaria", recoge el texto enviado por el citado sindicato al Gabinete Técnico de la Consejería de Sanidad.

Se desconocían los motivos expuestos del Gobierno para promover este cambio, si existió un debate previo y si había informes preceptivos de los organismos vinculados al instituto.

Un acuerdo, a espera de la resolución judicial

A contrarreloj, tras meses de negociaciones y una huelga indefinida, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Administración del ICHH firmó un acuerdo conjunto con su presidenta, Teresa Gutiérrez Izquierdo, y con los representantes sindicales de los dos comités de la empresa en las dos provincias canarias. Este avance permitió dar paso a las bases de las convocatorias públicas para las 136 plazas de personal laboral en proceso de estabilización.

"Sí, firmamos ese acuerdo, pero hay que tener en cuenta que negamos la mayor y que esperamos una respuesta de los tribunales", afirma el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. "La firma del acuerdo no implica que estemos conformes, solo nos preparamos para el supuesto en el que los juzgados no nos den la razón", continúa.

Tras varios intentos de reflejar el testimonio de Sanidad, desde la Consejería niegan que exista un proceso de privatización del Instituto, también que exista una huelga entre los trabajadores. Por su parte, el Instituto también ha declinado la petición de esta redacción para hablar con un representante e insiste en que el organismo "es y seguirá siendo de carácter público".